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Mientras los socios principales
pasan en limpio cómo están las cosas en el Mercosur, los entendidos en
el tema --incluidas la diputada oficialista Beatriz Nofal y la secretaria
de Industria, Débora Giorgi-- recomiendan proteger de algún modo a los
sectores industriales más afectados por las asimetrías económicas entre
las dos naciones.
Federico Poli, economista de la
UIA, asegura que los tratados de Asunción y de Ouro Preto permiten
imponer salvaguardas intra Mercosur, si la competencia de un país resulta
muy lesiva para el otro. En esto también coincide el ex funcionario
justicialista Alejandro Mayoral, quien recomienda restringir el ingreso de
productos subsidiados por Brasil. La propia Giorgi ayer sostuvo que el
Gobierno estudia amparar a los sectores más vulnerables a esa
competencia, del mismo modo que Nofal recomienda ayudar "en el corto
plazo a los más sensibles".
Otro punto de vista común es
que, para que esta protección pueda ser planteada como un recurso
transitorio y no fulmine la conformación del bloque, los gobiernos tienen
que avanzar, simultáneamente, en la coordinación macroeconómica,
emparentando sus políticas cambiarias y fiscales. Esto evitaría, entre
otros males, la guerra de subsidios esbozada por la reciente decisión de
Córdoba de darle una serie de prerrogativas fiscales a Volkswagen para
que invierta en la provincia. Es lo que el consultor Raúl Ochoa describe
como una "respuesta individual, por la falta de políticas activas de
parte del Gobierno nacional".
En realidad, los subsidios para
atraer inversiones son un problema en ambos lados de la frontera. Para
Brasil, porque al ser facultad de cada estado, las subvenciones generan
competencia dentro del propio país. En el caso de la Argentina, porque no
está en condiciones de resignar recaudación y porque, hasta el momento,
las preferencias fiscales fueron otorgadas a empresas individuales (una
automotriz, en Córdoba, o una productora de jeringas, en Buenos Aires),
con el riesgo de generar una catarata de demandas de parte de otras
empresas que estén en situación semejante.
Nofal tiene una solución in
mente, que suena casi utópica: sancionar en ambos países una ley de
desarrollo regional que paute cómo y dónde pueden subsidiar los socios
del bloque.
Machinea sugirió que, en caso
de que los problemas bilaterales resultaran insalvables, el Mercosur podría
limitarse a ser una zona de libre comercio, lo que daría a sus socios la
libertad de definir la política arancelaria, al menos en relación con
otros países que no integran el bloque económico. Pero tampoco este
parece un camino transitable. En primer lugar, para hacer esa reconversión habría que redefinir el Tratado de Asunción, que sentó las bases para una unión aduanera. Aun en el caso de que esto fuese viable, tampoco soluciona la disputa de inversiones y competencia de productos que existen en el interior del bloque. Finalmente, hay escollos políticos. De la Rúa y Cardoso deberían asumir el costo de anunciar la degradación de un bloque que logró inquietar a los Estados Unidos. Y semejante decisión también significaría dar marcha atrás en las negociaciones con la Unión Europea, cuyo encargado de los temas agrícolas llega a Buenos Aires el 3 de abril. Consciente de esto, Giorgi ayer aclaró que la intención oficial es "profundizar" y "reconvertir" el Mercosur, no diluirlo.
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