Por Miguel Bonasso
Funcionarios
de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) revelaron a Página/12 que
se está investigando la posible comisión de graves irregularidades
durante la gestión de Hugo Franco en esa dependencia. Franco estuvo a
cargo de Migraciones desde 1995 hasta el 10 de diciembre último en que se
hizo cargo de la DNM el radical Angel Roig, ex legislador y ex intendente
de Mar del Plata durante dos períodos. La nueva administración ha puesto
la lupa sobre tres aspectos principales: 1) contrataciones directas de
obras y servicios que suman millones de dólares y parecen prima facie
notoriamente sobrevaluadas con respecto a los valores de mercado; 2)
contratos de personal con estipendios que exceden holgadamente los
salarios tradicionales (por ejemplo: dos secretarias privadas con sueldos
mensuales de 4320 pesos cada una); contratos a personas que trabajaban en
la empresa privada de Franco, Deceit S.A. y 3) posibles irregularidades en
la admisión al país de inmigrantes orientales (chinos, coreanos, etc.).
Aunque las investigaciones se manejan por ahora en un marco de gran
discreción, trascendió que ya fue suspendido y sumariado el jefe de
personal de la dirección, Pedro Rivas, un capitán retirado de la Armada,
a quien se vincula con Emilio Massera y la represión clandestina en la
ESMA. La pesquisa, admiten las fuentes, no es fácil: faltan documentos y
registros de años anteriores a la descentralización de la DNM que
deberían encontrarse en los archivos del Ministerio del Interior. Por si
fuera poco, un curioso virus informático borró el inventario del
mobiliario que, según los memoriosos, incluía valiosos muebles de
madera.
El 22 de diciembre último, cuando Angel Roig tomó posesión del
confortable despacho que le había legado Hugo Franco en las cercanías
del Hotel de Inmigrantes, se encontró con algunas desagradables
sorpresas, como los contratos transitorios de personal, que sumaban 520
mil pesos. Para no cometer injusticias, los prorrogó hasta fines de
febrero y, después de una evaluación, procedió a una depuración que
redujo el costo total a $180.000. En ese período y contrariando la línea
del nuevo director, el jefe de Personal Rivas hizo dos nombramientos sin
autorización de Roig, que le valieron ser suspendido y sumariado.
En tiempos de Franco, el marino ya había contratado a varios miembros de
su familia: por lo menos a su esposa, María Elisa Fluguerto Martí, su
hijo Ignacio y sus sobrinas Milagros Lira y María del Carmen Rivas.
Fuentes de la propia DNM y ajenas a esa dependencia coinciden en sindicar
a Rivas como ex represor de la ESMA. En los archivos del CELS, en los
testimonios de dos ex desaparecidos que estuvieron en la Escuela de
Mecánica de la Armada y en el libro del periodista Alipio Paoletti Como
los nazis, como en Vietnam figura un oficial del Servicio de Informaciones
Navales (SIN) de apellido Rivas que participó en interrogatorios
clandestinos y sesiones de tortura. Pero no se menciona el nombre de pila
y otros datos de filiación que permitan aseverar que se trata de la misma
persona.
En la documentación sometida a investigación figura una denuncia
revelando otros datos sugestivos, como la contratación en la DNM (entre
el 1º de enero y el 31 de mayo de 1996) de algunas personas que
trabajaban en Deceit S.A., la empresa privada de Franco, ubicada en
Venezuela 1823 de esta Capital. Entre otras, la de la síndica titular de
Deceit S.A., María Sara Drago Barrios, y la de la síndica suplente
Adriana Colombo. Cada una habría percibido �una interesante
contraprestación� de 3640 pesos por mes. También se menciona, aunque
con ingresos mucho menores, a Fernando Sapia, Fernando Rodríguez, la hija
del chofer de Franco que �fue chofer de Massera�, (Liliana Sisi) y
Antonio Nicolás Capella, el hijo del piloto que conduce el avión privado
de Hugo Franco.
En varios casos la denuncia acompaña listados oficiales. Según este
informe, las contrataciones de personal de Deceit S.A. sumaron en
sumomento 21.060 pesos mensuales, de los cuales �$11.280 (estuvieron)
destinados a personas que no prestan servicio alguno en la Dirección
Nacional de Migraciones�. El caso más significativo sería el de
Patricio Ramiro Bustos, que se desempeña actualmente como director
informático de la DNM con un ingreso de cinco mil pesos mensuales. Bustos
�según lo señaló oportunamente este diario� tuvo una participación
destacada en la adjudicación a la empresa Siemens del cuestionado
contrato para fabricar los nuevos DNI.
Deceit S.A. fue creada por Hugo Franco, en sociedad con el ex gobernador
de Santa Fe José María Vernet, el 15 de octubre de 1979. El Tati Vernet
actuó posteriormente como asesor de Franco en la Dirección Nacional de
Migraciones e intervino en la protocolización de algunos contratos que
están bajo análisis de las nuevas autoridades.
El tema central de la investigación es el de las contrataciones directas
que podría sumar varios millones de dólares. Un primer análisis de la
documentación existente sugiere a los investigadores que, para burlar la
legislación que obliga al concurso de precios por trabajos o servicios
que superan los 50 mil pesos, los proveedores habrían dividido el monto
de su prestación en varias facturas escalonadas ligeramente inferiores al
tope que marca la ley.
Posible fraude al que vendría a sumarse el sobreprecio de ciertos
trabajos que, en el caso del reacondicionamiento del Edificio Número 5 de
la DNM (Expediente Ministerio del Interior/Dirección Nacional de
Migraciones Nro. 759.913/95), podría superar el 570 por ciento del valor
de mercado. La obra, consistente en limpieza y pintura exterior, costó
62.315 pesos, lo que equivale a 52 pesos por cada metro cuadrado de pared.
Cotejando ese costo con los precios publicados por la revista Vivienda
(número 399 de octubre de 1995) resulta que, sumando pintura con látex
acrílico (imprimación y tres capas de pintura), más lavado a vapor, el
costo del metro cuadrado apenas asciende a $8.25, lo que hubiera arrojado
un total de 9900 pesos, en lugar de los 62.315 que se pagaron.
Según la denuncia a la que se hizo referencia antes, hay otros ejemplos:
el reacondicionamiento del edificio ex garage y los edificios 2,4 y 5
sumó 1.888.760 pesos, monto que los denunciantes juzgan �desmesurado�
porque lo pagado por la DNM �por tareas de limpieza y pintura,
reparación de baños, aperturas y pisos�, equivaldría �al 50% del
valor de edificios totalmente nuevos�. En el caso del edificio número
4, en el que se estimó una erogación de 400.000 pesos, que luego fue de
298.850, una solicitud de contratación de servicios firmada por Hugo
Franco justifica la contratación directa, sin licitación, debido al �total
estado de abandono en que se encuentra�. La solicitud plantea que la
erogación �se podría efectuar mediante una contratación encuadrada en
el artículo 56, 3, a) de la Ley de Contabilidad�.
Se analiza asimismo la compra de mobiliario (Expediente Nro. 761.6324/95)
que sumó 350.000 pesos, con un sobreprecio estimado del 150 por ciento. Y
se subraya el caso de la empresa constructora Ingevama S.A., que
participó en las obras de reacondicionamiento. La firma, según consta en
el Boletín Oficial del 16 de marzo de 1995, se constituyó dos meses
después de que Hugo Franco se hiciera cargo de la Dirección Nacional de
Migraciones, con un capital social de apenas 12.000 pesos, efectivamente
integrado con 3000 pesos.
En la intrincada maraña de papeles que analizan las nuevas autoridades,
hay otros datos que, aunque menores, resultarían demostrativos de un modo
de administrar que lejos de proteger el erario favorecía el despilfarro
y, posiblemente, la corruptela generalizada. Así lo van mostrando los
papeles: como la factura de una empresa de catering que cobró 9500 pesos
por los alimentos y bebidas para una recepción de relaciones públicas (�enla
que se hubiera podido quedar muy bien con los invitados con dos o tres
cajones de botellas de vino y unos sandwiches de miga�).
Pero el área más oscura y difícil de investigar es la del posible
tráfico de inmigrantes ilegales (tanto de los países fronterizos como
del Extremo Oriente). Existen en este ramo organizaciones mafiosas,
empresas que contratan trabajo semiesclavo, gestores que ayudan a los
desdichados que llegan al país como �empresarios� y en realidad van a
trabajar (con suerte) como lavacopas o los falsos tripulantes de las
factorías pesqueras coreanas que en realidad se hacinan en los barcos de
pesca para quedarse luego en el país. Poderosos estudios jurídicos se
asocian con estas maniobras y las presiones son fuertes y continuas. Dos
jueces federales, Alberto Santamarina y Claudio Bonadío, han investigado
posibles ilícitos en el tráfico de inmigrantes en eventual connivencia
con funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones. El juez
Santamarina tuvo a su cargo, junto con Interpol, la investigación en el
aeropuerto de Ezeiza y hay quien piensa que de ese expediente podría
brotar un escándalo. La causa radicada en el juzgado de Bonadío, en
cambio, se originó en la denuncia de un abogado de apellido Bernstein que
estaba vinculado a tareas de gestoría y está cerrada sin que pese
ninguna acusación contra el anterior responsable de la DNM.
En las próximas semanas, a medida que Angel Roig y los escasos
colaboradores de confianza que lo secundan puedan recuperar y ordenar la
vasta documentación acumulada en los últimos diez años, se podrá
apreciar hasta qué punto la Dirección Nacional de Migraciones, que
dependió de Hugo Franco y por encima suyo del ministro del Interior
Carlos Corach, pudo ser (o no) lo que tal vez sospechan y no pueden decir
en voz alta: una nutritiva �caja� para hacer política y, de paso,
llenar algunos bolsillos.
Un amigo de Massera
Hugo Franco es uno de los hombres más cuestionados del menemismo,
que creció en ese espacio turbio donde alguna vez coincidió un
sector de la iglesia, algunos popes sindicales y el masserismo. Está
estrechamente ligado (por razones familiares) con el cardenal Raúl
Primatesta, arzobispo de Córdoba y titular actual de la Pastoral
Social de la Iglesia. Durante años, en la casona que Franco posee en
Venezuela 1823, funcionó la representación capitalina del
arzobispado de Córdoba. En pacífica compañía con la empresa de
Franco a la que se alude en este informe y lleva el curioso nombre
Deceit, que en inglés significa �engaño, trampa, estafa�. No es
por casualidad que allí mismo se celebrara la reunión entre Teresa
Pacitti (entonces directora del semanario Noticias) y el finado
Alfredo Yabrán, donde �el Cartero� le pidió disculpas a su
interlocutora por el ataque a tiros de sus custodios contra un
periodista y un fotógrafo de la revista.
La relación entre Franco y Yabrán fue estrecha, hasta que un avión
que �el Amarillo� le enviaba de regalo a un influyente personaje
se perdió en el aire. Entonces Franco sufrió un atentado, del que
salió ileso, y la relación con el empresario postal se enfrió de
mala manera. También en esa casa funcionó, en 1978 (tiempos del
Mundial), la editorial La Pléyade del ex almirante Emilio Eduardo
Massera. Lo cual refuerza la convicción generalizada en medios
políticos y periodísticos acerca de la estrecha relación entre el
almirante Cero y Hugo Franco, un político y empresario metalúrgico,
al que en tiempos de la ESMA los marinos solían llamar �el
Dibujante� por su capacidad para dibujar negocios. La reciente
investigación en Migraciones que se publica en esta página, confirma
que esa relación estrecha con el mayor centro de torturas de la
dictadura militar, no fue una ilusión óptica de algunos periodistas:
el jefe de personal que Franco nombró en la DNM (y ahora está
suspendido y sumariado) es el capitán Pedro Rivas, vinculado también
a la Escuela de Mecánica de la Armada.
Durante la era menemista Franco ocupó diversas posiciones: directivo
de SOMISA, subsecretario de Seguridad Interior y, finalmente, Director
de Migraciones. En una reciente investigación, Página/12 reveló que
fue cuestionado por una empresa informática israelí (Malam Systems)
por su papel protagónico en el proceso de adjudicación del
cuestionado contrato de los DNI a la firma Siemens. En las últimas
elecciones se presentó como candidato a intendente de San Isidro y
fue derrotado por el hijo de Melchor Posse. En la actualidad es asesor
del hombre que durante cinco años fue su jefe en la administración
pública: el ex ministro del Interior y actual senador, Carlos
Vladimiro Corach. |
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