Por F.A.
El
director del diario de la comunidad armenia, Kachik Dergurdasian, cree que
el atentado contra el colegio San Gregorio, de Palermo, forma parte de una
campaña para crear un clima de inseguridad en la población cuando falta
poco menos de un mes para elecciones porteñas. �La bomba fue fabricada
y colocada en un lugar sin tránsito de gente, para evitar víctimas.
Está claro que se buscó un efecto mediático.� Según Dergurdasian,
que fue asesor de León Arslanian cuando era ministro de Justicia
bonaerense, �los autores del atentado querían potenciar el tema de la
inseguridad, uno de los que más preocupa a la gente. Y dejaron un mensaje
específico al demostrar que pueden sembrar el pánico desde la oscuridad�.
Una de las líneas de investigación más firmes en el Ministerio del
Interior apunta a ex integrantes de la SIDE.
El Consejo Nacional Armenio de todos modos no descarta por el momento
ninguna hipótesis. A ellos les llama la atención que el artefacto
explosivo haya estallado pocas horas después del homenaje que la
comunidad armenia le ofreció a Leandro Despouy, quien logró que las
Naciones Unidas reconocieran el genocidio armenio que ayer cumplió su
85º aniversario.
�Por ahora son todas especulaciones�, aseguró Dergurdasian, quien
agregó: �Ante la impunidad de los ataques a la Embajada de Israel y la
AMIA, espero que a raíz de estos atentados se inaugure una era de
investigaciones serias�.
La policía aún no tiene pistas sobre los autores del atentado explosivo
que la madrugada del jueves destruyó parte de la mampostería de un
colegio de la comunidad armenia, en Palermo. Tampoco sobre los que
colocaron, tres horas después, una bomba de baja intensidad en una
escuela de Florencio Varela. La posibilidad de que existan grupos
interesados en crear un clima de inseguridad cuando falta poco menos de un
mes para las elecciones porteñas es una de las hipótesis que se barajan
en el Gobierno.
Si bien en la Secretaría de Interior indicaron que �es difícil
establecer una relación� entre los atentados a la escuela de la
comunidad armenia y el que se produjo en el establecimiento de Florencio
Varela, las fuentes admitieron que los posteriores llamados telefónicos
con amenazas de bombas a una escuela de Lomas de Zamora y en el Teatro
Colón �nos permite especular que nos encontramos ante actos
intimidatorios planificados que pretenden generar desconcierto en la
población�.
Las fuentes indicaron que tampoco existen indicios concretos que
relacionen las explosiones en las escuelas con el aniversario del ataque
terrorista que el 17 de marzo de 1992 destruyó el edificio de la Embajada
de Israel con un saldo de 29 muertos y 300 heridos. �Los dos atentados a
escuelas no se produjeron ni contra la comunidad judía ni contra la
musulmana�, por lo que consideraron que �eso hace caer esa hipótesis�.
El Ministerio del Interior informó ayer que �por el momento no hay
mayores datos que agregar, se está investigando�.
A mediados de febrero el director de la SIDE, Fernando de Santibañes,
dispuso una purga en el organismo que dejo a unos mil espías en la calle.
Durante los primeros días de febrero, el Ejército y la Policía Federal
también hicieron sus propios ajustes del personal que trabajaba en sus
respectivos departamentos de inteligencia. Otros 500 agentes pasaron a las
filas de la desocupación.
La nueva mano de obra desocupada que incluye a hombres que pasaron por los
grupos de tareas de la dictadura militar está a la búsqueda de empleo. Y
de revancha. Según fuentes de la propia SIDE, muchos de los despedidos
por el gobierno de la Alianza juraron venganza. Otros, menos apasionados y
por unos pesos, ofrecen sus servicios veteranos como instaladores de
climas de inseguridad. Ello se produce cuando promedia la campaña para
elegir jefe de Gobierno porteño y el tema de la seguridad es uno de los
ejes centrales del debate electoral.
La investigación del atentado al colegio San Gregorio quedó en manos del
juez federal Carlos Liporaci.
NUEVA LEY DEL ARREPENTIDO
�Para Telleldín no�
Los parientes de
las 86 personas que murieron en la explosión de la AMIA rechazarán en el
juicio oral cualquier beneficio �por medio de la ley del arrepentido�
al detenido Carlos Telleldín, proveedor del coche-bomba utilizado en el
acto terrorista, y a cuatro ex policías bonaerenses detenidos en la
causa. �A Telleldín no le corresponde, como a ninguno de los otros. A
todos los queremos en la cárcel�, explicó ayer Sofía Guterman, de
Familiares de Víctimas de la AMIA.
El viernes pasado, en el octavo aniversario del atentado a la Embajada de
Israel, Fernando de la Rúa se enorgulleció por haber logrado la sanción
de la ley del arrepentido. �Espero que sea útil para las
investigaciones�, agregó el presidente en el acto de Suipacha y Arroyo.
Pero los familiares de los muertos de la AMIA se oponen en forma tajante a
esa norma, que beneficia a quien aporte datos, pruebas o ayude a
esclarecer actos terroristas.
�No vamos a consentir que los jueces regalen arrepentimientos �aseveró
Luis Czyzewski, que perdió a su hija Norma en el atentado�. Telleldín
embarró la cancha durante tres años, dio pistas falsas y no aportó nada
para esclarecer la causa.� Las dos asociaciones que agrupan a las
familias de los muertos en la mutual judía, Familiares de Víctimas de la
AMIA y Memoria Activa, se oponen al beneficio, que permite reducir la
condena de quien colabore con la investigación judicial.
Según su propia confesión, Telleldín le entregó a los ex policías
Juan José Ribelli, Mario Bareiro, Anastasio Leal y Raúl Ibarra la
camioneta que se cargó con explosivos. Los ex policías están imputados
como partícipes necesarios del atentado y, como el ex mecánico, podrían
ser condenados a 25 años de cárcel. Si su condena no es reducida,
Telleldín podría cambiar su declaración, para favorecer a los cuatro ex
miembros de la Policía Bonaerense. Pero esto no preocupa a los familiares
de las víctimas. �Hay pruebas efectivas, no sólo testimonios, así que
ya no importa lo que Telleldín diga en el juicio oral�, explicó Mario
Avervuch, cuya hija Yanina falleció en la mutual judía.
Los parientes de las víctimas no creen que el caso esté resuelto. �Falta
saber qué pasó el 18 de julio de 1994. ¿A quién entregó la Policía
la camioneta?�, preguntan. Aunque tienen una certeza: �No nos queda
ninguna duda de que todo se gestó en la Triple Frontera�.
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