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El debate sobre la inseguridad y los roles de policías y militares
Cavallo, Ruckauf e Hijos

El aumento de los delitos violentos es obra de varones que tienen entre 15 y 25 años, sector en el que hacen estragos la desocupación, la precariedad en el empleo y la insatisfacción de necesidades básicas. Esos jóvenes tenían entre 5 y 15 años hace una década, cuando se inició el gobierno en el que Cavallo fue superministro de Economía y Ruckauf ministro del Interior y vicepresidente. Desentendidos de su responsabilidad en esta siembra de vientos, ellos procuran dirigir contra la Alianza la cosecha de tempestades y convertir la inseguridad en arma electoral.


Por Horacio Verbitsky

t.gif (862 bytes) Domingo Cavallo y Carlos Ruckauf imaginan la ansiedad pública ante el delito como el ariete que derrumbe la fortaleza de la Alianza gobernante en la Ciudad de Buenos Aires. Una derrota en el distrito del presidente Fernando De la Rúa y del vicepresidente Carlos Alvarez, a sólo cinco meses de iniciado su periodo de gobierno, pondría en emergencia a la coalición e instalaría a Cavallo y Ruckauf como posibles candidatos presidenciales de la oposición para 2003. Tanto los gobernadores como los legisladores justicialistas que el año próximo deben someter sus mandatos al voto popular se encolumnan detrás de Cavallo, como un reflejo de autodefensa. �Si la Alianza gana en Buenos Aires su impulso triunfal le alcanzará para barrernos en todo el país el año que viene�, dice uno de los artífices del encuentro del ex ministro con el bloque justicialista en el Senado. Sólo el ex presidente Carlos Menem y su ex ministro del Interior Carlos Corach piensan que mejor sería una derrota de Cavallo, y también por autodefensa. No es una curiosidad menor que quienes intentan volver contra el gobierno de la Alianza el torbellino de histeria por la inseguridad sean nada menos que el superministro de Economía y el ministro del Interior y vicepresidente del período en el que se sembraron aquellos vientos hoy devenidos en tempestad. Hay algunos datos relevantes al respecto en el �Diagnóstico sobre el delito en la Argentina�, que el ministro de Justicia y Derechos humanos, Ricardo Gil Lavedra, presentó en la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior y que casi no ha tenido difusión pública. El 86 por ciento de la población teme ser víctima de un delito, constata. Esto no es extraño dado el incremento de los delitos contra la propiedad y, en especial, de aquellos con violencia, incluyendo los homicidios en ocasión de robo. El 15 por ciento de las víctimas de robos con violencia sufrió lesiones físicas. El 88 por ciento de los robos con violencia se cometieron en espacios públicos que se suponen sometidos a vigilancia policial. Lo opuesto sucede en Estados Unidos, donde el 85 por ciento de los homicidios se cometen dentro de viviendas y entre personas que se conocen, lo cual descalifica los intentos de importación de experiencias. En la Argentina, el 70 por ciento de los autores fueron varones jóvenes de entre 15 y 25 años, que �diez años atrás tenían entre 5 y 15 años de edad�, dice el informe. Ruckauf lo escuchó impasible, como si no le concerniera.
Luego de revisar las estadísticas del Banco Mundial sobre las crecientes franjas de población por debajo de las líneas de pobreza y de indigencia y la creciente desigualdad, el estudio afirma que el 27,3 por ciento de los jóvenes de 15 a 25 años están desocupados. De los que trabajan, hasta el 75 por ciento, según los segmentos de edad, lo hacen en el sector informal y carecen de beneficios sociales. Uno de cada seis no estudia, ni trabaja ni es ama de casa. Ellos �perciben la desigualdad y la ausencia de oportunidades legítimas�, lo cual incrementa �los factores de riesgo criminógeno�. El empleo tampoco es una garantía. En la población con Necesidades Básicas Insatisfechas de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, dos de cada tres varones de la edad crítica trabajan. Pero su esfuerzo �es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas mínimas propias� y de ese modo �el efecto simbólico del valor del trabajo legítimo se desvanece�. La proliferación de �excluidos del sistema y la constante profundización de la brecha entre ricos y pobres, explican el aumento de la delincuencia violenta en nuestras ciudades�. Esos chicos que hoy salen a morir o matar por la comida, la birra o la dosis de cada día, crecieron en la década de la Ferrari, que Ruckauf le trajo a Menem desde Italia, y vieron a Cavallo poner las manos en el fuego por Aldo Dadone. Años sórdidos en los que el mismo Cavallo se burlaba del esfuerzo y el talento aplicados a un fin socialmente útil, al enviar a los investigadores científicos a lavar los platos, mientras aprobaba los créditos y subsidiosa las empresas de la familia presidencial. Al mismo tiempo Luis Barrionuevo se jactaba de que �nadie hace la plata trabajando�.

La desconfianza

El Diagnóstico también consigna que en 1998 el 70 por ciento de las víctimas de delitos contra la propiedad y el 58 por ciento de quienes padecieron robos con violencia no los denunciaron. �La policía no hubiera hecho nada� fue la respuesta más escuchada por los encuestadores de Justicia. El informe no se pregunta por qué habrían de confiar en la policía, luego de una década en la que miembros prominentes de las instituciones armadas federales y bonaerenses fueron descubiertos cometiendo los delitos que debían combatir, como la comercialización de sustancias psicotrópicas de uso prohibido por las autoridades sanitarias, el juego clandestino, el robo, el desarme y reventa de automotores, la prostitución, el secuestro y asesinato y el terrorismo. Tampoco indaga qué respeto por la ley puede infundir un jefe de policía que se alzó armas en mano en contra de ella.
Si a esto se suma la reiteración de abusos en comisarías y en la calle, las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos por error (como el del padre que llevaba a su hija al hospital en Lanús), el desprecio policial y judicial hasta por la vida de los rehenes, más las condiciones monstruosas de existencia en las cárceles, se completa el cuadro explosivo que explica el auge del delito violento. Al mismo tiempo que crecen los hechos delictivos, disminuye la eficacia del sistema de enjuiciamiento penal, que cada año llega a menor cantidad de sentencias condenatorias. El año pasado se denunciaron más de un millón y medio de hechos delictuosos y se pronunciaron apenas 13 mil sentencias condenatorias: sólo el 1,26 por ciento de los delitos denunciados reciben sanción. En realidad el porcentaje es muy inferior, ya que entre la mitad y los cuatro quintos de los hechos no se denuncian. En estas condiciones, propugnar aumentos de penas o disminución de garantías procesales es un mero ardid electoral que no tendrá incidencia alguna sobre los índices delictivos. Al analizar el �fracaso de las recetas aplicadas para la solución del problema de la criminalidad� el informe del ministerio de Justicia y Derechos humanos dice que �la ilusión de que las leyes y los programas de reforma del funcionamiento del sistema penal producirán por sí solos los cambios que la sociedad anhela es, en realidad, la principal razón de este fracaso�.
Ruckauf y Cavallo tienen responsabilidades por su desempeño pasado en el gobierno que condujo a esta situación pero el actual gobernador bonaerense tampoco puede desentenderse de un aspecto actual del auge delictivo que no merece tanta atención pública como los asaltos relámpago a bancos o taxis pero cuya importancia real los supera en relación de 50 a 1. Se trata de la denominada piratería del asfalto. Unos 3.000 camiones son asaltados en rutas principales de la provincia de Buenos Aires y despojados de la mercadería, por unos 300 millones al año, que luego ingresa en forma ilegal al circuito del comercio. Esos asaltos no ocurren en lugares remotos o desiertos, sino en las inmediaciones de ciudades importantes como Azul, Las Flores, Olavarría o Bolívar, lo cual torna inverosímil que ocurran sin la complicidad de las fuerzas policiales de la provincia.

Balas y votos

La estrategia de Ruckauf y Cavallo es nítida. El gobernador piensa que sus promesas de bala a los ladrones fueron la clave de su victoria sobre Graciela Fernández Meijide. Ahora interviene en forma abierta en la campaña porteña en apoyo de Cavallo, quien se propone disparar idéntica munición retórica sobre Aníbal Ibarra. La respuesta de la Alianza es más confusa. Cuando Ruckauf propuso la reforma procesal que sólo permitiráexcarcelar durante el proceso a los presuntos autores de un primer hurto simple y convertirá a las cárceles en una caldera en ebullición, la Alianza, con mayoría en ambas cámaras de la Legislatura, se la negó. Pero De la Rúa visitó al gobernador en La Plata, el licenciado Alvarez presionó a los legisladores del Frepaso y el ministro del Interior Federico Storani a los radicales. Una vez que negociaron una versión atenuada del proyecto original, Ruckauf les impartió la primera lección de política florentina: retiró a sus legisladores de la Cámara de Diputados y los de la Alianza votaron en soledad el proyecto acordado, en el que no creían. La segunda clase fue la elevación de la apuesta en el Senado. Esta vez fue Fernández Meijide quien reunió a los legisladores del Frepaso. En su quinta de San Isidro les pidió que apoyaran las enmiendas introducidas por el ingeniero Felipe Solá, alias El Bueno, de modo de permitir el interrogatorio policial a detenidos sin sanción de nulidad. Entonces llegó el momento de la tercera lección. Con ese texto ya en mano, Ruckauf, alias El Malo, vetó las ocho palabras que prohibían que los interrogatorios policiales fueran usados en el debate del juicio oral. El Bueno se declaró incómodo por el incumplimiento de lo pactado pero El Malo es tan elocuente que en una hora lo convenció. Un alto funcionario del gobierno nacional prefiere omitir el análisis de lo que llama �las cuestiones técnicas� de la reforma y la analiza en términos políticos: �Ruckauf busca pegarse a la buena imagen de De la Rúa, detrás de la que corre chupado como un Fórmula 1, mientras va preparándose para el sorpasso. Los temas de diferenciación que eligió son la seguridad y el nacionalismo. Su plan era presentar a la Alianza atándole las manos en el combate con el delito. Nosotros le rompimos esa jugada. Como esas leyes no van a solucionar nada y la policía de Rico va a seguir haciendo cosas escandalosas, Ruckauf pagará el costo. Además lo necesitamos para otras cosas�.
Esta claudicación de la Alianza en cuestiones de principios ha dado hasta ahora frutos muy módicos. El gobierno nacional está tramitando la venia de Ruckauf para que un par de intendentes justicialistas de Corrientes acepten formar un Frente Cívico con la UCR y un desprendimiento del Pacto Autonomista-Liberal, que permita al gobierno salir de aquel pantano sin demasiado barro en la cara. Un razonamiento similar llevó hace diez años al Grupo de los Ocho a apoyar el copamiento de la Corte Suprema de Justicia por el menemismo. A cambio, se ilusionaban con conseguir la adhesión de una docena de diputados justicialistas a una movilización sindical en contra de las privatizaciones. Un ex jefe de Policía de Catamarca y un ex presidente de la Federación de Tenis todavía son presidente y vice de la Corte más inepta y corrupta de la historia argentina, y el licenciado Alvarez ya ni se acuerda a cambio de qué permitió el aniquilamiento de la Justicia. Lo mismo pasará con este equilibrio imposible entre una elección de morondanga y la cuestión esencial para una democracia del resguardo de los derechos individuales de los ciudadanos frente a la prepotencia estatal. Pero Ruckauf no ha convencido a un solo senador de votar la reforma laboral, porque su juego es parodiar al viejo peronismo, junto con un sector sindical y con los grupos económicos locales. Se trata de aquellos que vendieron sus participaciones en empresas privatizadas, sacaron sus ganancias del país y ahora reclaman una devaluación para valorizarlas en dólares. Su proyecto exportador requiere medidas de protección pero también escasa ocupación y salarios baratos. La falta absoluta de límites del nacionalismo berreta de Ruckauf, al estilo Jean Marie Le Pen o Pat Buchanan, lo llevó a comparar las balas de los soldados del imperio portugués �que mataban a los colonos argentinos� hace 170 años, con la actual política de Brasil que �provoca muertes por la hambruna que genera entre nuestros comprovincianos�. Desde 1988, cuando Menem exigió la ruptura de relaciones con Estados Unidos por el bombardeo a sus financiadores libios, no se escuchaba en el país undiscurso tan irresponsable. Ruckauf también propuso suspender el Mercosur, tal como lo había anunciado Roberto Rocca, de Techint, hace siete meses, y el nuevo secretario general de la CGT, Hugo Moyano, hace dos, ambos en reportajes concedidos a este diario.

Un fiscal y dos alas

Para no dejarse acorralar, el candidato de la Alianza al gobierno de la Ciudad tomó la iniciativa en materia de seguridad. Convocó a especialistas que le garanticen un proyecto serio, mientras los otros puntos focales de la campaña son la mejora de la educación y el desarrollo de la zona sur de la Ciudad, donde se concentra la población con necesidades básicas insatisfechas. Además aceptó que los consentidos presidenciales Ramiro Agulla y Antonio De la Rúa elaboraran sus avisos de campaña. En el primero, Ibarra se presenta como un fiscal capaz de reprimir al delito con la ley en una mano que no sea blanda ni dura. El segundo, que saldrá al aire en los próximos días, desarrolla esa idea recordado su intervención en el desbaratamiento de la banda de secuestradores y asesinos de los empresarios Osvaldo Sivak y Benjamín Neuman; en la detención de Raúl Guglieminetti y en los juicios contra José López Rega y Aníbal Gordon.
El problema es determinar qué piensa el Presidente. Durante la audiencia pública del 8 de febrero la eminencia gris de Ruckauf, Jorge Casanovas, mencionó un regalo que De la Rúa le envió hace años: un libro con una recopilación de sentencias en favor de mayores facultades policiales, una firmada por el padre del ahora presidente, Antonio De la Rúa; otra por el propio Casanovas, en la Cámara de Casación Penal. En la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior del 28 de febrero, se aprobaron unas �Bases de Consenso� que incluyen puntos razonables como capacitación y reequipamiento de las distintas policías y fuerzas de seguridad; coordinación interprovincial y con la Nación; participación ciudadana y seguimiento de la gestión policial; reforma de leyes federales y homogeneización de sistemas procesales provinciales; apoyo de la DGI por la piratería del asfalto y el robo de automotores; sistemas de seguridad bancaria de última generación, desaliento a la tenencia y portación de armas. Pero el punto 11, cuya redacción correspondió al Secretario de Seguridad, Enrique Mathov, postula �fomentar la firma de acuerdos para la evaluación del accionar de los jueces de distinta jurisdicción�, tarea que sin duda no forma parte de la competencia de los gobiernos nacional y provinciales. Tal evaluación, añade, se referirá �a delitos como el narcotráfico, piratas del asfalto, corte de rutas y el contrabando�. El corte de rutas es uno de los métodos más usuales de aquellos �excluidos del sistema� que ante �la constante profundización de la brecha entre ricos y pobres� y �la ausencia de oportunidades legítimas�, eligen el camino de la protesta social y la lucha política en vez de entregarse al delito. Colocarlos en un mismo pie con las grandes organizaciones criminales es una grosera contradicción con el Diagnóstico de Gil Lavedra.
En ausencia de Storani, quien viajó a España, Mathov anunció que se reformaría también en el ámbito federal el artículo del Código Procesal que impide a la policía interrogar a los detenidos. De la Rúa negó que se planeara aumentar las facultades policiales e Ibarra repitió que no se trataba de modificar las leyes sino de hacerlas cumplir. El conflicto que esto abrió se reflejó en la emisión de dos comunicados contradictorios, el miércoles 15. Uno, distribuido por la Presidencia poco después de las dos de la tarde, decía que De la Rúa había instruido a Gil Lavedra que analizara reformas procesales para �activar la lucha contra el delito� y agilizar los procedimientos judiciales. Para ello el ministro mantendría reuniones con jueces, fiscales y fuerzas de seguridad y �en el menor tiempo posible� propondría una �solucion consensuada y efectiva�. El segundo comunicado, distribuido a las nueve de la noche, lleva membrete dela Secretaría de Cultura y Comunicación pero fue redactado y distribuido por la Secretaría de Seguridad. �Por indicación del presidente de la Nación se desmienten las publicaciones según las cuales no se quiere dar más facultades a la policía en su tarea de investigación, o que se hayan desestimado iniciativas de diversas áreas de gobierno�, dice. Añade que De la Rúa encomendó la ronda de consultas a Gil Lavedra y a Mathov y les fijó un plazo de una semana, y adelanta que las modificaciones previstas incluyen las requisas y secuestros [sin orden judicial] y la facultad policial de un �interrogatorio de orientación al momento de la detención�. Esta fórmula es similar a la bonaerense (�en donde fuere aprehendido�) y difiere del Código italiano y de las justificaciones políticas que sólo hablan de recabar datos útiles para la investigación en el lugar del delito. Esta latitud promete a los federales torturadores la misma protección que ya obtuvieron los provinciales. De la Rúa laudó en favor de Mathov y, con una sonrisa, lo atribuyó a sus deformaciones de procesalista. Es cierto. Hace más de una década, el 13 de febrero de 1988, firmó un proyecto de ley endureciendo las condiciones para la excarcelación de procesados, que podría negarse cuando por las condiciones personales del imputado, el juez presuma que intentará incurrir en nuevos delitos. Esto implicaba castigar no la comisión de hechos ilegales sino el �estado de peligrosidad� de las personas que podrían llegar a cometerlos, y convertir la prisión preventiva en un adelanto de la pena, invirtiendo la presunción constitucional de inocencia por la inconstitucional de culpabilidad.

El Calvario

�¿Terminó este calvario?�, preguntó el senador Eduardo Menem en cuanto se votaron los pliegos de ascensos de oficiales del Ejército y la Armada impugnados por organismos de derechos humanos. Los senadores justicialistas dieron quórum, pero quedaron de ex profeso en minoría, de modo que la Alianza se responsabilizara por esas decisiones. Incluso algunos senadores justicialistas que habían firmado algunos pliegos en comisión, votaron en contra en el recinto y solicitaron que se retirara su firma de los dictámenes, como Antonio Cafiero. El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy explica esta decisión como una manera de compensar el ajuste que su cartera practica en el presupuesto militar, pero De la Rúa tiene una idea de sí mismo que le impide recurrir a una argumentación tan vergonzosa. El presidente afirma, en cambio, que estudió cada caso y que no había objeciones fundadas. La documentación que posee el ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo desmiente. Además, como juez de la Cámara Federal que juzgó a los ex Comandantes, Gil Lavedra escuchó testimonios de víctimas que involucraban en delitos aberrantes por lo menos a uno de los oficiales ahora ascendidos. Pero no fue consultado y tampoco consideró que le correspondiera opinar si no se lo pedía el Presidente.
El desarrollo más inquietante surge de las desenfadadas declaraciones del general Ricardo Brinzoni acerca de la voluntad del Ejército de colaborar en tareas de seguridad interior y en la adhesión que ha logrado del gobierno. Gracias al cassette con que el Ejército da la bienvenida a cada nuevo ignorante ministro de Defensa, López Murphy repitió las barrabasadas que antes habían salido de la boca del también economista Jorge Domínguez y que vaticinan un nuevo embate sobre las leyes de defensa y de seguridad interior, muros de contención de la democracia argentina. Al inaugurar un curso militar López Murphy describió �nuevas amenazas sociales�, como el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el fundamentalismo religioso, la pobreza extrema, la superpoblación y las migraciones masivas, la degradación del medio ambiente y las luchas étnicas y raciales. Aunque aludió a �un proceso globalizado� y a �la seguridad internacional�, no se entiende de qué modo las Fuerzas Armadasargentinas podrían ocuparse de aquellas cuestiones fuera de las fronteras nacionales. Todas ellas forman parte del catálogo de preocupaciones de Estados Unidos, cuyo Comando Sur es la fuente de la teorización que el Ejército aborigen aporta a los ministros de Defensa. En la Argentina sólo se manifiestan la pobreza extrema, que por ahora la policía se basta para reprimir, y el tráfico ilegal de armas, cuya inclusión en la lista es una ironía involuntaria, cuando está a punto de ser procesado por ese delito el anterior jefe del Ejército.

 

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