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Casi media tonelada de gelamón y ninguna medida de seguridad

El estallido de la planta de Ingeniería Fueguina provocó dos muertes y 42 heridos.

La empresa Ingeniería Fueguina, que estalló el lunes, habría almacenado 400 kilos de explosivos, que transportó desde Olavarría. Investigan las vinculaciones políticas de la firma.


Por Susana Viau
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En el marco de los allanamientos practicados por la voladura de la firma Ingeniería Fueguina, que provocó dos muertos y 42 heridos, el juez federal Carlos Tocagni habría incautado el remito donde consta la compra, por parte de la empresa, de 400 kilos de gelamón y una gran cantidad de detonantes. Los explosivos fueron adquiridos a la firma Explosivos Centro, de la localidad de Olavarría, y habrían sido transportados por tierra sin ninguno de los recaudos exigidos para el traslado de material sensible, aseguraron fuentes vinculadas con la investigación. La secretaria privada del gobernador Carlos Manfredotti es esposa de Ceferino Guerra, propietario de la firma donde se produjo el estallido.

  El suceso, ocurrido el lunes, sigue conmocionando a los fueguinos que, en petit comité, especulan sobre las relaciones que unen a los propietarios de la planta con altas autoridades provinciales. Ceferino Guerra, relatan, está casado con Gloria Martínez (de Guerra), secretaria privada del gobernador. Por otra parte, agregan al elaborar ese parentesco, el subsecretario de Relaciones Institucionales del gobernador Manfredotti, Eduardo Ibarra, es, al mismo tiempo, su sobrino y cuñado de Guerra.

  Ingeniería Fueguina o Ingeniería Guerra --de las dos maneras es conocida la empresa-- se dedica desde hace años a la realización de obras civiles que, en la zona, suelen requerir de la utilización de explosivos dada la configuración rocosa del suelo. No obstante, eso no alcanza a explicar el sospechado almacenamiento de material sensible en el lugar. Se calcula que casi media tonelada de gelamón fue comprada en la fábrica Explosivos Centro, de la localidad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, y retirada y trasladada por tierra hasta Ushuaia por la transportista Pavlov. Lo curioso es que la "guía de removida" --documentación que acompaña la carga certificando su contenido-- declaraba que se trataba de matafuegos. Así, como matafuegos, fue llevada la "gelamonita" (nitroglicerina diluida con otras sustancias, que tiene la consistencia de la masilla), en un camión Volvo que no reunía ninguna de las normas exigidas para el traslado de cargas peligrosas. La legislación establece que el camión de transporte de explosivos debe tener, entre otras medidas de seguridad, los laterales blindados; carecer de techo para que, en caso de estallido, la onda expansiva se oriente hacia arriba; debe tener doble piso para evitar fricciones, descarga a tierra y los clásicos carteles con la identificación especial de "Peligro. Explosivo". Para trayectos largos, el envío debe hacerse por vía marítima y en barcos con una bodega especial.

  Los explosivos, en este caso, fueron manipulados como si, en efecto, se tratara de matafuegos. El chofer del camión admitió haber visto que el lugar al que concurrió para retirar la mercadería era un depósito de explosivos, pero negó estar en conocimiento de lo que finalmente se cargó. Lo cierto es que entre el contenido real y el declarado media una sustancial diferencia de precios en cuanto a las condiciones del traslado. Página/12 realizó la consulta y pudo saber que el traslado de esa cantidad de explosivos hubiera costado, a quien lo compró y contrató el servicio, una suma superior a los 10 mil dólares, en tanto que el precio del flete para cualquier otra mercadería no hubiese superado los 2 mil.

  Este diario preguntó, asimismo, a técnicos fueguinos, cuántos kilos de explosivos está autorizada a almacenar una empresa comercial. "Ni uno", fue la respuesta. Los técnicos explicaron también cuál es el procedimiento posterior: arribada a puerto, la policía debe ser informada y es ella la que supervisa su traspaso a un transporte especial y custodia el traslado hasta el polvorín de la base, que expide un remito en el que consta el tipo y la cantidad de explosivo en custodia. "Luego --señalaron--, el comprador, con la declaración de cuánto se va a volar, retira la cantidad necesaria con custodia policial. Finalmente, se inspecciona el obrador para constatar que no quede material sobrante almacenado".

  Para muchos en Tierra del Fuego, los sucesos no sólo podrían poner en aprietos al poder político local; demuestran que "acá, cualquiera compra explosivos, que circulan por cualquier parte y de cualquier modo".

 

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