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AHORA TERRAGNO  PROPONE UNA POLITICA CAMBIARIA COMUN CON BRASIL
Para el casamiento se necesitan dos

Rodolfo Terragno, jefe de Gabinete. El Mercosur necesita de "un régimen que reconozca disparidades".

Carlos Ruckauf, en línea con la UIA, reclama medidas proteccionistas, mientras que al Gobierno le resulta difícil unificar el discurso. El jefe de Gabinete planteó un régimen de compensaciones en caso de devaluación de uno de los socios. Con tantas idas y vueltas, Argentina negocia desde una posición de debilidad.


Por Cledis Candelaresi
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Aprovechando políticamente la crisis del Mercosur, el gobernador Carlos Ruckauf reclamó una "cláusula gatillo" que permita tomar medidas de protección a la industria argentina ante la eventualidad de una nueva devaluación brasileña. La melodía sonó muy familiar a los oídos de los dirigentes de la Unión Industrial Argentina, que hace tiempo analizan técnicamente un mecanismo para proteger la producción local de las oscilaciones cambiarias del principal socio. Hasta el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, apuntaló la idea de "abrir una urgente negociación" para acordar una política cambiaria común. Sin embargo, el gobierno nacional trabaja en una línea menos ambiciosa que, en el mejor de los casos, le permitiría beneficiar a los sectores más castigados por la competencia que representan los productos de Brasil.

  A pesar de la disputa interestadual por capturar inversiones, Brasil se muestra como más coherente frente a sus socios del bloque común, con el firme objetivo de liderarlo, e interlocutores legitimados por un sólido respaldo político. Por el contrario, Argentina no sólo exhibe una posición oscilante respecto del Mercosur, sino que el gobernador de la principal provincia tomó distancia con decisiones y propuestas propias, mostrando fisuras grandes en el frente interno. 

  "El Gobierno está confundido. Y si no hay una línea clara, los capitales en duda preferirán sí o sí instalarse en Brasil, donde parece haber más previsibilidad", se lamentaba ayer ante Página/12 un ex funcionario y asesor empresario.

  Para el mediano o largo plazo, las voces locales sí coincidieron en la misma receta: firmar un Maastricht del Mercosur, que obligaría a coordinar sus políticas macroeconómicas, incluida la cambiaria. Lo dijo el presidente Fernando de la Rúa, lo avaló públicamente Ruckauf, y lo sostiene con todas las letras la legisladora de la Alianza y experta en el tema, Beatriz Nofal. "Están dadas todas las condiciones para trabajar en ese sentido: hay confianza política mutua, y tanto Brasil como Argentina ya tienen leyes de convertibilidad fiscal", especulaba ante este diario.

  Pero el gran problema es qué hacer en el corto plazo con las empresas que emigran hacia Brasil, atraídas por los menores costos de producción; o las que sufren la competencia de los productos de ese país, agudizada por los problemas de competitividad argentinos.    

  Ruckauf sugirió aquella cláusula gatillo, con el argumento de que existe el riesgo de que el país vecino vuelva a devaluar. Terragno se subió al tren, culpando a la convertibilidad por las asimetrías con Brasil y mostrándose partidario de "un régimen que reconozca disparidades y que en caso de desbalances cambiarios súbitos establezca un régimen de compensación". El mecanismo, sería más o menos el siguiente:

  * Se establece una banda de modificaciones cambiarias tolerables (por ejemplo, un 10 por ciento); si cualquiera de los socios del Mercosur modifican su tipo de cambio (devaluando o revaluando su moneda) por encima de ese margen, se activan automáticamente mecanismos compensatorios. Si este régimen hubiese estado vigente cuando Brasil liberó su tipo de cambio en enero de 1999, por ejemplo, Argentina habría podido subir los aranceles a la importación de bienes brasileños o los reembolsos a la exportación de productos con destino a Brasil, sin necesidad de negociar nada con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. La automaticidad y previsibilidad es, a los ojos de los técnicos de la UIA, uno de los grandes puntos a favor de la fórmula.

  Pero, al menos por ahora, el gobierno de De la Rúa no prevé avanzar tanto. Para enfrentar la coyuntura, y antes de cualquier otra propuesta más revolucionaria, Economía estudia cómo proteger a "los sectores más sensibles" a la competencia brasileña, como el de calzado, el textil o el de la siderurgia. Así lo adelantó la propia secretaria de Industria, Débora Giorgi. Se trata de la salida menos controvertida, aunque también requiere sentarse a negociar con la administración Cardoso.

  En buen romance, esto significaría activar un mecanismo previsto en el tratado de Asunción, que fundó el Mercosur. Allí se previeron las salvaguardas intra Mercosur que, por ejemplo, habilitan a un socio a imponer cupos a las importaciones desde el otro en determinadas circunstancias. Pero aunque están previstos en un documento común, el uso de esos instrumentos es políticamente muy controvertido.

 

Límites para negociar

  Argentina y Brasil no tienen muchas herramientas para solucionar de inmediato sus problemas de asimetrías: en ambos países, cada medida no sólo debe ser consensuada con el otro socio del Mercosur sino que, antes, debe superar una serie de escollos internos. El gobierno de Fernando de la Rúa tiene que alinear el frente interno, afrontando las decisiones unilaterales de las principales provincias. Pero una traba aún mayor son las escasas potestades de la Secretaría de Industria, que sólo puede limitarse a iniciar recursos antidumping, y no puede avanzar en medidas más profundas, como la de subir aranceles o reintegros. Los temas de comercio exterior están diseminados por varias reparticiones oficiales, lo que, en algunos casos, obliga al empresario que busca auxilio a peregrinar desde la Secretaría Pyme hasta la AFIP. Para Brasil no es mucho más fácil. Sus gobernadores se disputan inversiones con una caótica política de subvenciones. Pero, además, su Constitución les impide aplicar en el mismo año cualquier modificación tributaria que decidieran instrumentar: algo que resuelva este año no tendría curso hasta el 2001 ó 2002. Así, el gobierno de Cardoso no puede prometer cambios inmediatos.

 

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