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La coima que cobran los policías a otros policías

El fiscal Collazo ya citó a declaración a treinta miembros del Comando de Patrullas de Vicente López

Un agente de la Bonaerense, ahora testigo protegido, denunció que su superior pedía dinero para que los policías pudieran tomarse vacaciones en el mes elegido. También se investigan irregularidades con los servicios adicionales.


Por Carlos Rodríguez
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En este caso, la coima en sede policial transcurría en la mayor intimidad: puertas adentro del Comando de Patrullas bonaerense de Vicente López, y tanto las víctimas de la extorsión como el victimario vestían de uniforme. El acusado es uno de los encargados de la Oficina de Personal del Comando, a quien se le imputa que desde hace tres años, en forma invariable, para otorgar las licencias por vacaciones "en los meses que piden los suboficiales" exige como condición el pago de una suma de dinero. De negarse el suboficial requerido a abonar el monto fijado como "reserva", la solicitud es rechazada y la licencia anual es concedida para cualquier otro mes. La denuncia la hizo uno de los policías damnificados, ahora en condición de testigo protegido. El mismo oficial que cobra para organizar el flujo turístico tendría participación en irregularidades en el pago de las horas extra por servicios adicionales, en una maniobra similar a la que se investiga en la Delegación de Policía Científica de San Martín.

  La denuncia fue presentada ante la Unidad Funcional de Instrucción a cargo de Alejandro Collantes, en el Departamento Judicial de San Isidro, por un policía que pidió ser testigo bajo reserva de identidad. En la causa se dio intervención al Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Marcela De Langhe. El denunciante tiene más de diez años de servicio y puso como testigos al titular del comando, el comisario Alejandro Blanco, y a una docena de policías que escucharon cuando él, de viva voz, hizo público su malestar por el manejo que hace el encargado de la Oficina de Personal.

  Otro agente, cuando escuchó lo que contaba el suboficial de identidad reservada, dijo ante los mismos testigos que a él le había ocurrido lo mismo. Para corroborar los dichos, el fiscal Collazo citó a prestar declaración a treinta miembros del Comando de Patrullas de Vicente López, unidad que ya había sido denunciada por Fernando Maroto, juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Criminal de San Isidro, en octubre del año pasado, por la sospechosa actuación de un patrullero que aparentemente encubrió el accionar de una banda de ladrones.

  Más allá del doméstico pedido de coima, el oficial denunciado tendrá que responder por una estafa que parece estar muy extendida dentro de la Policía Bonaerense. El testigo de identidad reservada sostuvo en su denuncia que "hay personal que tendría que estar en el servicio (dentro del Comando), pero que en ese momento hace (custodias) adicionales" en entidades privadas, cobrando un dinero extra. La plata que ingresa por esa vía, que sería importante, se la llevarían los jefes. El denunciante dijo que él "desconoce quién se lleva el dinero" obtenido, pero suministró los nombres de suboficiales que conocen de cerca las maniobras.

  Consultado por Página/12, el juez Maroto aclaró que nunca recibió respuesta sobre la irregularidad que involucraría a los ocupantes de un patrullero del Comando de Vicente López que en lugar de perseguir a unos delincuentes que intentaban robar un auto, frente al domicilio del magistrado, se limitaron a dejarlos escapar. Sobre la denuncia contra el encargado de personal del Comando de Patrullas de Vicente López, Maroto dijo que "desde hace mucho tiempo se sabe que los suboficiales sufren abusos de parte de sus superiores jerárquicos".

  El juez consideró que "las maniobras en relación con las horas extra por la realización de servicios adicionales no es tampoco un tema nuevo dentro de la Policía Bonaerense y es algo que debería ser investigado a fondo". La semana pasada, en San Martín, fueron detenidos 13 integrantes de la delegación local de la Policía Científica, acusados de estafar a la provincia mediante el cobro de servicios adicionales realizados en forma irregular. En esa causa está prófuga la suboficial Laura Oviedo, quien, según el fiscal que investiga la causa, trabajaba en la secretaría privada del ministro de Seguridad, Aldo Rico, aunque el ex carapintada lo negó.

 

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