 El
presidente del Círculo Militar, general Ramón Genaro Díaz Bessone,
pasará un mes arrestado en la sede del Comando de Institutos Militares,
con asiento en Campo de Mayo. Durante ese tiempo, sólo podrá recibir a
sus familiares directos. El jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni,
aplicó esa sanción y dispuso la formación de un Tribunal de Honor
contra Díaz Bessone porque consideró que afectó la jerarquía militar
con sus opiniones sobre la autocrítica parcial de Martín Balza acerca
del accionar de la fuerza durante la última dictadura militar.
Luego de que Balza se retirara, en diciembre del año pasado, Díaz
Bessone impulsó la expulsión el ex jefe del Ejército del Círculo
Militar. El presidente de la entidad, que agrupa a jefes y oficiales en
actividad y en situación de retiro, envió a los socios una carta
explicativa sobre los motivos de la exclusión de Balza. Los argumentos
esgrimidos por las autoridades del Círculo abrieron espacio, según
dijeron fuentes castrenses, a una sospecha en cuanto a que esa medida se
vincularía con la autocrítica parcial que efectuó el ex titular del
Ejército. Formalmente, sin embargo, argumentaron que Balza ocupaba la
presidencia honoraria en una fundación enfrentada con el Círculo
Militar.
Si bien las sanciones son confidenciales, en el Ejército trascendió que
el lunes Brinzoni convocó a su despacho a Díaz Bessone con el propósito
de comunicarle la formación de un Tribunal de Honor para juzgar su
conducta y la aplicación de la sanción disciplinaria.
Balza había solicitado que se conformara un tribunal de honor para que se
investigue su propia conducta y la de los miembros de la comisión que
decidió su separación del Círculo Militar, que estuvo formada por Juan
Fernández Torres, José Dante Caridi, Antonio Gassino, Mario Cándido
Díaz y Fausto González. Brinzoni ordenó, entonces, que se formara una
comisión de honor que considerara si correspondía realizar los
tribunales. Esta comisión �que formula recomendaciones� decidió que
no había material para iniciar dichos tribunales, pero el jefe del
Ejército estimó que el caso de Díaz Bessone era distinto y que el
presidente del Círculo Militar pudo haber lesionado el honor de Balza.
Por otra parte, Díaz Bessone �procesado por el juez español Baltasar
Garzón en el juicio por genocidio, torturas y terrorismo� deberá
presentarse en breve a declarar en los tribunales federales de Rosario. Al
igual que el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, será interrogado sobre
el destino del médico Alejandro Ramón Pastorini.
El juez federal Carlos Carrillo aceptó ayer el pedido de la abogada
Matilde Bruera, de la filial local de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) para que ambos ex jerarcas de la dictadura presten
declaración en torno del caso Pastorini en su juzgado y no por escrito,
como había dispuesto el magistrado en un principio. Pastorini, un médico
psiquiatra de 34 años, fue secuestrado en la madrugada del 7 de agosto de
1976 en su casa de Rosario.
PARRILLI DENUNCIO QUE
HAGELIN CONTRATO A LOS IBARRA
Polémica por la indemnización
El acuerdo firmado
entre el Gobierno y Ragnar Hagelin desató una polémica y varios cruces
entre el padre de la joven sueca desaparecida Dagmar Hagelin y su ex
abogado Marcelo Parrilli. Este último reveló que los nuevos
representantes de Hagelin son Aníbal y Rolando Ibarra, padre y hermano
del candidato aliancista a jefe de Gobierno porteño. Parrilli deslizó
que Hagelin habría llegado a la resolución de su caso �que implica el
cobro de 700 mil pesos�, gracias a los contactos de sus nuevos letrados.
Rolando Ibarra, por su parte, desmintió la acusación y aclaró que
representa a Hagelin en un juicio por honorarios contra Parrilli y que,
por lo tanto, no recibirá plata de la indemnización.
En declaraciones a radio Uno Parrilli consideró que �es un hecho
significativo que después de 12 años de trabajar en esta causa el 10 de
febrero se me haya revocado el mandato cuando quedaba muy poco por delante�
y en cambio �los nuevos abogados son Aníbal Ibarra González y Rolando
Aníbal Ibarra�. Hagelin respondió acusando a Parrilli de ser �un
infiltrado dentro de los derechos humanos� y aseguró que se peleó con
su ex abogado en 1995 porque éste se quedó con cinco mil pesos que no le
correspondían, que consideró parte de sus honorarios. �Parrilli me
extorsionó, me mandó a decir que quería el 20 por ciento de la
indemnización, cuando él va a cobrar como mi abogado lo que se regule y
eso lo debe pagar el Estado�, aseguró Hagelin por la tarde en Radio
Mitre. La ex subsecretaria de Derechos Humanos Alicia Pierini también
cuestionó el acuerdo entre Hagelin y el Gobierno: �Es una nueva forma
de corrupción�, dijo en referencia al patrocinio de los Ibarra. Y
afirmó que por este vínculo el padre de Dagmar consiguió �una
indemnización VIP, del triple de lo que cobran todos los familiares y no
en bonos sino en efectivo�. Según Pierini, el gobierno pagó �para
tener una agencia de publicidad Hagelin�. El dinero que recibirá
Hagelin proviene de un juicio que inició contra el Estado por los daños
morales que él y su familia sufrieron al tener que exiliarse por la
persecución sufrida luego de la desaparición de Dagmar. La Corte reguló
el monto de la indemnización en 250 mil pesos pero Hagelin se negó a
cobrar en bonos. La causa fue elevada ante la OEA. La semana pasada el
Gobierno accedió a abonar 700 mil pesos.
Mabel Gutiérrez de Familiares de Desaparecidos manifestó que la pelea
entre Parrilli y Hagelin �es una cuestión entre abogados y clientes que
deberán de resolver entre ellos� y aseguró que los organismos de
derechos humanos no cuestionan el monto de la indemnización que cobrará
el ciudadano sueco porque �hizo un juicio al Estado y lo ganó�. �El
no pidió una reparación por la muerte de su hija�, afirmó Gutiérrez.
Y agregó que �siempre hemos dicho que es una aberración que las
indemnizaciones se paguen en bonos; pero la gente lo acepta porque no
tiene otro remedio�.
EL JUICIO POLITICO A MIGUEL
ANGEL ROMERO
De defensor a acusado
Por A.M.
Las acusaciones que
pesan contra el defensor general de la Nación, Miguel Angel Romero,
serán las primeras que tratará hoy la Comisión de Juicio Político de
la Cámara de Diputados. Este menemista que sobrevivió en su cargo fue
denunciado ayer por malversación de fondos porque permitió que el
defensor Luis Cayuela cobre un retroactivo que no le correspondía.
En junio de 1998 los diputados Alfredo Bravo y Jorge Rivas pidieron que
Romero fuera enjuiciado por mal desempeño porque, según había declarado
el senador justicialista Jorge Yoma, tenía un proyecto para disolver el
Congreso y facilitar la re-reelección del ex presidente Carlos Menem. En
julio del año pasado, el abogado Ricardo Monner Sans lo denunció por
haber mantenido en el cargo a Cayuela sin acuerdo del Senado. Por ese
motivo los fiscales Gerardo Pollicita y Jorge Di Lello lo imputaron por
los delitos de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario
público.
�Además de la posible malversación y de la desprolijidad
administrativa hay un riesgo institucional grave porque Cayuela actuó en
causas importantes como las investigaciones por el atentado contra la
AMIA, por la venta ilegal de armas y por la apropiación de una menor
durante la dictadura, y se pueden presentar nulidades�, opinó la
diputada Nilda Garré, quien integra la comisión, ante Página/12. El
abogado Ricardo Monner Sans amplió ayer su denuncia contra Romero porque
encontró elementos para probar que Cayuela recibió una paga mensual como
si fuera camarista, como si hubiera estado bien designado en su cargo y
recibió una retroactividad que no le correspondía.
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