Por Horacio Cecchi
El presidente del Tribunal de Casación bonaerense, Federico Domínguez, recibió una amenaza de muerte redactada en una carta anónima y enviada a su propio domicilio, en Banfield, al cumplirse un año de que una mujer policía de su custodia fuera asesinada en la puerta de su casa. En uno de sus párrafos se podía leer �... el año pasado te matamos a un vigilante y ahora te vamos a matar a otro�. Las sospechas más fuertes estaban dirigidas hacia alguien con conocimiento profundo sobre los movimientos de la custodia del magistrado: al pie de la nota se leía la firma �Dr. Juan Carlos de la Muerte�, autógrafo que mantiene pocas letras de diferencia con el apellido del jefe de la custodia.
El 17 de marzo del �99, la oficial inspector María Eugenia Alzogaray, asignada a la custodia personal de Domínguez, montaba guardia en una camioneta Saveiro frente a la puerta de la casa del magistrado. En el interior de la camioneta se encontraba el hijo del juez, que aguardaba la llegada de otra servicio de vigilancia para salir de la casa. Alrededor de las 13, un hombre se acercó por el lado de la ventanilla de Alzogaray y la amenazó con un arma, mientras le decía �dame todo, dame todo�.
Alzogaray intentó tomar la pistola que ocultaba en su cartera, pero fue tomada del cuello y arrancada del auto. Ya fuera, el delincuente le descerrajó seis balazos, tomó el arma reglamentaria de la policía y corrió hacia un auto donde lo esperaba un cómplice. La instrucción inicialmente quedó a cargo del fiscal Rubén Bacca, apoyado por el comisario Angel Varela, de la comisaría 1ª de Lomas de Zamora. Pero ocho días después Varela fue removido de la investigación y en su lugar apareció la DDI de Quilmes, a cargo del comisario Claudio Smith.
�A los pocos días anunciaron con bombos y platillos que tenían resuelto el caso, habían atrapado al supuesto responsable�, recordó a este diario una fuente judicial que participó en la investigación. El detenido era �El Laucha� Alberto Morales Avalos, que un mes antes de la muerte de Alzogaray había salido de prisión donde pasó tres años por el asesinato de un federal. Morales tiene un hermano en la Bonaerense y había trabajado como informante anteriormente. Los hombres de la DDI de Quilmes aportaban los testimonios de una decena de buchones policiales. �Cuando todos los datos vienen de informantes pagos, uno puede oler que el caso puede estar armado�, aclaró la fuente.
Morales no fue reconocido por ninguno de los testigos presenciales. Ni el hijo de Domínguez, ni un jardinero que presenció el hecho, ni otros vecinos que llegaron apenas se escucharon los disparos lograron reconocerlo. Un mes después, el sospechoso salió libre por falta de mérito. �No quiero que me pongan un Pepito�, había dicho en aquel momento Domínguez, relacionando la instrucción del caso con la madeja armada por la Bonaerense en el crimen de José Luis Cabezas.
�En la DDI de Quilmes hay gente que fue golpeada muy duro durante la reforma �recordó uno de los funcionarios que integró el equipo que descabezó la cúpula policial�. Domínguez participó activamente y desde entonces lo tienen en la mira. Y de repente tienen resuelto el caso. Es muy raro.� La causa Alzogaray siguió tomando como base los testimonios de los informantes quilmeños, y el 30 de diciembre del año pasado Morales fue detenido mientras pasaba por los Tribunales. �Tenemos información de que le prometieron salir después del juicio�, agregó la misma fuente.
El viernes pasado se cumplió un año de la muerte de Alzogaray. Al día siguiente, una carta fechada en Bernal, en una dirección que después se constató es una villa de emergencia, llegó al domicilio particular de Domínguez. La nota se trataba de una amenaza de muerte. No estaba dirigida a la persona del juez sino a miembros de su custodia. �... el año pasado te matamos un vigilante y ahora te vamos a matar a otro�, decía. Más adelante se leía �... te vamos a golpear donde más te duele�. Al pie de la nota aparecía la firma �Dr. Juan Carlos de la Muerte�. �El autor tiene que estar enterado del movimiento de la vigilancia, porque la firma es muyparecida al apellido del jefe de la custodia�, señaló un allegado al Tribunal.
Ayer, la noticia de la amenaza ya había trascendido los límites del secreto. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Francisco Ferro, reclamó al ministro de Seguridad, Aldo Rico, que �investigue y esclarezca� la amenaza, �en lugar de dejarse ganar por una irrefrenable locuacidad y su inclinación al escándalo�. Entretanto, Domínguez analizaba el contenido de la denuncia que hará llegar hoy a la fiscalía.
�Por ahora no tengo una idea clara de dónde puede haber salido la amenaza�, dijo Domínguez a este diario. Las hipótesis que se barajaban ayer no descartaban nada. Ni siquiera sus denuncias contra la corrupción en el Servicio Penitenciario y su sonado cruce de palabras con el gobernador Ruckauf.
La costumbre de amenazar
�La amenaza no modifica nada en mi vida. No es la primera vez que me llega una�, confesó Federico Domínguez a este diario. Desde 1995, cuando participó en el equipo de Reforma del Código Procesal que quitó las atribuciones a la Bonaerense, los llamados telefónicos con carga de adrenalina se hicieron una costumbre. Continuaron durante su paso como jefe de Gabinete de Eduardo de Lázzari en la Secretaría de Seguridad que inició los descabezamientos en la cúpula policial, y alcanzaron su pico cuando participó en el equipo que inició la reforma de la Maldita Policía con la intervención de Luis Lugones.
�En ese momento se acordó que lleváramos custodia�, recordó Domínguez. Después, la guardia personal fue levantada, pero tras su nombramiento como presidente de Casación, en febrero del �98, y con el acuerdo del Tribunal, a todos sus miembros les fue asignada una custodia. La oficial Alzogaray cubría ese puesto en la puerta de la casa de Domínguez cuando fue asesinada. �Hace poco tiempo ya habíamos pensado que le levantaríamos la custodia a mi hijo. Tiene 17 años y le resulta incómodo que lo estén siguiendo a todas partes�, señaló el juez. �Pero, después de una amenaza telefónica que recibió, decidimos que se mantuviera la vigilancia. Ahora, después de esta carta, el clima no parece estar como para que se levante. Vamos a tener que abandonar la idea durante un tiempo.� |
Un extraño comunicado
El 6 de marzo pasado, llegó a esta redacción un misterioso comunicado de prensa policial, sin membrete oficial. El comunicado mencionaba la �contundente respuesta del jefe de la Departamental Lomas de Zamora�, comisario Daniel Rago, y se lanzaba contra Federico Domínguez en medio de la polémica que mantuvo con el gobernador Carlos Ruckauf. Ese mismo día, el juez había dicho que �las comisarías parecen agencias de turismo. Los presos entran y salen cuando quieren�. Por la noche, Rago salía al cruce en el extraño comunicado. �Es perverso lanzar sospechas y tejer historias truculentas sobre el accionar policial�, decía. �Nos parecen muy injustas las declaraciones del Dr. Domínguez, máxime cuando dispone de una custodia personal de seis hombres...�, y pasaba luego a informar el record de detenciones, enfrentamientos armados y secuestros de armas llevados a cabo por Rago. Página/12 publicó el fax. Al día siguiente, Domínguez presentó una denuncia contra Rago por violación del secreto de la composición de su custodia y por los datos estadísticos revelados. |
LA POLEMICA POR LA SALIDA IRREGULAR DE PRESOS
El camarista de la tormenta
Federico Domínguez disparó hace pocos días una tímida bala que terminó lanzándolo hacia el frente de tormenta: �Quiero que se investigue la compra y venta de certificados de buena conducta para salir de las cárceles�, dijo. Ese fue el inicio. Dos días antes, Salvador Raineri, un ex preso de Sierra Chica, moría en un desquiciado raid con toma de rehenes. Para entonces, Domínguez, presidente de la Cámara de Casación Penal bonaerense, se preguntaba: �¿Qué hacía en La Paternal un preso que debería estar encerrado?�.
Cuando se conoció la forma en que Raineri accedió al beneficio de las salidas transitorias �un contradictorio informe en el que el Servicio Penitenciario aseguraba que su conducta era �ejemplar� pero rechazaba el permiso�, Domínguez dio forma de denuncia a sus declaraciones y las presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Esto le valió un fuerte enfrentamiento con el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ejecutivo provincial.
El gobernador Carlos Ruckauf salió al cruce de las acusaciones de Domínguez. Por entonces de gira en el interior, criticó a los jueces de la Sala IV de la Cámara Penal platense que �fueron quienes autorizaron �dijo entonces� las salidas de Raineri�.
Al mismo tiempo dio un fuerte respaldo al Servicio Penitenciario. Mientras discurrían las críticas se conoció la existencia de otros 16 prófugos que habían recibido el beneficio de las salidas transitorias y que �como Raineri� jamás habían regresado a los penales.
En este punto hubo nuevos cruces. La Corte Suprema bonaerense respondió dándole al gobernador 24 horas para presentar pruebas sobre sus sospechas. También arremetieron contra el SPB: se le dio idéntico plazo para que entregara expedientes y legajos de los fugados.
Sin embargo, el punto más crítico entre Ejecutivo y Justicia aún no llegaba. Ruckauf puso a su ministro de Justicia, Jorge Casanovas, a trabajar en un proyecto de ley que, de hecho, quitará a los jueces la facultad para conceder beneficios a los presos.
Este proyecto intenta modificar la Ley de Ejecución 12.256 al prohibir los beneficios de libertad por tiempo determinado a cualquier persona con condena por homicidio.
Domínguez, nuevamente, eligió responder: asoció las intenciones de Ruckauf con métodos nazis. El intento del gobernador sería �dijo� �aproximarnos a los regímenes tumbados en 1945�.
Para la máxima autoridad penal de la provincia, esa modificación que ahora está estudiando la Legislatura de la provincia de Buenos Aires �constituye un avasallamiento del Poder Judicial�.
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