Por Eduardo Tagliaferro
 Evasivas reiteradas y una memoria escasa fueron la constante de las más de cinco horas que duró la declaración del ex canciller Guido Di Tella, frente al juez federal Jorge Urso, en la causa por la venta ilegal de armas. Al ingresar a los tribunales, Di Tella había dicho que venía dispuesto a contestar todas las preguntas que los investigadores judiciales tuvieran para hacerle. �Me van a tener que sacar en andas�, fue la frase con la que el ex funcionario graficó su predisposición. Lo cierto es que, lejos de una salida apoteótica, la indagatoria del ideólogo de las �relaciones carnales� había dejado una sensación de frustración, ya que sus respuestas no aportaron ningún nuevo elemento en una causa que lleva cinco años de instrucción judicial e involucra a tres ex ministros de Carlos Menem y al ex jefe del Ejército, Martín Balza.
Cuatro días antes de que se produjeran los vuelos que llevaban el armamento argentino rumbo hacia Ecuador, el por entonces embajador en Perú, Arturo Ossorio Arana, había advertido en un cable confidencial dirigido a la Cancillería que existían informes de los servicios secretos peruanos alertando sobre un posible desvío de armas argentinas hacia Quito. En su declaración de ayer, Di Tella afirmó que si bien una copia del cable iba dirigida a él, no tomó conocimiento del mismo sino hasta bastante tiempo después, por ello no realizó ninguna medida que pudiera evitar el embarque de las armas. �El alerta no llegó nunca a mis manos�, fueron los dichos del ex canciller a la salida del despacho del juez. El cable que Di Tella negó haber visto no fue entregado a los tribunales cuando la Cancillería remitió toda la documentación reclamada por la Justicia. Casualmente, por no haber entregado este cable, el fiscal Carlos Stornelli acusó al ex canciller de ocultamiento de pruebas.
Di Tella tampoco recordó haber recibido alertas diplomáticas del entonces embajador en Yugoslavia Carlos Bartffeld, donde se daba cuenta de la existencia de publicaciones periodísticas que advertían sobre la presencia de armamento argentino en los Balcanes. En el país del no me acuerdo, la memoria de Di Tella fue un don escaso, más aún si de lo que se trataba era de recordar sus días como funcionario de Carlos Menem. Así se explica que el ex canciller tampoco recordó el dictamen del embajador Enrique Candiotti, quien consultado por la comisión interministerial que autorizó la venta del material bélico señaló �que la firma de decretos ómnibus era inconveniente, porque facilitaba el desvío de las armas vendidas por el Gobierno�. �No recuerdo haber leído la opinión de Candiotti, aunque la verdad me parece que su comentario es bastante atinado�, fue la única explicación que pudo dar Di Tella.
La declaración de ayer fue la última de la lista de indagatorias solicitadas por el fiscal Stornelli a fines del año �98. Más allá de algunos trámites procesales pendientes, Urso deberá definir ahora la situación procesal del propio Guido Di Tella, Erman González, Oscar Camilión y de Balza. Casi medio gabinete de Menem terminó involucrado en la investigación judicial. Todos ellos �salvo Balza� fueron firmantes de los decretos que permitieron la maniobra ilegal. El único de los firmantes que hasta este momento no fue citado es Domingo Cavallo. Llamativamente la firma de Cavallo aparece en la mayoría de los decretos que ampararon las ventas a Croacia y Ecuador.
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opinion
Por Pablo Rieznik* |
| De candidatos y �patrimonios�
El Partido Obrero y sus principales candidatos han decidido no participar, en una suerte de costumbre que se viene extendiendo en oportunidad de las últimas elecciones. Me refiero a esa especie de teatral confesión de las muchas o pocas fortunas económicas personales de quienes encabezan las listas de los comicios respectivos. El rechazo a la participación en esta especie de shows es muy simple: no queremos ser cómplices de una forma de aparentar transparencia e información que, en realidad, es completamente tramposa. El cinismo no va con el Partido Obrero ni con los trabajadores que integran sus listas.
Lo cierto es que, en nuestra sociedad, los informes �patrimoniales� normalmente se ocultan o son fraudulentos. El ocultamiento está legalmente amparado por el secreto comercial, bancario e industrial. El fraude, a su turno,
por los infinitos mecanismos a disposición
de las grandes empresas y grupos económicos, los trucos contables y la economía �en
negro�.
Una parte del dinero que circula por canales marginales financia la campaña de los partidos afines con el establishment, una forma elegante de definir a los monopolios o semimonopolios extranjeros y nacionales que lucran con la miseria del pueblo y con nuestros recursos nacionales. Por este motivo las principales campañas, desde el punto de vista de los recursos con que cuentan, son financiadas por enormes montos de dinero que provienen de esas mismas grandes empresas y grupos capitalistas y que los propios medios informan como muy superiores a los que se declara públicamente. Todo el mundo lo sabe. Como sabe también que los candidatos pueden hacer gala de procedimientos similares en la presentación de sus �patrimonios�.
Concretamente, en el caso del que suscribe, informar sobre mi patrimonio negativo o sobre mi sueldo público como docente universitario sería avalar un procedimiento que, conforme las razones que señalo, es un ejercicio de hipocresía que, de este modo, rechazo. No lo acepto, no lo aceptamos en el Partido Obrero. No en vano la consigna que preside nuestra campaña en la Capital es: No a una ciudad para los especuladores, los financistas, los explotadores, los políticos corruptos y los impuestazos del FMI; por una ciudad para los trabajadores.
* Candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero. |
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