Por Susana Viau
La legisladora radical Elisa Carrió y el diputado liberal mendocino Gustavo Gutiérrez presentaron ayer, ante el Consejo de la Magistratura, el pedido de juicio político al juez federal Gustavo Literas bajo las acusaciones de prevaricato, retardo de justicia y violación de los deberes de funcionario público. Los diputados basaron su presentación en la actuación del magistrado en la causa que involucra al banquero Raúl Moneta y en los mecanismos empleados para lograr que la investigación quedara fuera de la jurisdicción del juez mendocino Luis Leiva y fuese trasladada a la Capital.
En sus fundamentos, Carrió y Gutiérrez historian el proceso que llevó a la privatización de los dos bancos provinciales, su adjudicación al financista Raúl Moneta, la fusión de ambas entidades en el llamado Banco Mendoza, y el posterior pedido de captura librado por Leiva contra Moneta. Mientras estos acontecimientos se desarrollaban �dicen los legisladores-, �en Buenos Aires, con fecha 10/3/99, se había abierto una extraña causa penal iniciada mediante una denuncia anónima que recayó en el Juzgado Federal 1, de la doctora María Romilda Servini de Cubría�. Transcurrido poco más de un mes, se hizo presente en el juzgado de Servini de Cubría Jaime Cibils Robirosa, quien dijo ser abogado patrocinante de un accionista minoritario del Banco Mendoza, damnificado por las actuaciones del Banco Central. Literas tenía en su juzgado una causa contra los funcionarios del Banco Central; por lo tanto, Servini se inhibió y la denuncia pasó al juzgado de Literas, quien las unificó.
�Pero resulta �prosiguen� que el doctor Cibils Robirosa no era abogado del accionista denunciante Sosa Guillermet, sino que su abogado era el doctor Ricardo Mastronardi, quien constituyó domicilio en la avenida Córdoba 652, de manera que el abogado Cibils Robirosa cometió fraude procesal invocando una falsa representación.� A continuación, Carrió y Gutiérrez señalan que, por el contrario, el abogado Cibils Robirosa es abogado de Angel Moyano Padilla (ex Banco Feigin), amigo de Moneta y el hombre que lo habría albergado en su domicilio de la Avenida del Libertador cuando el banquero quedó prófugo. Asimismo, los legisladores apuntan el hecho de que Cibils Robirosa pertenece al bufete Cibils, Castro Cronwell & Boneo Villegas. Florencio Castro Cronwell, asociado al estudio, es hermano de Sebastián Castro Cronwell, titular de la inmobiliaria que tasó el Edificio República e intermediaria de Moneta en la locación de los 20 pisos del inmueble. �De manera �resumen� que la insólita aparición de Cibils Robirosa invocando una falsa representación (...) fue una maniobra articulada por Moneta para llegar a ese juez que a lo largo de todo el proceso está manifestando una abierta parcialidad en su favor.�
Literas solicitó así la inhibición de Leiva fundado, dicen los diputados, en una serie de falacias: que la denuncia de Sosa Guillermet involucraba a Moneta; que el Banco Mendoza y el República se habían fusionado �lo que, en verdad, nunca ocurrió� y que los dos tenían su sede en Sarmiento 336, siendo que tanto la casa matriz como todas las sucursales del Mendoza estaban en la provincia. En el interín, aseguran, la conducta de Literas habría ido adquiriendo el carácter de prevaricato al conceder la excarcelación de Moneta a cambio de una fianza �ridícula�, depositada en una escribanía y por un tercero y al declarar nulas las pericias realizadas por Leiva con el �falso� argumento de que los imputados no habían sido notificados de ellas antes de que les fueran tomadas sus indagatorias.
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