Por Diego Schurman
 Unos alertaban el caos. Imaginaban vidrios rotos y un alienado Hugo Moyano entrando a patada limpia al edificio de la CGT para ocupar el sillón de Rodolfo Daer. Pero la realidad fue muy diferente y excesivamente �civilizada� para quienes en los últimos días se dijeron de todo menos lindo. Es que los dos sindicalistas terminaron compartiendo un café y evaluando la posibilidad de unificar a rebeldes y oficialistas, al menos para sumar fuerzas en el rechazo a la Reforma laboral. El gesto fue suficiente para que el Gobierno comience a evaluar una serie de �castigos�, sobre todo hacia el sector gremial que originalmente se había comprometido a apoyar la iniciativa.
Como flamante titular de la CGT rebelde, Moyano llegó al histórico edificio de la calle Azopardo en busca del simbólico sillón del secretario general. Daer, de la CGT oficialista, no reconoce otra central sindical que la propia y por lo tanto esperó sentado a Moyano para recordarle que no dejará su lugar.
El camionero llegó acompañado por un escribano que labró un acta para luego proseguir con el reclamo del edificio en la Justicia. Pero los oficialistas de Daer igualmente invitaron a Moyano a compartir un café e intercambiar opiniones.
�Se habló de lograr la unidad en el tiempo pero falta mucho�, se sinceró el jefe de prensa de la CGT rebelde, el judicial Julio Piumato. Más firme fue su colega de la CGT oficial, Carlos West Ocampo. �No descartamos la unidad, pero el único método es que ellos participen en un congreso donde se elija en forma democrática una nueva conducción, tal cual establecen los estatutos�, señaló el jefe del gremio de sanidad ante la insistencia de los rebeldes de que cualquier acuerdo se logrará únicamente si se mantiene al camionero en el cargo de secretario general.
Aun así, en la reunión que Daer y Moyano mantuvieron en la sede cegetista coincidieron en criticar la ley de Reforma laboral que impulsa el Gobierno. Los representantes de la CGT oficialista, que en febrero se sacaron una foto con el presidente Fernando de la Rúa para mostrar su respaldo a la iniciativa, ahora exigen al Senado que la modifique. Los rebeldes directamente piden �como lo hicieron en persona ayer ante un grupo de legisladores del PJ� que sea rechazada.
Para unos y otros, el Gobierno ya comenzó a estudiar respuestas, inquietos con una movida que podría fortalecer la posición del sector duro de los senadores justicialistas. Como siempre, la amenaza apunta al dinero que manejan los gremios, ya sea a través de la cuota sindical como por los aportes de los beneficiarios de las obras sociales.
En sectores intermedios del Ministerio de Trabajo no descartaban ayer la posibilidad de avanzar sobre las cláusulas obligacionales, negando su homologación a la hora de renovar los convenios colectivos. También volvieron con el viejo fantasma de acelerar el proceso de desregulación de las obras sociales, que terminaría con la fusión entre organizaciones grandes y chicas.
En la cartera laboral, además, prometen la concesión de la personería gremial a algunos sindicatos que responden a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), donde se concentran los gremios escindidos de la CGT y ajenos a la interna peronista. No es un tema menor. Esto significa económicamente la posibilidad de que a algunos gremios de la CGT se les reduzcan los ingresos provenientes del aporte de los trabajadores.
La bronca del Gobierno quedó expresada ayer en las declaraciones de Flamarique. Después de haber dicho a Página/12 que Daer �tiene que cumplir con la palabra empeñada� ayer, contradictoriamente, expresó desde Mendoza que el cambio de postura de la CGT �demuestra que no hubo ningún acuerdo y que es evidente que con las modificaciones perseguidas se pretende proteger intereses puntuales, lo que el Gobierno no está dispuesto a ceder�. Seguramente en el Comité Central Confederal convocado para hoy por la CGT oficial, los sindicalistas que ahora son nuevamente cuestionados por el Gobierno no le escaparán a la polémica.
APROBARON LA REFORMA DEL ESTADO DE DE LA SOTA
Bochorno a la cordobesa
Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba
Con escándalos y enfrentamientos dentro y fuera de la Legislatura, se aprobaron ayer en Córdoba los tres proyectos de José Manuel de la Sota que conforman el llamado �Estado Nuevo� y que incluyen la privatización del banco de la provincia, la empresa de energía y la explotación de los casinos y juegos de azar.
El pacto entre el gobernador actual y el ex, Ramón Mestre, quedó como cosa del pasado desde que la Alianza decidió que, ni aun con las modificaciones introducidas a la leyes se estaba respetando el acuerdo y priorizó la unidad de la UCR para votar en contra. Los aliancistas estaban en mayoría en la Cámara alta hasta que Jorge Bogeda, senador por el Frepaso �partido que lo expulsó�, se dio vuelta y, con la maniobra de presentar un �proyecto propio�, terminó votando con el oficialismo.
Así con 34 votos a 33, la Unión por Córdoba (PJ) se impuso en una sesión bochornosa. Tras defender su voto �en beneficio del pueblo de Córdoba�, Bodega recibió un vaso de agua en la cara que le arrojó un ex compañero de bancada.
Ahí nomás, Martín Ambort (UCR) se trepó al estrado del presidente del Senado, le arrebató el micrófono y, rodeado de periodistas, increpó duramente a los oficialistas por no haber permitido hablar a la oposición durante el debate. A esa hora, Bodega ya no podría haber permanecido en el recinto de no ser por los cuatro guardaespaldas que lo protegían de su propio bloque.
Afuera el panorama no era más tranquilo: los gremios estuvieron en la calle durante todo el día y se enfrentaron con la policía que custodiaba las esquinas de la Legislatura, a donde no se podía llegar. Bombas de estruendo, gases, balas de goma y todo tipo de objetos que se arrojaban al aire terminaron hiriendo tanto a policías como a manifestantes. Anoche permanecían siete personas detenidas que serían del gremio bancario y de Luz y Fuerza.
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