Por Irina Hauser
 La miren por donde la miren, la situación financiera y administrativa de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) no convence a los funcionarios que la investigan. En los próximos diez días la Oficina Anticorrupción denunciará por administración fraudulenta, ante la Justicia Federal, a la casa de altos estudios y a algunos de sus funcionarios, empezando por el rector, Enrique Tello Roldán. Pediría también al Congreso la intervención de la institución. La demanda estará basada en las conclusiones de una auditoría hecha por la Sindicatura General de la Nación (Sigén), que reveló que la UNLaR pagó sobreprecios superiores a 4 millones de pesos en aire acondicionado y por lo menos otros 3 millones injustificados en la construcción de su Ciudad Universitaria. Además, al parecer, sobreestimó el número de alumnos, un dato esencial para pedir presupuesto.
En la oficina que comanda José Massoni, casi no dudan de la posible existencia de mecanismos de desvíos de fondos en la universidad de la tierra de Carlos Menem. A la Justicia llevarán buena parte de los datos ya relevados por la Sigén, que publicó en exclusiva Página/12. Junto con la posible recaudación non sancta de dinero denunciarán a los funcionarios responsables. Incluirían al rector y al vicerrector, Manuel Mamani, que es titular de la Fundación universitaria (FUNLaR), una entidad privada a la que la UNLaR le delegó funciones financieras.
Las empresas implicadas en las presuntas contrataciones irregulares serán demandadas como partícipes de la defraudación, informaron allegados a la pesquisa. Entre ellas figuran Hochtief y Río Manso S.A., propiedad esta última del intendente riojano Luis María Agost Careño y en la que la esposa del ex ministro Raúl Granillo Ocampo ocupó la vicepresidencia. Ambas firmas forman la Unidad Transitoria de Empresas (UTE), adjudicataria de la obra de la Ciudad Universitaria de la Ciencia y la Tecnología.
El expediente quedará inevitablemente en manos de un juez riojano, muy a pesar de los deseos de algunos funcionarios del Ministerio de Justicia, que días atrás hacían un razonamiento casi obligado: si la Justicia federal y local de La Rioja fue designada casi completa por el mismo poder político que nombró a Tello Roldán, �¿qué garantías de prosperidad tiene la causa en esta provincia manejada por los Menem?�, se preguntaban entre lamentos.
Con todo, las posibilidades de poner la UNLaR en orden podrían llegar por otro camino: en el área Anticorrupción no descartan para nada pedir la intervención de la institución, una posibilidad que ya prenunció hace más de un mes, ante la gravedad de los datos destapados, el secretario de Educación Superior, Juan Carlos Gottifredi. Ahora, inclusive, dentro del Ministerio de Educación se está realizando una investigación interna ya que todo indica que las gestiones precedentes habrían avalado o, al menos, callado ante las anormalidades en danza.
Cuando en los próximos días desembarque en los tribunales, la Oficina Anticorrupción pondrá énfasis en datos relevados por la Sigén:
 La UNLaR habría pagado un 15 por ciento de más, sin justificación, a la UTE por la contratación de equipamiento informático y mobiliario.
La universidad le pagó a la UTE 2.500.000 pesos de premio por haber anticipado el fin de la obra. La ley 13.064 establece que, si es conveniente apurar la terminación, las bonificaciones extra deben sentarse en las bases de la licitación. Nada de esto figuraba en los papeles.
La obra de la Ciudad Universitaria había sido adjudicada por 42 millones de pesos, pero terminó costando unos 53 millones. El mobiliario y la contratación de documentación de obra elevaron la cifra a más de 60 millones. �No existen constancias en el Ministerio de Cultura y Educación y en la UNLaR de antecedentes que revelen la existencia de estudios técnicos que justifiquen la necesidad de encarar la obra�, marcó la Sigén.
En la compra e instalación del equipo de aire acondicionado se pagó, según la Sigén, un sobreprecio de 4.250.000 pesos. El presupuesto originalestimaba que costaría 1.300.000; de acuerdo con los valores de plaza debía costar 5.500.000, pero la UNLaR terminó desembolsando 9.750.000.
En menos de dos meses la Sigén recibió de la Secretaría Académica tres datos distintos sobre el total de alumnos: el 31 de diciembre reportó 18.609 estudiantes, el 1º de febrero 22.191 y el 18 de febrero, 10.617. Según conclusiones que la Sindicatura manejaba el año pasado, la UNLaR había declarado cerca de 1600 matriculaciones más que el total de egresados de escuelas secundarias de la provincia.
Entre otras cosas, la FUNLaR se dedica a cobrar un arancel de 10 pesos mensuales a los alumnos y administrar ese dinero. Contra las normas vigentes, los destina a pagar algunos sueldos y gastos corrientes.
| Hasta Barra baja el pulgar
Justo cuando en febrero se conocían algunos datos alarmantes relevados por la Sigén, y después de los pataleos del rector, la Auditoría General de la Nación (AGN) mandó su propia inspección. Para que quede claro: la Sigén ejerce el control interno de los organismos del Estado y depende del aliancista Rafael Bielsa; la Auditoría opera el control externo y depende del hipermenemista Rodolfo Barra. Aunque la AGN aún no tiene datos oficiales, funcionarios del área dijeron a este diario que �al parecer esta auditoría está corroborando los desastres y ahora no saben qué hacer�. Consultado por Página/12, Barra dijo: �Una de nuestras gerencias está haciendo el trabajo de campo, yo no tengo información�. |
SOFOVICH, FREGA, DELORENZI, VIALE, ANTE GARMAZ
Cuando ATC era una fiesta
Los diez años de menemismo en el canal estatal ATC dejaron una huella muy profunda �sobre todo roja� que aflora en los libros contables de la emisora y muestran una deuda de 70 millones de pesos. Ayer, el interventor de ATC, Juan Carlos Abarca, envió a la Oficina Anticorrupción la auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (Sigén) en el canal, y donde se detallan irregularidades cometidas en la última década. Lo interesante es que no sólo quedan involucrados funcionarios de la gestión anterior, como Gerardo Sofovich y Horacio Frega, sino también los conductores Mauro Viale, Alberto Cormillot y el ex modelo Ante Garmaz.
Según informó la Intervención, la Sigén �que comenzó a trabajar en el canal el 23 de enero pasado� terminó la elaboración de un extenso informe. Los casos relevados incluyen, por ejemplo, contratos con empresas como MIA producciones, que pertenecía Manuela Isabel Altamirano, esposa de Horacio Frega, el ex presidente del canal, y que tenía como misión asesorar en el rubro artístico y de noticias. A pesar de que nunca se acreditó el servicio, la empresa recibió unos 168.000 pesos. Gerardo Sofovich también hizo de las suyas. Contrató a la firma TIBA para que transporte señal de video y audio sin ningún estudio de conveniencia. La firma recibió también el favor de utilizar un predio del canal que alquiló a un precio excesivamente barato.
La Sigén detectó, entre tantas irregularidades, que la coproducción realizada con la firma C.I.I. Obe SA de Simán Menem �la cual realizaba el programa �Un espacio en nuestro cuerpo��, generó una deuda de 98.405 pesos. La sobrina de Carlos Menem nunca saldó su deuda.
La empresa Cormillot Comunicaciones S.A., que preside el conocido médico dietista Alberto Cormillot, mantenía con la emisora una deuda de 90.686 pesos, correspondiente a la emisión del programa �Vivir Mejor� entre agosto del �98 y diciembre del �99. El entonces presidente del canal Horacio Delorenzi, firmó �un convenio de pago de 19 cuotas perjudicial para ATC�. Hasta la fecha no se hizo efectivo el pago de ninguna de las cuotas, lo que significa un incremento de la deuda que asciende a 130.000 pesos.
Mauro Viale es otro ítem de la auditoría de la Sigén. Viale firmó diferentes contratos con ATC. Según el informe, �lo pactado en cuanto a la distribución, es desigual y desfavorable a los intereses del canal�. Sin duda, el capítulo correspondiente a la deuda que Ante Garmaz mantiene con el canal es el más desopilante. El ex modelo solía hacer referencias publicitarias durante su programa que luego no pagaba. La deuda ascendió a 320.000 pesos y cuando decidió compensarla, lo hizo �con indumentaria y cosméticos que no tienen utilidad para el canal, y con valores no comprobables en el mercado�.
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