 Con algunos retoques al dictamen oficialista, Diputados le dio media sanción ayer al proyecto de ley de Emergencia Económica. Aunque votaron en contra, el justicialismo y Acción por la República dieron quórum, que la Alianza no había alcanzado la semana pasada al no poder reunir a su propia fuerza en el recinto. Así quedó habilitada la aprobación de una norma que permitirá al Estado postergar juicios, remover a funcionarios públicos de jerarquía, rescindir contratos firmados por la gestión menemista y cancelar con bonos los compromisos que la Nación tenga a favor de las provincias. Se trata de una de las normas más demandadas por Fernando de la Rúa desde que asumió la Presidencia de la Nación, como herramienta para emprolijar las cuentas públicas.
�Esto da más previsibilidad a la economía y, por lo tanto, permite bajar la tasa de interés�, sentenció ante este diario desde el recinto Raúl Baglini, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien defendió el dictamen de la Alianza con un discurso de 50 minutos que sirvió para abrir la sesión de ayer. �Tenemos que enfrentar 19 mil millones de pesos por sentencias judiciales adversas�, advirtió Darío Alessandro, jefe del bloque oficialista, al cerrar la lista de oradores.
La iniciativa aliancista tiene dos puntos que irritan al justicialismo. Uno, que el principal argumento invocado por la Alianza para establecer estas reglas excepcionales sea el supuesto desquicio de las cuentas públicas que dejó la gestión anterior. Otro, que la ley dará muchas atribuciones al Poder Ejecutivo, habilitándolo a la rescisión de contratos suscriptos por el gobierno de Carlos Menem.
Los puntos centrales de la iniciativa que recibió dictamen favorable son:
 Se declara la emergencia económica financiera del Estado por el término de un año, con la posibilidad de ampliarse a dos.
Se faculta al Poder Ejecutivo a disponer la rescisión de los contratos, sean de obra, de servicios, de suministros o consultoría celebrados antes del 10 de diciembre.
El Poder Ejecutivo podrá reubicar al personal de su ámbito a fin de obtener una racionalización de los recursos humanos existentes, y dentro de la zona geográfica del empleado.
El PE nacional queda autorizado a dejar sin efecto por razones de servicio la asignación de funciones ejecutivas, gerenciales o equivalentes, cuyos titulares gozarán de estabilidad en el mismo nivel en el que se desempeñaban.
El personal alcanzado por dicha medida tendrá derecho a recibir una indemnización equivalente a un mes del suplemento que percibía por el ejercicio de esa función.
Se suspenderán los plazos procesales de los juicios contra el Estado hasta que el tribunal de oficio o el letrado comuniquen a la Procuración del Tesoro nacional su existencia, carátula, radicación, estado procesal y monto pretendido.
La Procuración del Tesoro de la Nación tendrá 20 días hábiles a partir de la notificación para tomar intervención que ella considera pertinente. Vencido este plazo, se reanudarán los términos procesales.
Se consolidarán las deudas posteriores al 31 de marzo de 1999 hasta el 1º de enero del 2000 con un bono a 16 años para las obligaciones con proveedores y de 10 años para las obligaciones previsionales.
Se exceptuarán de este régimen las obligaciones asumida por el Estado con los jubilados originadas en el régimen de cancelación que se hubiera previsto realizar en efectivo, y las deudas con la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Reaseguros.
Faculta al PE nacional a proponer el saneamiento de las deudas de la Nación con las provincias mediante un bono de consolidación de deudas.
ORGANIZAN UN GRUPO DE CHOQUE DE ESPECIALISTAS EN SERVICIOS PUBLICOS
Técnicos del PJ, como el Ave Fénix
Por Cledis Candelaresi
A escasos tres meses de abandonar el gobierno, el justicialismo resolvió vigorizar su propuesta para crear una comisión parlamentaria bicameral que fiscalice el funcionamiento de los entes de control de las empresas privatizadas. Por el contrario, el Gobierno sostiene el criterio de reafirmar la potestad que el Poder Ejecutivo tiene sobre esos órganos, sin abrir el juego al Congreso. Sin embargo, aquella iniciativa no es ajena a los legisladores aliancistas, muchos de los cuales meses atrás estamparon su firma en un despacho favorable al proyecto que el diputado Mario Cafiero intentará motorizar en la Cámara Baja.
La intención de reflotar este proyecto es sólo un punto de partida de una embestida del justicialismo destinada a recuperar el terreno político que perdió con la derrota electoral. El martes por la tarde el salón Pablo Picasso del Hotel Inter-Continental fue desbordado por los asistentes al primer acto público del Instituto Argentino de Servicios Públicos, entidad que crearon los técnicos del PJ poco antes de los comicios de octubre, cuando ya suponían que las urnas les serían adversas.
�Lo que quisimos fue evitar la diáspora de especialistas en el tema servicios públicos y regulación. Mientras los gobernadores y potenciales candidatos discuten quién será el próximo postulante a la Presidencia de la Nación, nosotros preferimos construir desde una organización técnica un espacio de poder con miras al 2003�, sintetizó ante Página/12 uno de los técnicos promotores del Instituto.
Su primera publicación fue el texto completo del marco regulatorio general de los organismos de control y regulación de los servicios públicos, y su primer acto público, un seminario para debatirlo. A la convocatoria asistieron las figuras clave que el PJ tiene tanto en el Parlamento (el diputado Oscar Lamberto y el senador José Luis Gioja, autoridades de las comisiones de Presupuesto y Hacienda) como en los entes de control, como Eduardo Mertehikian, ex director del Orsna y auditor general; Andrés Repar, director del Enargas; Juan Legisa, titular del ENRE, y Eduardo Cevallo, presidente del Etoss.
El proyecto legislativo en cuestión dispone que todos los órganos de control se creen por ley (actualmente sólo el Enargas y el ENRE lo están) y crea una Comisión Bicameral de Políticas Regulatorias y Defensa del Interés General, que tendrá entre sus potestades la de proponer al Poder Ejecutivo ternas de candidatos al directorio de los entes reguladores (si el PEN censurase esas postulaciones, el Congreso tendría la facultad de insistir con simple mayoría), de evaluarlos y de destituirlos.
Se trata de una versión atenuada del denominado �superente� de control, que el justicialista Humberto Roggero impulsó durante los dos últimos años de la gestión justicialista. El punto de partida fue la exigencia planteada por el Banco Mundial para otorgar en 1998 un crédito para reformas estructurales: el dinero sería desembolsado si el gobierno reestructuraba los órganos de control, afianzando su independencia.
Entonces, bajo el padrinazgo de la Jefatura de Gabinete, un equipo de especialistas comenzó a discutir el texto que luego fue muy debatido en el Congreso. Disgustado porque la iniciativa no plasmaba sus criterios de reafirmar la dependencia funcional del PEN, el entonces ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, rompió lanzas y consiguió colar sus ideas en una iniciativa elevada por el frepasista Marcelo Vensentini. Retoques mediante, ésta terminó fundiéndose con la que proponía entonces la mayoría, que consiguió un dictamen a favor.
Ya en vísperas de las elecciones, la propuesta duhaldista denominada Concertación Ahora eclipsó cualquier otra discusión. Ahora, el PJ sueña reflotar el proyecto, con el respaldo técnico del Instituto. Pero para hacerlo deberá convencer al ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, poco proclive a darle al Parlamento injerencia en el tema.
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