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 Las
Abuelas de Plaza de Mayo pedirán al presidente Fernando de la Rúa la
anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. �Sería muy
digno que anule estas leyes para que se pueda volver a juzgar a los
responsables del genocidio�, dijo la titular de la entidad, Estela de
Carlotto. La nulidad de las normas permitiría el juzgamiento de los
genocidas exculpados por el cese de los procesos judiciales. Carlotto,
además, contrastó las declaraciones con que el ex jefe del Ejército,
Martín Balza, reconoció el jueves ante la Justicia que existió un plan
sistemático de sustracción de niños durante la dictadura, con las que
días atrás su sucesor, el general Ricardo Brinzoni, había negado esa
posibilidad a rajatabla. �Me llama la atención �señaló� que Balza
me dijo que lo iba a reemplazar un hombre que tenía su mismo estilo,
conciencia, apertura y me pidió que confiara�.La proclama de Abuelas, que Carlotto formuló después del acto de inauguración del Primer Congreso Internacional sobre la Construcción de la Memoria Colectiva, en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, revive una vieja polémica. El debate parlamentario en Diputados sobre qué hacer con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final �que eximieron de castigo a cerca de 1300 militares responsables de violaciones a los derechos humanos, muchos de los cuales hoy están retirados� marcó una clara división de aguas dentro de la Alianza a comienzos de 1998. En aquel entonces una mayoría de radicales y algunos frepasistas acordaron con el justicialismo la derogación de ambas leyes. En cambio, un pequeño sector del Frepaso, encolumnado tras un proyecto impulsado por Alfredo Bravo y Juan Pablo Cafiero, pidió la nulidad. A diferencia de la derogación finalmente votada, que no tiene efectos retroactivos debido al principio de la �ley más benigna�, la anulación de las normas hubiera abierto el camino para que se juzgue a los represores. Para Carlotto ayer fue el momento justo para anunciar que no descarta esa posibilidad y es lo que le piensa solicitar a De la Rúa. �Es un clamor no sólo de Abuelas sino de toda la sociedad, a la que no le gusta convivir con los asesinos�, manifestó. En cuanto a Brinzoni, la titular de Abuelas acotó que �ha cometido desaciertos al decir que no hay archivos de la represión ilegal y que no hubo un plan sistemático de apropiación de niños, pero resulta que ahora Balza �lo deja pagando�, porque dice todo lo contrario�. La posible nulidad está también a estudio de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, que tiene que resolver un expediente en el que Federico Gómez Miranda �hijo del desaparecido Conrado Gómez�, a través de su abogado Eduardo Barcesat, argumentó que se trata de normas inconstitucionales y nulas por ser contrarias a pactos internacionales sobre derechos humanos. En esa causa Gómez acusó al represor Alfredo Astiz por la desaparición de su padre y pidió que fuera juzgado por genocidio. A su vez, hay otro debate pendiente: los abogados que impulsan el juicio contra militares argentinos en España dicen que, si no se ha castigado en Argentina a los genocidas, es por falta de voluntad política de los jueces ya que lo que está en juego son delitos permanentes. La sola derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dicen, facilita una doble lectura en este tema. Por lo pronto, la histórica posición del radicalismo no parece preanunciar aires de cambio. LA CAMARA FEDERAL
ORDENO UN ADN COMPULSIVO
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