Por Miguel Bonasso
 Confirmando lo anticipado por Página/12 el domingo 19 de marzo último, el nuevo director de Migraciones, Angel Roig, dispuso instruir dos sumarios administrativos a fin de investigar �presuntas irregularidades� cometidas durante la gestión de su antecesor, Hugo Franco. Por su parte, el señor Franco �que ejerció la conducción de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) durante los últimos cinco años del gobierno de Carlos Menem� dirigió una carta al editor responsable de Página/12 quejándose de una supuesta campaña de este diario en su contra y pretendiendo refutar informaciones ampliamente documentadas que formaban parte del citado artículo. Los sumarios iniciados por las nuevas autoridades, el mismo día en que Franco escribió su carta (20 de marzo), constituyen la más clara demostración de que este articulista no actuaba de manera �liviana�, �arbitraria� o �irresponsable� (Franco dixit), cuando informó a los lectores que el nuevo director Roig investigaba irregularidades presuntamente perpetradas durante la administración anterior.
La disposición del director de Migraciones número 2812 (expediente 204.445/2000) ordena la instrucción de un sumario administrativo a efectos de investigar �los hechos publicados en el matutino Página/12� y �deslindar eventuales responsabilidades�. Lo cual supone que atribuye a estas informaciones la suficiente entidad y gravedad como para intentar esclarecerlas.
La segunda disposición (la número 2874 que se vincula al expediente 203.832/2000) se refiere específicamente a una irregularidad no denunciada por el artículo en cuestión. En este caso se investiga si los gastos de viáticos y movilidad que cobraron diversos agentes de la DNM fueron efectivamente realizados o no. Porque en algunos casos hay groseras contradicciones: algunos funcionarios que figuran �en comisión� en alguna delegación del interior aparecen, en la misma fecha, registrando su asistencia en las oficinas centrales de la Dirección en esta capital. No son estos, por cierto, los únicos sumarios: en la nota del domingo pasado se reveló que el jefe de personal de Franco, el ex marino Pedro Rivas (a quien diversas fuentes vinculan con la represión clandestina en la ESMA) está sumariado y suspendido por realizar dos contrataciones sin autorización del director Roig.
En su extensa carta, Franco le reprocha personalmente al autor de esta nota que no haya chequeado la información referida al tráfico de orientales, ya que en este rubro no sólo no pesan acusaciones contra él sino que habría sido por su gestión y su �expresa disposición� que se radicaron ante la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional de esta Capital, �numerosas denuncias tendientes a individualizar y sancionar a traficantes de personas�. En este caso podría decirse que Franco se defiende de un ataque inexistente, porque la nota que motiva su aclaración refiere que hubo dos causas vinculadas al tráfico ilegal de inmigrantes �una radicada en el juzgado federal de Alberto Santamarina y la otra en el de Claudio Bonadío�. �La causa radicada en el juzgado de Bonadío �dice la nota� se originó en la denuncia de un abogado de apellido Bernstein que estaba vinculada a tareas de gestoría y está cerrada sin que pese ninguna acusación contra el anterior responsable de la DNM.� O sea que la información fue convenientemente chequeada en fuente judicial responsable y se consignó �como corresponde� que no pesaba �ninguna acusación� contra Franco. Además, al resaltar el carácter de �gestor� del denunciante Bernstein, se abría una duda razonable sobre la legitimidad de una denuncia que podía originarse en intereses personales contrariados.
A Franco �no deja de extrañarle que el periodista Bonasso funde su artículo en denuncias realizadas hace varios años ante la Justicia federal, donde ya se investigaron los hechos a los que se refiere su nota,como así también la responsabilidad que me cupo en los mismos, siendo en todos los casos sobreseído por diferentes magistrados�. Con todo el respeto que pueden merecer los fallos de la Justicia, no sería éste el primer caso en el que pueden existir distintas visiones entre jueces y periodistas sobre los mismos hechos. Sobre todo cuando aparecen denunciados, en fechas recientes, por diversas fuentes no conectadas entre sí y avalados por una profusa documentación, de la que se ha utilizado solamente una parte. Pero, aunque se aceptara el principio de �cosa juzgada� que Franco invoca para refutar la información, cabría señalar que el artículo en cuestión incorpora datos posteriores al fallo del juez federal Carlos Liporaci que anexa (octubre de 1996). Datos reveladores de que el sistema de contrataciones especiales que llegó a sumar 520.000 pesos en noviembre de 1999 estaba tan �inflado� que debió ser recortado por el nuevo director a 180.000. O las investigaciones sobre contrataciones directas irregulares que encaran las nuevas autoridades. O el hecho menor, pero significativo, de que Franco tuviera dos secretarias privadas con el estupendo sueldo de 4300 pesos para cada una.
Por último, el antiguo director de la DNM y actual asesor del senador Carlos Corach atribuye a �especulaciones personales carentes de todo fundamento real� su vinculación con el masserismo y la ESMA. Ni son �especulaciones� ni son �personales�; diversas fuentes políticas y periodísticas han dado cuenta de esos lazos, que terminan de anudarse con una nueva evidencia: el papel jugado en la DNM por el marino Pedro Rivas, el jefe de personal que nombró Franco y hoy está suspendido y sumariado.
LAS DENUNCIAS DE ANTONIO RUSSO, EX INSPECTOR DE MIGRACIONES
�El se siente impune e influyente�
Por M.B.
�Por denunciar lo mismo que usted publicó en el diario sobre Hugo Franco, a mí me golpearon con una manopla, me amenazaron de muerte, me violaron el domicilio y me obligaron a dejar mi trabajo y mi país�, declaró el militante radical sanjuanino Antonio Ricardo Russo a Página/12. Russo, que se define como muy cercano al alfonsinismo y al ex ministro del Interior, Enrique �Coti� Nosiglia, se refirió en duros términos al ex director nacional de Migraciones, Hugo Franco, a quien acusa de haber cometido graves irregularidades en las obras de remodelación de la Dirección y haber �contratado algunos saqueadores del patrimonio nacional que aún están en funciones�.
Russo, un hombre mediano y robusto, de cara redonda y sanguínea, enrojece de furia evocando su peripecia en la Dirección Nacional de Migraciones, donde fue nombrado por el finado ministro del Interior radical Antonio Tróccoli y de la que se tuvo que ir cuando se enfrentó con Franco y fue declarado inepto para la tarea de inspector. Desde entonces no ha cesado en sus denuncias contra un hombre que, para él, �se siente impune e influyente porque se cree que abre las puertas de la iglesia�.
Como otros inspectores, el radical sanjuanino comenzó a tener conflictos con Franco cuando el funcionario menemista ordenó que se incluyera a los jefes departamentales en el cobro del fondo común del SEFHO (Servicios Extraordinarios fuera del Horario Oficial) que antes se repartía exclusivamente entre los inspectores que cubrían horas extra. Con el paso del tiempo sus roces administrativos y políticos se hicieron más frecuentes. Tanto con Franco, quien según él se expresó en términos muy groseros respecto del ex presidente Raúl Alfonsín, como con algunos de sus colaboradores como el comisario Carlos Brunet, el marino Pedro Rivas y otros funcionarios, nombrados con �contratos exorbitantes�, como Carlos Muñoz y Horacio Peirone, de quienes no entiende �cómo siguen todavía en funciones�. El conflicto llegó a su clímax cuando Russo, munido de una gruesa carpeta con fotocopias de facturas, resoluciones y otros documentos, formalizó una denuncia ante el Ministerio del Interior, cuyo titular era entonces Carlos Corach. Tras una entrevista con un alto funcionario en una dependencia de la avenida Alem, fue interceptado por dos hombres que viajaban en un Renault 18 y lo golpearon con una manopla, provocándole lesiones que �según él� obligaron después a una intervención quirúrgica. Después del ataque empezó a sufrir amenazas y persecuciones. Alguien se metió en su casa y le revolvió todo y pronto advirtió que tenía el teléfono controlado y lo seguían a toda hora. Su denuncia, afirma, corrió la misma suerte que los pedidos de informes de varios diputados y senadores de la UCR, el Frepaso y el cavallismo, que �nunca fueron contestados�. No quiso ir a la policía porque �ellos controlaban todo� y tampoco se presentó ante �una Justicia sometida�. Hoy se confiesa �entristecido� con algunos de sus correligionarios y apela al propio presidente Fernando de la Rúa, para que le hagan justicia. �En este país �suspira� la democracia va a funcionar cuando algún �intocable� vaya a la cárcel y no sólo los ladrones de gallinas.�
|
