Por Eduardo Videla
 �Todas
las argumentaciones que tienden a sostener posiciones demagógicas no
solucionan la seguridad sino que son meros discursos facilistas�, dice
el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, para
salir al cruce de quienes, de un lado y otro de la General Paz, propician
el endurecimiento del régimen penal y la �mano dura�. Con perfil
bajo, el ministro polemiza con la idea del secretario de Seguridad,
Enrique Mathov, de darle mayores atribuciones a la policía, e inició una
inédita consulta sobre el tema a todos los jueces y fiscales nacionales.
En una entrevista con Página/12, propuso en cambio reformas integrales
para el funcionamiento de las cárceles, un régimen penal para los
menores de 16 años, mayor prevención y mejoras en el sistema
penitenciario. Dice además que no fue consultado por los pliegos de
ascenso a militares cuestionados por violaciones a los derechos humanos.
�¿El Presidente le dio instrucciones para que estudie un proyecto para
otorgarle mayores atribuciones a la policía?
�No. El Presidente no me encomendó elaborar ningún proyecto sino que
me solicitó que estudiara la cuestión, que preparara un informe, y que
consultara a los operadores del sistema: fiscales, jueces y la policía.
�¿Y cuál es su opinión?
�Hace mucho que se discute sobre esta facultad policial. La policía
tuvo esa atribución, pero dio lugar a muchas polémicas y fue eliminada:
ahora, lo único que puede hacer es establecer la identidad del detenido.
El problema de esa atribución es qué validez tiene la prueba que se
obtiene a partir de esos dichos. Si se obtiene bajo coacción, la prueba
puede ser anulada aunque el interrogatorio sea legal.
�La propuesta del secretario de Seguridad, Enrique Mathov, habla de una
pregunta orientadora para proseguir la investigación.
�Hay muchas legislaciones que permiten a la policía tomar declaración
indagatoria, con todas las garantías. Pero lo que ocurrió muchas veces
en la Argentina es que estas facultades dieron lugar a gran cantidad de
excesos, por lo cual se decidió cortar por lo sano.
�En definitiva, ¿le parece necesario devolver a la policía esa
facultad?
�No creo. No se ha demostrado la eficacia de esta atribución. Se
aplicaría en un segmento muy escaso, cuando el autor es sorprendido in
fraganti. Además, hemos comparado los resultados obtenidos en la
investigación cuando existía esa facultad y cuando se derogó. Y los
resultados son muy similares.
�En el Consejo de Seguridad Interior se planteó un posible consenso con
las provincias en materia de seguridad. ¿Se puede consensuar con la
línea dura de Aldo Rico?
�En materia de seguridad no se puede hablar de mano dura ni mano blanda
sino de poder aplicar la ley, que el sistema de seguridad y el sistema
penal funcionen y que la gente pueda sentirse más segura. Todas las
argumentaciones que tienden a sostener posiciones demagógicas no
solucionan la seguridad sino que son meros discursos facilistas. La
seguridad es un tema complejo, serio, y hay que encararlo de esta manera.
Lo que se habló en el Consejo es ver de qué manera se pueden articular
los distintos segmentos para poder conformar una política criminal
eficaz.
�Los candidatos traen expertos de Estados Unidos y hay dirigentes que
viajan a Nueva York, con la intención de importar la doctrina de la
tolerancia cero. ¿Cómo lo ve?
�Me parece muy importante poder relevar la experiencia comparada. Pero
hay que separar esas intenciones del marketing político. Es muy
importante que los candidatos tomen contacto con esta realidad. Ahora,
esto no quiere decir que uno pueda trasladar automáticamente modelos de
un lugar a otro.
�Ruckauf quiere eliminar la ley del dos por uno, a la que considera
responsable por la libertad anticipada de condenados. ¿Cuál es su
posición?
�Esa ley penaliza al Estado que se excede en el tiempo del juicio
computando mejor el tiempo de prisión preventiva. La pregunta es ¿dónde
está el defecto?, ¿en la ley o en que los juicios son muy largos?
�Según Ruckauf, la ley penaliza a la sociedad al liberar al delincuente
antes de tiempo.
�La obligación del Estado es que el sistema penal funcione y que los
juicios sean en tiempo razonable. Hay que buscar de qué manera
equilibramos esto. Ojo, la ley del dos por uno es una reglamentación
posible, puede ser otra. El legislador puede decir que el tiempo razonable
no son dos años sino tres.
�Ruckauf dijo que no adherirá al plan de desarme de la población
impulsado por su ministerio, para no dejar desarmada a la sociedad frente
a los delincuentes. ¿Qué opina?
�En realidad, no hay un programa nacional de desarme. Se ha alertado que
el perfil de los hechos que más preocupan a la sociedad son los delitos
violentos, contra la propiedad, con la utilización de armas de fuego.
Esto supone la necesidad de establecer un control muy estricto acerca de
la entrega de armas a la comunidad y de buscar mecanismos que tiendan a
recolectar las armas que están circulando fuera del control de la
autoridad. Entendemos que la mayor circulación de armas en la sociedad
facilita la comisión de delitos.
�¿Tanto por parte del que las usa para delinquir como de quien las
tiene para su defensa?
�Por supuesto que toda persona tiene derecho a defenderse de una
agresión ilegítima. Lo que destaco es que la posesión del arma aumenta
también el riesgo. Quien utiliza su arma frente a un delincuente no sólo
puede tener éxito: también está poniendo en riesgo su propia vida y la
de terceros, aumenta la escalada de riesgo. No es cuestión de dejar
indefensa a la sociedad sino de ser conscientes de que la mayor cantidad
de armas estimula la producción de situaciones de violencia.
�Sin embargo, la sociedad no recibe del Estado una respuesta
alternativa: ¿qué hacer en lugar de armarse?
�Brindar seguridad a los habitantes no sólo es una obligación del
Estado, es una de las razones que justifica la existencia de un Estado.
Por lo tanto, es responsabilidad del gobierno nacional, de las provincias,
establecer medidas eficaces para que la gente se pueda sentir segura.
�Según las estadísticas del ministerio, el delito que más creció
últimamente es el robo violento con armas cometido por jóvenes de 15 a
25 años. ¿Este perfil permite elaborar una política criminal?
�Ese es el perfil del delito de calle �que no es tan grave en costo
social como la evasión, el contrabando o el narcotráfico�, pero es el
que más afecta a la gente. En ese sentido se han orientado las
propuestas, como penalizar más severamente el uso de armas de fuego, una
aplicación más estricta de la ley penal, un régimen penal juvenil, y
mejorar la eficacia de la vigilancia policial, pues estos delitos no se
cometen en sitios cerrados, pasan en lugares sujetos a la vigilancia de la
autoridad pública.
�¿Cuál es su posición sobre los pliegos de ascenso de militares
cuestionados por violaciones a los derechos humanos, que envió el
Ejecutivo?
�El Senado tiene que atender cuidadosamente todos estos reclamos,
cuidando de que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas quienes hayan
cometido violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, también es
atendible que en el ejercicio de esta tarea no se comentan injusticias. Ha
habido casos de homónimos...
�¿Usted no fue consultado?
�No he tenido ninguna intervención.
�Se han denunciado presiones sobre la Oficina Anticorrupción por parte
de funcionarios del PAMI. ¿Está garantizada la independencia de ese
organismo?
�Hemos verificado que no ha habido ninguna interferencia del Gobierno en
ese organismo. Y en la resolución, que es pública, puede constatarse que
la causa se archivó porque no hay lugar para la promoción de la
denuncia.
EL ESCANDALO DE LAS SALIDAS
IRREGULARES DE PRESOS
La mira, en los informes
carcelarios
Por E.V.
�A raíz del
escándalo por la salidas irregulares de detenidos en cárceles
bonaerenses, el gobernador Ruckauf propuso restringir las salidas
transitorias de los condenados por homicidios. ¿Cuál es su opinión?
�El caso de la provincia de Buenos Aires es un caso patológico,
inadmisible: que alguien haya recuperado la libertad sobre la base de
malos informes penitenciarios. Pero el defecto no está en la posibilidad
de las salidas anticipadas. Nuestro sistema nacional de ejecución de la
pena es un sistema progresivo en el cual el interno primero es observado,
de ahí se lo clasifica, luego hay un período de tratamiento y luego otro
de prueba, porque el criterio de la pena privativa de libertad es la
posibilidad de que el individuo pueda reinsertarse en el sistema social.
por lo cual, el defecto no está en la norma sino muchas veces en la
ejecución que de ésta se haga. Nosotros estamos analizando y seguramente
vamos a efectuar algún cambio en el sistema federal de reglamentación de
estos informes para tratar de conjurar al máximo la posibilidad de que se
cometan estos errores.
�En el Servicio Penitenciario Federal también se han detectado salidas
irregulares de detenidos, supuestas complicidades entre guardiacárceles y
los detenidos que salen a robar.
�No tengo presente esos casos. De todas formas, lo que compete al Estado
es extremar los recaudos para que estos hechos no sucedan.
�¿Cree que las cárceles cumplen con el propósito de readaptar y
reeducar a los internos?
�Creo que es el punto al cual se tiene que aspirar. El sistema
carcelario argentino no está bien. Arrastra décadas de desinversión y
de desatención y, en realidad, es un punto clave dentro de una política
criminal eficaz, porque si uno no le da al detenido condiciones dignas de
vida, de alojamiento, si no le puede brindar educación y trabajo, no
consigue que esta prevención especial pueda ser efectiva. La pena no
tendrá sentido. La eficacia del sistema carcelario se mide por su tasa de
reincidencia. Lo primero a lo que debe aspirar la sociedad es que el
individuo que va a la cárcel, cuando salga, no vuelva a delinquir. Mas
allá del castigo, la pena tiene una clara finalidad de prevención, la
readaptación y reeducación el interno. Este principio, incluso, quedó
incorporado en la enmienda constitucional del �94.
| Régimen penal para menores
�Se ha discutido mucho sobre si se debe bajar o no la edad de
imputabilidad. ¿Cuál es la posición del ministerio?
�El actual régimen de menores colisiona con la Convención por los
Derechos del Niño, pues dispone que tanto el menor que es autor como
el que es víctima de un delito queda expuesto a la discrecionalidad
del juez. Esto es malo para el menor y para la sociedad. La
imputabilidad es una es una discusión hipócrita. Porque cuando se
dice que el menor de 16 años es inimputable, se quiere decir que lo
que se toma respecto de él son medidas de seguridad tutelares, no son
penas. Pero esto es falso, porque vía medidas tutelares, los menores
también son privados de libertad, son encerrados sin posibilidad de
control alguno. Las normas sancionadas en la región apuntan a un
régimen penal juvenil. Para el menor de 16, cuando comente hechos
graves, debe existir la posibilidad de una pena o una sanción, pero
dándole los mismos derechos que los adultos, con el debido proceso,
con la posibilidad de defenderse.
�¿En qué consistiría ese régimen penal?
�Las sanciones deben ser diferentes de las del adulto, pues el menor
está en proceso de formación. La respuesta de la ley penal tienen
que ser flexible. En los casos más graves, debe ser la privación de
la libertad.
�¿El ministerio tiene un proyecto en ese sentido?
�Voy a reunirme en abril con los legisladores para consensuar un
proyecto. |
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