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Por Julio M. Lázaro
y José Miguel Larraya
Desde Madrid
 La
Audiencia Nacional española abrió ayer el tercer proceso por genocidio
en un país latinoamericano. El juez Guillermo Ruiz Polanco se declaró
competente en la querella presentada el pasado diciembre por la Premio
Nobel de la Paz Rigoberta Menchú por supuestos delitos de genocidio,
tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal contra el pueblo maya,
cometidos en Guatemala. Los hechos se circunscriben cronológicamente al
tiempo de �la guerra que azotó durante 36 años a Guatemala�, y más
concretamente al período investigado por la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico, que comprende los años 1962 a 1996.
En alusión a la postura contraria del fiscal, Ruiz Polanco asegura que
España tiene que vigilar y suplir la falta de actividad de la judicatura
guatemalteca. �Actuar de otro modo sería una alcahuetería imperdonable
y prevaricadora�, dijo. El juez acordó dirigir el procedimiento contra
las siguientes personas: el general Efraín Ríos Montt, jefe del gobierno
por golpe de Estado entre marzo de 1982 y agosto de 1983, y actual
presidente del Congreso de Diputados de Guatemala; el general Oscar
Humberto Mejías, jefe de gobierno por golpe de Estado desde agosto de
1983 hasta enero de 1986; el general Fernando Romeo Lucas García,
presidente de la República de Guatemala de 1978 a marzo de 1982; el
general Angel Aníbal Guevara Rodríguez, ministro de Defensa; Donaldo
Alvarez Ruiz, ex ministro de Gobernación, actualmente residente en Miami
(EE.UU.); el coronel Germán Chupina Barahona, director de la Policía
Nacional durante el gobierno de Lucas García; Pedro García Arredondo,
jefe del Comando 6 de la Policía Nacional durante el gobierno de Lucas
García y contra el general Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor
del Ejército durante el mismo gobierno que los dos anteriores.
El gobierno de Guatemala ha procedido a suspender los programas de
cooperación con España para la formación de la nueva Policía Nacional
Civil (PNC), que impartían instructores de la Guardia Civil española, en
represalia por la decisión de ayer de la Audiencia Nacional española de
abrir una investigación sobre la crímenes cometidos por la dictadura
militar guatemalteca. El Ministerio de Asuntos Exteriores español se
limitó el lunes a expresar su respeto por las decisiones judiciales sin
entrar a opinar sobre el fondo de la decisión de la Audiencia Nacional.
España sufrió directamente los excesos de la dictadura militar
guatemalteca en el asalto a la Embajada de España el 31 de enero de 1980
en el que murieron 37 personas �entre ellas, el primer secretario de la
embajada, Jaime Ruiz del Arbol� y que originó la ruptura de relaciones
diplomáticas entre los dos países. España formó parte después, junto
a México, Venezuela, EE.UU., Colombia y Noruega, del grupo de países
amigos del proceso de paz que jugó un papel decisivo a lo largo de cinco
años de negociaciones.
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