Por José Natanson
 l aviso oficial que muestra a unos sindicalistas de aspecto temible es el primer paso de la ofensiva lanzada por el Gobierno para conseguir que el Senado sancione la reforma laboral. La estrategia podría traducirse en movidas más concretas si los senadores y sindicalistas del PJ continúan trabando el proyecto: fuentes de la Casa Rosada aseguraron ayer a Página/12 que el Gobierno podría excluir a los gremios del manejo de los fondos de las obras sociales y, como recurso de última instancia, convocar a un plebiscito sobre la reforma. Alberto Flamarique, de todos modos, negó la posibilidad de recurrir a un decreto que reemplace a la ley.
Ayer por la tarde, De la Rúa y el ministro de Trabajo recibieron en la Casa Rosada al presidente provisional del Senado, José Genoud, y al titular del bloque de la Alianza, Raúl Galván. El cónclave continuó anoche con una cena en la quinta de Olivos en la que también estuvo Carlos �Chacho� Alvarez.
La postura oficial fue subrayada por De la Rúa durante las reuniones de ayer. Hay tres ejes clave �dijo el Presidente� que son inmodificables y que el Gobierno debe excluir de cualquier conversación con el peronismo: la descentralización de las negociaciones gremiales, la prevalencia del convenio menor sobre el mayor y el fin de los convenios ultraactivos.
Ante el empantanamiento de la ley en la Cámara alta, el Gobierno decidió profundizar su presión sobre el bloque de senadores del PJ, que duda sobre la conveniencia de aprobar la ley, y sobre la CGT oficial, que la semana pasada produjo un giro desconociendo el acuerdo inicial por la reforma firmado con el Ejecutivo.
Hasta ahora, la ofensiva oficial es discursiva. Ayer al mediodía, luego de la reunión de gabinete, los funcionarios endurecieron notablemente sus declaraciones. �Me parece que están demorando las leyes y poniéndolas al servicio de la campaña de (Domingo) Cavallo y (Gustavo) Beliz�, señaló Alvarez sobre los senadores justicialistas. �La ley ataca beneficios y privilegios que detentan las organizaciones sindicales. El Gobierno cree que se debe votar el proyecto tal como salió de Diputados porque cada día que pasa son puestos de trabajo que no se generan�, completó más tarde Flamarique.
Las declaraciones sintonizan con el espíritu del aviso creado por el tándem Darío Lopérfido-Antonio de la Rúa, en el que se critica a los sindicalistas y se asegura que la nueva ley contribuirá a combatir el desempleo. Ayer, Armando Cavalieri se reunió con el Presidente para pedirle que suspenda la difusión del spot (ver aparte), pero cerca de De la Rúa aseguraron que el aviso permanecerá en el aire hasta el jueves, tal como estaba previsto.
El spot y las declaraciones de los funcionarios constituyen sólo el paso inicial de una reacción más amplia, que el Gobierno profundizará en caso de que los senadores intenten introducir modificaciones que desnaturalicen el proyecto girado por el Ejecutivo.
El segundo paso ya está decidido. El Gobierno podría romper el compromiso asumido por el ministro de Salud, Héctor Lombardo, de restablecer la participación sindical en el manejo de los 360 millones de pesos de la Administración de Programas Especiales (APE), uno de los puntos que decidieron a la CGT oficial a pactar con el Gobierno.
El plebiscito es el último recurso. Flamarique ya ha insinuado esta posibilidad, pero lo cierto es que una consulta popular requiere un importante gasto de tiempo, fondos y energía. Podría desgastar al Gobierno y su resultado es incierto: aunque la imagen de la gestión aliancista, y especialmente la del Presidente, sigue siendo buena, en el Gobierno creen que la ley podría despertar rechazos entre los ciudadanos.
La estrategia oficial se irá desplegando sólo si el PJ insiste en demorar el tratamiento del proyecto. De todos modos, ya comenzaron a aparecer las primeras voces del gabinete que cuestionan a Flamarique porsu manejo político del tema. �Tendría que haber jugado a fondo y sacar la ley sin consenso cuando se estaba tratando en Diputados. Pero retrocedió: armó la reunión con los Gordos en la Casa Rosada, pagó el costo político y ahora resulta que lo traicionan�, sostuvo un funcionario que, sin embargo, agregó que el ministro no podría haber dado ninguno de estos pasos sin el okey de De la Rúa.
ACUSACIONES PARA QUE NO ASUMA COMO DIPUTADO
�Bussi es asesino y genocida�
Por Felipe Yapur
Uno a uno fueron relatando los diferentes cargos y responsabilidades que Antonio Bussi cumplió durante la dictadura militar y que significaron el secuestro, la tortura y la desaparición de cientos de tucumanos. Luego, con igual rigurosidad, detallaron las normas legales que impiden al ex represor ser diputado nacional. Los legisladores que integran la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento �que debe determinar si el militar puede incorporarse al Parlamento� escucharon con atención los argumentos y se comprometieron a realizar un trabajo serio. Sin embargo, la frase de Carmen Lapacó, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quedó resonando en el viejo edificio a modo de advertencia esperanzada: �Sólo esperamos que no nos defrauden como lo hicieron los senadores cuando ascendieron a militares acusados de violaciones a los derechos humanos�.
El encuentro estaba previsto desde hace una semana, y formó parte del análisis a las objeciones que se presentaron en contra del ingreso de Bussi al Congreso. Los organismos que expusieron en la Cámara baja fueron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Centro de Estudios Legales y Sociales, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Movimiento Ecuménico, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Servicio Paz y Justicia.
El vicepresidente de la APDH, Simón Lázara, afirmó que �el voto popular no justifica el crimen en magnitud porque si no hubiésemos sido nazis en la Alemania de 1939,� y dijo que Bussi �no tiene condiciones morales porque es un asesino y un genocida probado�. A su turno, y luego de relatar los cinco casos de niños desaparecidos en Tucumán, Rosa Roisumbuit de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló que �es indudable que la represión que se realizó en Tucumán fue cruel. Por ello no podemos concebir que un asesino fuera votado y ahora pueda ser diputado�. En tanto, Mabel Gutiérrez, de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, hizo un llamado a los legisladores para que dicten �una norma que impida a personajes como Bussi ocupar cargos electivos y ejecutivos�.
Sin duda, el testimonio que más conmovió a los presentes fue el que realizó Julio Alsogaray, quien fue invitado por la comisión para que relatara el caso de su hermano Juan Carlos, asesinado en Tucumán en febrero de 1976 cuando militaba en Montoneros. Alsogaray relató con lujo de detalles el encuentro que sus padres mantuvieron con Bussi cuando buscaban el cuerpo de su hijo muerto un mes antes del golpe militar. �Bussi hizo traer una carpetas �recordó� en ellas se podían ver fotos de personas muertas. Una de ellas era la de mi hermano�. Para Alsogaray las carpetas que el militar exhibió demuestra la existencia de listas que el Ejército tanto niega. Además dijo que �este individuo planteó que la guerrilla estaba diezmada previo al golpe militar, pero igual en Tucumán desaparecieron más de 400 personas en la dictadura, lo cual demuestra que hubo un solo terrorismo, el del Estado, que encarnaba Bussi�, agregó.
| Desaparecidos de Sociales
�Compañeros, ni olvido, ni perdón�, se escuchó ayer en la colmada aula magna de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Por primera vez, el personal no docente de la universidad rindió homenaje a los 500 trabajadores que fueron muertos, desaparecidos y cesanteados durante la última dictadura militar. Nora Cortiñas, la legisladora porteña Alicia Pierini y el decano de Sociales, Fortunato Mallimaci, participaron del acto que, además, dejó inaugurada la Comisión Permanente por los Derechos Humanos del gremio Apuba. En la UBA, la represión comenzó antes del 24 de marzo del �76. Ya en 1974, el rector interventor Alberto Ottalagano ordenó limpiar la universidad �de los contaminantes que la enferman.� Su nombre fue recordado por Pierini, quien también contó cómo fue expulsada de su cargo docente en la Facultad de Derecho ese mismo año. �Si en aquel momento hubiéramos podido leer los signos, la masacre que comenzó el 24 de marzo hubiera sido más difícil de realizar�, dijo. De las 500 víctimas, siete estuvieron detenidas, dos murieron. Ayer, sus nombres fueron recordados en voz alta. También la facultad donde trabajaban y el modo del secuestro. Presente, coreó, en cada caso, el recinto colmado por los propios homenajeados, empleados y ex-empleados de la universidad, familiares, estudiantes y autoridades académicas. |
|
