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 La Obra Social Ferroviaria, presidida por el abogado laboralista Oscar Valdovinos, ex gerente de la Anssal e integrante del Grupo Calafate durante la campaña presidencial de Eduardo Duhalde, está al borde de la liquidación. Su última prestadora médica, Siresa, cortó los servicios a los afiliados de La Fraternidad y de la Unión Ferroviaria en reclamo de casi cinco millones de pesos adeudados, el personal debió conformarse con un adelanto de sueldo de sólo trescientos pesos y se acumulan las demandas judiciales entabladas por los empleados de las dos concesionarias anteriores, que en su carácter de solidaria deberá afrontar OSFE. La conducción propuso el martes 14 de marzo a la Comisión Directiva la venta del Policlínico Central, que no atiende a los afiliados desde el año pasado, del de Tucumán y del geriátrico de Cosquín. Para ello sus abogados están buscando la forma de eludir las restricciones derivadas del decreto firmado hace 45 años por Juan D. Perón, que condicionó la cesión de los terrenos fiscales de Retiro a que en ellos se levantaran �los edificios para el Policlínico de Asistencia y Previsión Social para Ferroviarios�.El viaje hasta esta última estación tuvo varias escalas. El último prestador, Siresa, era una ex gerenciadora del PAMI, contratada a sugerencia de Antonio Mario Guidazio, el gerente general de la obra social. Valdovinos lo designó en esa función luego de que Matilde Svatetz de Menéndez lo despidiera del PAMI, en marzo de 1992, por �negligencia grave�. Antes, el Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario había entregado las prestaciones a Innovación Médica (IMSA), que el médico Mario Kamelman Levitin creó sólo para ejecutar ese contrato. El 28 de setiembre de 1993 Valdovinos pidió a los oferentes que precisaran �siquiera (sic) el perfil del criterio prestacional que caracterizaría a la gestión del establecimiento�, dado que el proyecto no incluía �referencia concreta alguna al programa de atención médica que debe constituir�. Ante esa observación, el programa médico-hospitalario y de salud se elaboró en un tiempo record de dos días. IMSA se constituyó el 19 de noviembre con un capital de 102.000 pesos y como primera medida propuso efectuar, por 300.000 dólares, una consultoría de tres meses para �definir en su totalidad el proyecto�. La comisión técnica asesora consideró �antijurídico y antiético comprometer en plazos y montos por algo que el Instituto va a saber recién a los 90 días�. El proyecto fue reformado en dos oportunidades y rechazado por la comisión técnica asesora, los auditores designados por el Estado y las gerencias jurídica y financiera que consideraron que el convenio �no es viable por contratación directa por no existir la urgencia que se exige� y �por no estar convencidos de su viabilidad normativa, jurídica y financiera�. Como resultado, en julio de 1994 se modificó la disposición 215 del régimen de contrataciones que impedía el convenio sin licitación, se firmó el contrato y se formalizó la adjudicación con la presencia del entonces embajador James Cheek. En las negociaciones había intervenido una delegación comercial encabezada por la ministra de Hacienda del Estado de Massachusetts, cuyo interés era la venta de equipamiento médico. Apenas un par de meses más tarde comenzó una serie de reclamos encontrados y una demanda por usurpación contra IMSA, que ganó la obra social. En su discurso ante el personal del Policlínico, el día que OSFE retomó su conducción, Valdovinos puntualizó que �IMSA nos costó once millones�. Al mismo tiempo la Obra Social se endeudó con las proveedoras de medicamentos. En marzo de 1998, dos de ellas (Cheminort SA y Dronor SA) recibieron como parte de pago un terreno de 7000 metros cuadrados lindero al Policlínico Ferroviario, tasado en 2.700.000 pesos. Un año y medio después, Ana Simeone ofreció el mismo terreno en un aviso publicado en el diario Clarín como �un excepcional proyecto de oficinas con vista panorámica al río� apto para construir dos torres con una superficie cubierta de 35.000 metros cuadrados. El cálculo standard para la zona deRetiro-Puerto Madero es de 200 pesos por metro cuadrado a construir, de modo que el terreno entregado por 2,7 millones, en realidad valía siete millones. No es la única vez que la Obra Social Ferroviaria abrió la mano cuando había en ella siete millones de pesos. En marzo de 1996 el ISSPF demandó a Ferrosur Roca SA, del grupo Fortabat, por no pagar los aportes de sus empleados. La empresa reconoció la deuda y la sentencia de primera instancia favoreció al Instituto. Al tiempo de la apelación el monto de la demanda alcanzaba los siete millones de pesos. Ante la inminencia del fallo de Cámara y con dictamen favorable de la fiscalía, Valdovinos ordenó suspender la demanda para entablar un acuerdo extrajudicial que se concretó en noviembre de 1997. La obra social �reajustó su pretensión� a sólo dos millones, 400.000 pesos en efectivo y el resto en 36 cuotas de 44.444 que deberían saldarse en diciembre de este año. Siete menos dos, igual cinco. Es posible que las últimas cuotas ingresen a la quiebra de la alguna vez poderosa obra social ferroviaria.
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