Por Maximiliano Montenegro
 Tras
constatarse los insólitos sobreprecios de hasta el 500 por ciento que
paga el Estado en sus compras, revelados por Página/12, ayer llegó a la
firma del presidente Fernando de la Rúa el decreto que fija el nuevo
reglamento del sector público para �la adquisición, enajenación y
contratación de bienes y servicios�. La norma contiene una �cláusula
anticorrupción�, que detiene la contratación ante la sospecha de
coimas o tráfico de influencias en el proceso. También reduce el piso
para las licitaciones públicas de 750 mil a 300 mil pesos. Y dispone la
difusión de todo el proceso de compras en Internet, facilitando el acceso
a los pliegos de condiciones y publicando los resultados de todas las
contrataciones. El decreto se complementa con un nuevo sistema de precios
testigos que está elaborando la Sindicatura General de la Nación
(Sigen), organismo al que los proveedores deberán suministrar toda la
información requerida si pretenden conservar como cliente al Estado.
A pocos días de dejar el poder, Carlos Menem firmó un polémico decreto
de compras y contrataciones. Si bien reducía los montos para las
licitaciones públicas (de más de un millón de pesos a 750 mil),
oscurecía el proceso ya que no contemplaba su difusión pública.
Además, acortaba los plazos máximos para la presentación de las ofertas
y limitaba la impugnación de competidores, con lo cual restringía el
negocio a los proveedores tradicionales del Estado.
De ese modo lo interpretó el nuevo gobierno, que vio en la eliminación
de los sobreprecios que pagaba el Estado no sólo un tema de transparencia
en la gestión sino también de necesidad fiscal. Como publicó en varias
oportunidades en los últimos meses este diario, la Sigen, dirigida por
Rafael Bielsa, detectó precios en la compra de muebles, computadoras,
equipos médicos, alquileres, alimentos y vestimenta, entre otros rubros,
que superaban entre un 30 y 500 por ciento los valores de mercado.
Incluso, el organismo de control descubrió que la mayoría de los
ministerios, en el último año de la administración menemista, tampoco
habían respetado los precios de referencia que había determinado la
Sigen en cada caso. Así, según el cálculo más conservador, con una
poda discreta de los sobreprecios oficiales (en promedio, inferior al 10
por ciento), el Estado ahorraría unos 200 millones de pesos anuales de
los 2300 millones que gasta en la adquisición de bienes y servicios. Si
la tijera fuera más rigurosa, hay quienes dicen la economía podría
llegar a los 600 millones de pesos.
Ante semejante panorama, De la Rúa suspendió el controvertido decreto
menemista. Y formó una comisión tripartita integrada por funcionarios de
vicepresidencia (Marcos Makón), Economía (Mario Vicens) y Jefatura de
Gabinete (Leandro Popik) para estudiar la aplicación de un nuevo
régimen. Del trabajo de esa comisión surgió el decreto que ayer llegó
al escritorio presidencial para ser rubricado. Los puntos más destacados
son los siguientes:
 Transparencia:
Todas las entidades estatales deberán enviar a la Oficina Nacional de
Contrataciones (ONC) la información de las compras que realicen para su
posterior difusión en un sitio de Internet que será de ingreso
irrestricto para cualquier ciudadano.
Cláusula
anticorrupción: Será causal de rechazo de cualquier compra o
contratación la sospecha de que se haya ofrecido dinero o dádivas a
funcionarios vinculados a la licitación, o de que cualquier persona haya
hecho valer su influencia sobre empleados públicos con competencia en el
área.
Montos de
contratos: Hasta 75 mil pesos serán por contratación directa. Más de 75
mil pesos y hasta 300 mil por licitación o concurso de precios privado.
Para más de 300 mil pesos por licitación pública.
Gratis: los
pliegos de bases y condiciones se suministrarán en forma gratuita, salvo
en aquellos casos que el organismo contratante determinelo contrario y en
ese caso el precio deberá guardar relación con su costo de
reproducción.
Difusión de
pliegos de licitaciones: se publicará por lo menos 1 anuncio en el
boletín oficial y simultáneamente en el sitio de internet de la ONC.
También deberán ser exhibidos en forma obligatoria en carteleras
ubicadas en lugares visibles del organismo contratante y se enviarán
comunicaciones a las asociaciones que nuclean a fabricantes y comerciantes
del rubro. Para las licitaciones de más de 5 millones de pesos se deberá
publicitar en los dos diarios de mayor circulación.
MACHINEA TENTO A SUMMERS CON
UNA DEA FINANCIERA
Agencia contra el lavado regional
El ministro de
Economía, José Luis Machinea, y el secretario del Tesoro de Estados
Unidos, Lawrence Summers, analizaron en Nueva Orleáns una iniciativa
argentina consistente en la creación de una fuerza especial regional para
el combate del lavado del dinero proveniente de actividades ilícitas. El
proyecto se corporizaría a través de una agencia especial regional que
se especialice en la detección y combate de actividades relacionadas con
el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico, la venta ilegal de
armas u otras operaciones ilícitas. Dicha fuerza, según se propuso,
podría funcionar de una manera similar a la DEA (Drugs Enforcement
Agency), la oficina especial de Estados Unidos contra el tráfico de
estupefacientes.
La charla también tuvo sus puntos de desacuerdo cuando se analizó una
propuesta surgida de funcionarios norteamericanos para que países como la
Argentina, que tienen PBI per cápita mucho más alto que las naciones
latinoamericanas más pobres, tengan que pagar tasas más altas por los
préstamos del BID que los países más endeudados y de menores recursos.
Machinea se quejó por la falta de consulta, pero anticipó su rechazo.
�En todo caso, puede ser un proceso gradual�, relativizó sin embargo
ante el funcionario estadounidense.
Pero el resultado más valioso del encuentro, a criterio de la delegación
oficial argentina, fue la posibilidad cierta insinuada por Summers de que
el Banco Mundial destrabe a la brevedad el monto restante de un crédito,
asignado en forma conjunta con el BID, por 900 millones de dólares. El
lunes, Machinea había confirmado el desembolso de los 380 millones
correspondientes al BID. Ahora no se descarta que la puesta a
disponibilidad de los fondos sea asumida en simultáneo por los dos
organismos multilaterales.
En tanto, en Buenos Aires, el jefe de asesores del Palacio de Hacienda,
Pablo Gerchunoff, reiteró su optimismo en cuanto a una pronta
recuperación de la economía. Al término de la reunión del Gabinete
nacional, aseguró que �la reactivación está en marcha�, de la mano
de las nuevas líneas de créditos hipotecarios y préstamos personales
lanzados por los principales bancos. Arrastrada por el mayor consumo
doméstico, estimó, la economía ingresará en un período de
reactivación, lo que, a su vez, �ayudará a bajar la tasa de desempleo�.
Gerchunoff auguró para este año �un crecimiento no menor al 4 por
ciento�.
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