Por Mariana Carbajal
Con
seis morosos inscriptos se pondrá en marcha hoy en la ciudad de Buenos
Aires el Registro de Deudores de Cuotas Alimentarias. Se trata de un hecho
inédito: es la primera vez en el país que se aplica un sistema para
sancionar a quienes no le pasen dinero a su ex pareja para mantener a sus
hijos. Los datos personales de los seis hombres que inauguraron la lista
fueron girados ayer al Banco Ciudad, a la Dirección de Tránsito, al
Consejo de la Magistratura y otras dependencias oficiales, según informó
a Página/12 el subsecretario porteño de Legislación y Justicia, Hugo
Germano, de quien depende el flamante registro. Hasta que paguen sus
deudas, los escrachados no podrán sacar licencia de conducir, obtener
créditos o tarjetas de crédito del Banco Ciudad, ser proveedores del
gobierno porteño, transferir la titularidad de un negocio ni ser
funcionarios públicos o jueces en el fuero local. Las penas podrían
extenderse: en dos meses, el gobierno porteño invitará a empresas e
instituciones privadas, con sede en Buenos Aires, a requerir informes al
Registro, de forma tal que se amplíe el castigo a los morosos.
�Si todos los jueces de familia envían a los morosos que tienen en sus
juzgados rápidamente el Registro tendrá varios miles de inscriptos�,
vaticinó Germano. Las estadísticas judiciales señalan que en 7 de cada
10 litigios iniciados por alimentos hay incumplidores. En la mayoría de
los casos, el deudor es varón. Entrarán al registro quienes adeuden tres
cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas.
El mecanismo, creado por una ley sancionada en noviembre por la
Legislatura, podría extenderse próximamente a otras jurisdicciones. �Desde
que aprobamos la norma, nos están pidiendo antecedentes del proyecto
legisladores de Santa Fe, Córdoba y Chubut, entre otras provincias�,
reveló ayer la diputada de la Alianza Gabriela González Gass, que
comparte la autoría de la norma con sus compañeros de bancada María
Elena Naddeo y Raúl Puy, y la legisladora de Nueva Dirigencia María
Colombo. Un proyecto similar fue presentado a principios de año en el
Congreso por el diputado justicialista José Corchuelo Blasco, quien
adelantó a Página/12 que pedirá su �rápida inclusión� en el
temario de la Comisión de Familia, para que avance su tratamiento.
La inclusión de una persona en el flamante registro sólo puede pedirla
un magistrado. De acuerdo con la reglamentación de la ley, publicada el
lunes en el Boletín Oficial de la ciudad, la Subsecretaría de
Legislación y Justicia tiene un plazo de 48 horas para pasar sus datos a
todos los organismos oficiales. �El listado es público, pero sólo se
puede requerir información sobre una persona determinada�, explicó
Germano, quien secundará hoy al jefe de Gobierno, Enrique Olivera, en el
acto en el que a las 16 se presentará oficialmente el sistema.
Según precisó Germano, todos los candidatos a jefes y vicejefes de
gobierno y legisladores en las elecciones del 7 de mayo, tuvieron que
pasar el examen. Para aceptarlos en las listas, el Tribunal Superior con
competencia electoral requirió informes a la Subsecretaría de
Legislación y Justicia. Por el momento, ningún juez civil advirtió al
registro que alguno de ellos tuviera deudas pendientes por alimentos con
sus hijos. De todas formas, el registro funcionó desde noviembre
parcialmente, ya que algunos magistrados lo consideraron en vigencia a
partir de la sanción de la ley y otros esperaban su reglamentación para
aplicarla.
En el fuero civil, sin embargo, hay ciertas dudas sobre su alcance. Aunque
ansiaban una herramienta de esta naturaleza para presionar a los morosos,
algunos magistrados temen que se les pueda objetar su competencia para
usarla. �Lo estamos discutiendo. Todavía no lo hemos resuelto. La duda
surge porque nosotros aplicamos leyes nacionales y en este caso se trata
de una norma local. Podría ser inconstitucional�, confió un juez, que
prefirió mantener su nombre en reserva.
La cuota alimentaria es un derecho de los hijos. Está contemplado en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño que tiene
rangoconstitucional. �La proporción más alta de incumplidores
corresponde a los estratos medios de la sociedad, según una
investigación realizada por la titular de la cátedra de Derecho de
Familia de la UBA, la doctora Cecilia Grosman. Conforme la ocupación
registrada, son hombres que se dedican al comercio, a la industria o que
tienen profesión liberal. En más de la mitad de los casos, los
demandados no se hallan en relación de dependencia, hecho que dificulta
la determinación de los ingresos y por lo tanto la percepción de la
cuota�, señaló la diputada Colombo.
¿Sirven las sanciones?
�Aunque es un gran avance un Registro de Deudores Alimentarios,
lamentablemente no creo que cambie nada. Las sanciones, todavía, son
bastante light�, opinó Carmen González, de la Asociación de
Abogados de Buenos Aires. González es partidaria de un sistema
similar al que rige en Francia, donde el moroso pasa a ser deudor del
Estado y éste le abona un salario mínimo temporario al padre
perjudicado a título de adelanto de cuota. �Como acreedor, el
Estado prevé para el deudor una sanción penal con cumplimiento de
servicios sociales y retiro de la licencia de conductor. Se le impide
abrir cuentas y pasa a ser un muerto civil�, detalló.
La ley porteña sólo tiene alcance en el ámbito oficial. La norma
obliga al Banco Ciudad a pedir una certificación al registro cuando
alguien quiera obtener o renovar un crédito. Si se comprueba que debe
dinero a sus hijos, el crédito podrá ser otorgado, pero antes se
retendrá el importe de la deuda y se lo depositará a la orden del
juez que intervenga en la causa. Los inscriptos no podrán renovar su
licencia de conducir, salvo que la necesiten para trabajar y en ese
caso se le dará un permiso provisional por 45 días. Tampoco podrán
ser proveedores del gobierno porteño ni presentarse a licitaciones
públicas, ni ocupar cargos públicos jerárquicos ni ser jueces.
También estarán impedidos de concretar la transferencia de la
titularidad de un negocio. |
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