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RIGE EL REGISTRO DE DEUDORES DE CUOTAS ALIMENTARIAS
Seis nombres en lista negra

El registro entra hoy en vigencia y ya incluye a seis hombres que deben cuotas para la manutención de sus hijos. De ahora en más los jueces sumarán nombres. Estarán limitados en varias actividades.

Generalmente son las mujeres las que se ven afectadas por las deudas en las cuotas.
Se estima que en 7 de cada 10 litigios por alimentos se registran incumplimientos.


Por Mariana Carbajal

t.gif (862 bytes) Con seis morosos inscriptos se pondrá en marcha hoy en la ciudad de Buenos Aires el Registro de Deudores de Cuotas Alimentarias. Se trata de un hecho inédito: es la primera vez en el país que se aplica un sistema para sancionar a quienes no le pasen dinero a su ex pareja para mantener a sus hijos. Los datos personales de los seis hombres que inauguraron la lista fueron girados ayer al Banco Ciudad, a la Dirección de Tránsito, al Consejo de la Magistratura y otras dependencias oficiales, según informó a Página/12 el subsecretario porteño de Legislación y Justicia, Hugo Germano, de quien depende el flamante registro. Hasta que paguen sus deudas, los escrachados no podrán sacar licencia de conducir, obtener créditos o tarjetas de crédito del Banco Ciudad, ser proveedores del gobierno porteño, transferir la titularidad de un negocio ni ser funcionarios públicos o jueces en el fuero local. Las penas podrían extenderse: en dos meses, el gobierno porteño invitará a empresas e instituciones privadas, con sede en Buenos Aires, a requerir informes al Registro, de forma tal que se amplíe el castigo a los morosos.
�Si todos los jueces de familia envían a los morosos que tienen en sus juzgados rápidamente el Registro tendrá varios miles de inscriptos�, vaticinó Germano. Las estadísticas judiciales señalan que en 7 de cada 10 litigios iniciados por alimentos hay incumplidores. En la mayoría de los casos, el deudor es varón. Entrarán al registro quienes adeuden tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas.
El mecanismo, creado por una ley sancionada en noviembre por la Legislatura, podría extenderse próximamente a otras jurisdicciones. �Desde que aprobamos la norma, nos están pidiendo antecedentes del proyecto legisladores de Santa Fe, Córdoba y Chubut, entre otras provincias�, reveló ayer la diputada de la Alianza Gabriela González Gass, que comparte la autoría de la norma con sus compañeros de bancada María Elena Naddeo y Raúl Puy, y la legisladora de Nueva Dirigencia María Colombo. Un proyecto similar fue presentado a principios de año en el Congreso por el diputado justicialista José Corchuelo Blasco, quien adelantó a Página/12 que pedirá su �rápida inclusión� en el temario de la Comisión de Familia, para que avance su tratamiento.
La inclusión de una persona en el flamante registro sólo puede pedirla un magistrado. De acuerdo con la reglamentación de la ley, publicada el lunes en el Boletín Oficial de la ciudad, la Subsecretaría de Legislación y Justicia tiene un plazo de 48 horas para pasar sus datos a todos los organismos oficiales. �El listado es público, pero sólo se puede requerir información sobre una persona determinada�, explicó Germano, quien secundará hoy al jefe de Gobierno, Enrique Olivera, en el acto en el que a las 16 se presentará oficialmente el sistema.
Según precisó Germano, todos los candidatos a jefes y vicejefes de gobierno y legisladores en las elecciones del 7 de mayo, tuvieron que pasar el examen. Para aceptarlos en las listas, el Tribunal Superior con competencia electoral requirió informes a la Subsecretaría de Legislación y Justicia. Por el momento, ningún juez civil advirtió al registro que alguno de ellos tuviera deudas pendientes por alimentos con sus hijos. De todas formas, el registro funcionó desde noviembre parcialmente, ya que algunos magistrados lo consideraron en vigencia a partir de la sanción de la ley y otros esperaban su reglamentación para aplicarla.
En el fuero civil, sin embargo, hay ciertas dudas sobre su alcance. Aunque ansiaban una herramienta de esta naturaleza para presionar a los morosos, algunos magistrados temen que se les pueda objetar su competencia para usarla. �Lo estamos discutiendo. Todavía no lo hemos resuelto. La duda surge porque nosotros aplicamos leyes nacionales y en este caso se trata de una norma local. Podría ser inconstitucional�, confió un juez, que prefirió mantener su nombre en reserva.
La cuota alimentaria es un derecho de los hijos. Está contemplado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño que tiene rangoconstitucional. �La proporción más alta de incumplidores corresponde a los estratos medios de la sociedad, según una investigación realizada por la titular de la cátedra de Derecho de Familia de la UBA, la doctora Cecilia Grosman. Conforme la ocupación registrada, son hombres que se dedican al comercio, a la industria o que tienen profesión liberal. En más de la mitad de los casos, los demandados no se hallan en relación de dependencia, hecho que dificulta la determinación de los ingresos y por lo tanto la percepción de la cuota�, señaló la diputada Colombo.


¿Sirven las sanciones?

�Aunque es un gran avance un Registro de Deudores Alimentarios, lamentablemente no creo que cambie nada. Las sanciones, todavía, son bastante light�, opinó Carmen González, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. González es partidaria de un sistema similar al que rige en Francia, donde el moroso pasa a ser deudor del Estado y éste le abona un salario mínimo temporario al padre perjudicado a título de adelanto de cuota. �Como acreedor, el Estado prevé para el deudor una sanción penal con cumplimiento de servicios sociales y retiro de la licencia de conductor. Se le impide abrir cuentas y pasa a ser un muerto civil�, detalló.
La ley porteña sólo tiene alcance en el ámbito oficial. La norma obliga al Banco Ciudad a pedir una certificación al registro cuando alguien quiera obtener o renovar un crédito. Si se comprueba que debe dinero a sus hijos, el crédito podrá ser otorgado, pero antes se retendrá el importe de la deuda y se lo depositará a la orden del juez que intervenga en la causa. Los inscriptos no podrán renovar su licencia de conducir, salvo que la necesiten para trabajar y en ese caso se le dará un permiso provisional por 45 días. Tampoco podrán ser proveedores del gobierno porteño ni presentarse a licitaciones públicas, ni ocupar cargos públicos jerárquicos ni ser jueces. También estarán impedidos de concretar la transferencia de la titularidad de un negocio.

 

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