El mismo organismo que en 1984 se negó a juzgar a los militares por violaciones a los derechos humanos reclamó ayer que la causa por el robo de bebés salga de la Justicia civil. La especie arqueológica se llama Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y su último acto responde a un pedido del general retirado Santiago Omar Riveros, que estaba siendo procesado por la Justicia en 41 casos cuando recibió el indulto de Carlos Menem.
Altos funcionarios del Gobierno dijeron estar conmocionados e irritados por la decisión del Consejo Supremo. Página/12 pudo saber que las autoridades civiles forcejearon durante dos semanas para obtener una resolución diferente. En realidad, el Consejo no forma parte del Poder Judicial, o sea que es una simple instancia administrativa, que entonces puede recibir órdenes del Presidente o el ministro de Defensa sin que se vulnere el principio de la independencia de poderes. La orden, sin embargo, nunca llegó, y tampoco el Ejecutivo removió a los oficiales retirados del organismo, y así fue que estalló la anacrónica bomba de ayer.
El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, uno de los camaristas que condenó a los ex comandantes, fue el ministro que planteó con más fuerza al resto del Gobierno el carácter negativo de la resolución del Consejo.
�La disposición no representa ni la postura mayoritaria en las Fuerzas Armadas ni el consenso social sobre el tema, que este Gobierno respeta�, contestó Diana Conti, subsecretaria de Derechos Humanos. �La decisión, que es una decisión administrativa, no ayuda en nada al reconocimiento de las Fuerzas Armadas como parte de un Estado de derecho democrático�, agregó.
�¿El Ejército avala al Consejo Supremo? �preguntó Página/12 a un alto oficial que pidió reserva de su nombre.
�Para el Ejército, el tema de los menores es judicial.
�Pero el Consejo Supremo no es parte de la Justicia.
�Por eso le digo: el tema es judicial.
En traducción al lenguaje corriente, la insistencia en la palabra �judicial� debería leerse como el pronóstico de que, tras algunas vueltas, la causa seguirá en manos de Bagnasco. 
Las vueltas, eso sí, impedirán que ahora sea inminente, como parecía, la prisión de Riveros e incluso la de Antonio Domingo Bussi.
El abogado de Riveros, Florencio Varela, secretario del Menor durante la dictadura de Jorge Videla, dijo a este diario que la causa de los chicos corresponde al Consejo porque �cuando en 1984 se reformó el Código de Justicia Militar, la nueva ley creó una instancia de apelación ante la Cámara Federal pero también estableció que los delitos anteriores debían ser juzgados primero por la Justicia Militar�. Varela reivindicó al fiscal de San Isidro, que ante el reclamo de la defensa de Videla siguió la misma línea. 
Pero Simón Lázara, vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, recordó que la Cámara Federal porteña �aportó un argumento jurídico decisivo cuando dijo que el secuestro es un delito permanente, es decir no solo anterior sino también posterior a 1984, y que el delito de apropiación de menores solo cesa cuando termina la apropiación�. 
La Cámara Federal también había determinado que la causa por el robo de chicos era continuación de las pesquisas ya iniciadas con la Causa 13, la de los ex comandantes que fueron condenados el 9 de diciembre de 1985.
Los analistas preveían ayer el comienzo de una serie de apelaciones cruzadas. Según las últimas normas, la decisión firme correspondería esta vez no a la Cámara Federal sino a la de Casación, que tiene una sala militar integrada por Ana Capolupo, Gustavo Hornos y Amelia Berraz de Vidal. 
Los organismos de derechos humanos confían en que la megacausa del robo de chicos seguirá en manos de Bagnasco pero temen que, antes, fiscalescomo Raúl Plée o Juan Martín Romero Victorica, que suelen desobedecer al procurador Nicolás Becerra, puedan enturbiar las actuaciones y causen demoras en la investigación. 
Es la primera vez que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asume un rol tan protagónico desde comienzos de la democracia, cuando no solo evitó juzgar a los militares acusados sino que incluso santificó la represión de la dictadura. 
La movida sigue a una cadena que comenzó cuando el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, deslizó gestos amables hacia los retirados, que fueron recibidos como guiños por la rama de éstos especializada en homicidio, secuestro, tortura y robo de bebés. Luego el Ejecutivo estimuló que los propios militares hicieran lobbying en el Congreso en favor del ascenso de oficiales cuestionados por violar los derechos humanos, mientras el propio ministro desconocía los avances sociales en materia de derecho a la verdad de lo que ocurrió durante el último gobierno militar. 
El secretario general de la Presidencia, Jorge de la Rúa, llegó a estudiar proyectos alternativos para que no se produjera lo que el Gobierno llamaba, sin elementos concretos a la vista, �una catarata de citaciones a militares en actividad�. 
Por esas fisuras pudieron verse, en la tarde de ayer, las nuevas escenas de Jurassic Park.

 

Organismos, en contra

Simón Lázara *. �Relevarlos� �A 13 años de Semana Santa, el Consejo Supremo protagonizó un levantamiento. La resolución del Consejo Supremo es jurídicamente inadmisible, moralmente cretina y políticamente de una gravedad indisimulable. Replantea todo como si aquí no hubiera pasado nada en los últimos 14 años. Como si los dinosaurios no se hubieran enterado de que existe la Paleontología. Pero no hay por qué volver a 1987. Si los integrantes del Consejo no se enteraron de que el tiempo pasó, que se vayan a su casa. Eso es lo que debe hacer el Presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en respeto de las normas legales: relevarlos por alzarse contra la Justicia. La competencia sobre las causas del robo de chicos fue reiteradamente discutida y resuelta. Ahora los dinosaurios redoblan su esfuerzo porque empieza a vislumbrarse el momento de la condena sus jefes máximos.�  * Vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Martín Abregú *. �Fuero civil� �No cabe duda de que esta reaparición del Consejo Supremo está vinculada directamente con el nuevo espacio que cedió el Gobierno, que ahora debería reaccionar enérgicamente. Lo preocupante aquí es que haya sectores de las Fuerzas Armadas que sigan creyendo que la democracia les puede dar herramientas para asegurar su impunidad. Es fundamental que los juicios por apropiación de menores de mantengan en la Justicia ordinaria. Solo de esa forma se podrá seguir resquebrajando la telaraña tejida por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Es imprescindible que todos los poderes del Estado confirmen la competencia civil y que al mismo tiempo promuevan una rapidísima acción de la Justicia. Así terminará la dilatación de estos juicios, que da lugar a este tipo de artilugios.�  * Director del Centro de Estudios Legales y Sociales.

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