Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba
 El general Jorge Miná, ex jefe de Inteligencia del Ejército, resultó finalmente imputado por la Justicia federal de Córdoba en la causa de espionaje y deberá declarar ante la jueza Cristina Garzón de Lascano el próximo martes, junto a otros dos militares de la jefatura II: el teniente coronel José Luis Bo y el coronel Condal, todos acusados de violación a la Ley de Defensa Nacional. Los hechos fueron reconstruidos por la fiscal Graciela López de Filoñuk aún después de que la Cámara Federal anulara la primera etapa de la investigación, que ya lleva un año. La causa de los espías surgió de la investigación sobre la verdad histórica, cuando las funcionarias advirtieron que eran objeto de acciones de inteligencia por parte de un grupo del ejército.
El miércoles pasado se inició la ronda de indagatorias y desde ese día ya desfilaron cinco imputados, mientras el resto de las declaraciones �son en total 16 entre militares y civiles� continuará a partir del próximo lunes.
El funcionario de la administración de Martín Balza había quedado fuera de la acción penal promovida por la Justicia en diciembre; hasta entonces sólo se mencionaba a �un general�. Cuando López de Filoñuk introdujo las identidades de los agentes de inteligencia que operaban bajo códigos o seudónimos y efectuó un nuevo requerimiento, incluyó el nombre del general Miná, según se desprende de los nuevos elementos incorporados a la investigación.
Anteayer declararon tres de los agentes que estaban resguardados bajo códigos: el periodista Carlos Revello o S-17, el gendarme (r) Luis Quijano o A-44 y el civil Daniel Guiguet. Revello S-17 rechazó los cargos de espionaje, dijo que nada de lo que hizo es ilegal pero no negó que sea personal de Inteligencia del Ejército. �Tengo 40 años de periodismo y conozco a infinidad de personas, de organismos de seguridad, legisladores, gremialistas, delincuentes, terroristas, lo que conoce cualquier periodista�, respondió Revello cuando se le preguntó si conocía al resto de los imputados, con lo cual pareció confirmar que sí eran de su conocimiento.
Pero su descargo no fue tomado en consideración por sus colegas y por la tarde, el periodista S-17 fue expulsado del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (Cispren) en una asamblea que tomó la decisión por unanimidad. Quijano, de quien se supo que tuvo una conocida actuación como represor en el campo clandestino de detención La Perla, se abstuvo de declarar.
Ayer desfilaron dos civiles, pero sólo uno de ellos aceptó hacer declaraciones: el abogado Alfredo Silva, quien tampoco habló y el funcionario de Aduanas Santiago Houston, el primero que optó por declarar. �No hice lo que me pidieron en esa llamada�, le habría dicho Houston a la jueza Garzón de Lascano, al mismo tiempo que reconoció como suyas las conversaciones que se le atribuían y que lo relacionan con otro de los imputados que le pide información. Houston trabajaba hasta enero de este año en el mismo edificio de Tribunales Federales, comisionado al servicio del juzgado federal 1, entonces a cargo del suspendido juez Ricardo Bustos Fierro. Ayer, reconoció que sigue trabajando en Aduanas y que realiza tareas encomendadas por el juzgado.
CORTE PENAL INTERNACIONAL
Proyecto de De la Rúa
El presidente Fernando de la Rúa envió ayer al Congreso un proyecto de ley para que la Argentina impulse la aprobación del Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI). La iniciativa establece que los crímenes de competencia de la Corte �no prescribirán� y que el Tribunal �sólo podrá intervenir en crímenes cometidos posteriormente a la entrada en vigencia del Estatuto�.
�La CIP no está llamada a desplazar o sustituir a las jurisdicciones nacionales en la persecución penal y juzgamiento de los delitos de su competencia. Los Estados nacionales tienen el deber ineludible de perseguir y juzgar estos delitos�, se afirma en el proyecto. En ese sentido, se sostiene que cuando los Estados �fallan en esa tarea, ya sea por ausencia de una voluntad genuina o por incapacidad de sus sistemas de administración de Justicia, puede la Corte reclamar jurisdicción�.
La Corte podrá ejercer sus funciones en los �crímenes más graves de preocupación internacional�. Se trata de los �delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad como el apartheid, la tortura o la desaparición forzada de personas, crímenes de guerra y de agresión, quedando la efectiva jurisdicción sobre este último supeditada a una futura definición del delito y de las condiciones bajos las cuales la CPI podrá intervenir�. El proyecto fue firmado por los ministros de Justicia, Ricardo Gil Lavedra; Defensa, Ricardo López Murphy; y Relaciones Exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini.
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