Por Eduardo Febbro
Desde París
 Los defensores de los derechos humanos están a punto de ganar otra batalla contra la �impunidad democrática� que protege a los dictadores de antaño. Igual que con Augusto Pinochet, la Audiencia Nacional española aceptó dar curso a las querellas presentadas por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. La guatemalteca implica en su demanda a tres ex presidentes golpistas de Guatemala, entre ellos al actual presidente del Congreso de Guatemala, el general Efraín Ríos Montt. Menchú acusa a Montt, a Oscar Umberto Mejía Victores y Fernando Romero Lucas García de genocidio, torturas y terrorismo de Estado. Además de estos tres personajes implicados en el asesinato de buena parte de la familia de Rigoberta Menchú, la querella concierne a otros cinco militares responsables del asalto dado contra la Embajada española en Guatemala (1980), que dejó un saldo de 14 españoles y 25 guatemaltecos muertos. El juez español Guillermo Polanco, cuya autoridad en el caso fue puesta en tela de juicio ayer por la Fiscalía española, tiene a su cargo la instrucción de este legajo cuya veracidad ya había sido probada en dos ocasiones sin que la Justicia de Guatemala haya tomado medidas: el primero es el informe �Memoria del Silencio� elaborado por una comisión de la ONU, el segundo fue el trabajo realizado por la Iglesia en el marco de la �reconciliación nacional�. Ambos abundan en nombres de responsables de las matanzas pero la impunidad cubrió esos crímenes que ahora, a través de las querellas presentada por Rigoberta Menchú, la verdad vuelve a los tribunales con el rostro de los culpables.
�La Justicia española vuelve a aceptar hacer el trabajo que las justicias nacionales no hicieron. ¿Cuál es su interpretación de esta decisión de la Audiencia Nacional?
�Es una gran bendición y estamos muy emocionados. Por primera se la da la razón, pero no a mi sino a nuestros muertos, a nuestra gente, a las tantas víctimas del genocidio que se cometió en Guatemala. Nosotros siempre dijimos que estos delitos que ofenden la conciencia humana no pueden quedarse en la impunidad y el olvido. Es una condición necesaria para que no se vuelvan a cometer estos crímenes. Creo que la decisión de la Audiencia Nacional dignifica a los muertos y la verdad. El caso que yo presenté en la Audiencia nacional se refiere a mi hermano Patrocino, detenido ilegalmente, torturado y quemado vivo. Fue uno de los primeros jóvenes destruidos en público. Su caso generó el síndrome de terror en Guatemala. Mi madre fue torturada y asesinada, mi padre quemado vivo y mi hermano Víctor fusilado. Vamos a colaborar con el Tribunal con toda nuestra fuerza.
�Uno de los acusados es el general Efraín Ríos Montt, hoy presidente de la Asamblea Nacional, es decir, protegido en el corazón del sistema democrático.
�Si, así es. Ríos Montt es presidente del Congreso de la República. De acuerdo con nuestra legislación nacional, la Corte Suprema de Justicia deberá quitarle la inmunidad parlamentaria. Nosotros vamos a solicitar esa medida. Pero también creemos que todos los responsables del genocidio deben ser inmediatamente detenidos, por eso le pediremos a la Audiencia Nacional que dicte orden de captura contra los acusados de delitos como genocidio, torturas y terrorismo de Estado que están en el expediente. A pesar de las evidencias, no hubo un solo responsable condenado o encarcelado.
�El general Ríos Montt declaró que la decisión española lo afectaba y recalcó que mantenía su intención de venir de vacaciones a Francia en el mes de abril.
�Pediremos que sea detenido en Francia si es preciso. Su inmunidad parlamentaria carece de valor en el exterior. De antemano, creo que es una vergüenza que las personas responsables de genocidio no estén enjuiciadas.
�¿Qué la llevó a usted a recurrir a la Justicia española?
�En primer lugar porque en Guatemala hay una permanente negación de hacer justicia: se negó justicia a las víctimas en el lapso en que se cometieron los crímenes, también se negó justicia posterior. Usted sabe que existe un informe llamado �Memoria del Silencio�, elaborado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Allí están registrados y comprobados todos los crímenes cometidos. Pero el sistema guatemalteco declaró que dicho informe no era vinculante con la Justicia nacional. Entonces, luego de eso ya no teníamos esperanzas de que se juzgaran los delitos que aparecen en el informe. Por esa razón recurrimos a la Audiencia Nacional. También sabíamos que la Audiencia tiene competencias para juzgar delitos de lesa humanidad. Además, el Estado español ha incorporado en su legislación el juzgamiento de estos delitos. Por ello no dudamos un instante de la competencia de la Audiencia Nacional. Esto ha quedado demostrado hoy. Esto es apenas el inicio de un largo proceso que estamos dispuestos a llevar hasta el final. Nosotros buscamos España y ahí vamos a estar.
�Después del caso Pinochet, el de Guatemala representa un paso más hacia la Justicia internacional tan reclamada por las ONG.
�Siento que este proceso que se abre dignifica a todas las víctimas del genocidio en cualquier rincón del mundo. Es un precedente universal que nos está diciendo que debemos repudiar los delitos que ofenden la conciencia humana. Espero que muchas personas se unan a nosotros, no hay que quedarse atrás, esto es una lucha universal para que no olvidemos y para que, al menos, podamos determinar cuál es la pena que corresponde a un delito de lesa humanidad.
�Los militares contra los cuales usted presentó juicio en España respondieron haciéndole un juicio a usted en Guatemala. ¿Qué peso tiene eso?
�No tengo que hacer comentarios. Hemos identificado a los responsables del genocidio. Yo me dirigí a la Audiencia nacional y es ahí donde responderé. Voy a defender mi verdad. Es importante decir que esta lucha no sólo es de Guatemala. Ojalá que de una buena vez por todas podamos repudiar juntos estos delitos. Durante años nadie nos escuchó, ojalá que ahora seamos escuchados para siempre. Deseo que no se repita lo que pasó con Pinochet, que no haya ninguna interferencia como ocurrió con Pinochet cuando el gobierno británico tomó una decisión política y no judicial.
| Contraofensiva represora
Una querella presentada el miércoles contra la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y las personas que le acompañan en su demanda contra ocho ex presidentes y generales guatemaltecos en la Audiencia Nacional española pide que Menchú y sus colaboradores sean condenados a penas de prisión de entre 10 y 20 años por un delito de traición a la patria. La inculpación contra la activista maya, a la que se acusa de pretender devolver este país centroamericano al colonialismo español, viene contenida en una querella cursada a la Fiscalía General de la República por el abogado y notario Julio Cintrón Gálvez, y admitida por la fiscalía, que dirige Cándido Bremer. Este letrado defendió anteriormente a militares cuya comparecencia ante los tribunales reclamaban familiares de víctimas de la guerra interna concluida en 1996 con un saldo de 200.000 muertos o desaparecidos. En esta ocasión insta a la Fiscalía a que investigue y persiga a la Nobel, y al tribunal correspondiente, a que condene �tan deleznables hechos�. De acuerdo con el texto de la denuncia de Cintrón, el hecho de que Menchú haya pedido a una instancia española �al juez de la Audiencia Nacional de España Guillermo Ruiz Polanco� que ejerza jurisdicción en Guatemala, significa que �sometería totalmente a dominio extranjero el territorio nacional�. |
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