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Por Mónica Gutiérrez Desde Córdoba  Cuando
se consideraban nulas las posibilidades de salvar a Víctor Hugo Saldaño
de la pena de muerte que espera desde 1996 en una cárcel de Texas, una
imprevista noticia que llegó desde Washington embargó de optimismo a
parientes y abogados: en un hecho jurídico inédito, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, resolvió
iniciar una causa contra Estados Unidos y reclamó al Departamento de
Estado que responda las acusaciones que los defensores argentinos
formularon, en un plazo de 60 a 90 días. Los abogados Juan Carlos Vega y
Carlos Hairabedian habían expuesto en su presentación que el juicio a
Saldaño, realizado en julio de 1996 en la localidad de Mc Kinney, estuvo
plagado de irregularidades y que la sentencia se sostuvo en un criterio
racista.Con esta resolución, es la primera vez que un ciudadano extranjero logra abrir un proceso contra el Estado norteamericano. �Nunca antes se había dado un caso similar�, sostuvo el abogado cordobés Juan Carlos Vega ante Página/12. Saldaño tiene 28 años y está preso hace más de cuatro en el estado de Texas por haber matado a Paul King, un vendedor de computadoras de la ciudad de Plano, a quien asaltó junto a un amigo mexicano en noviembre de 1995. Medio año después fue condenado a morir con la inyección letal. En febrero pasado, la justicia de Texas le puso fecha a su muerte: iba a ser ejecutado el 18 de abril próximo. Pero esa fecha se suspendió cuando el nuevo abogado norteamericano de Saldaño, Stanley Schneider, logró que la Corte Suprema de Estados Unidos analizara los argumentos de la defensa y suspendiera la ejecución. La estrategia de los abogados cordobeses corre por otra vía, la de la Corte Interamericana, que encontró razonables sus argumentos, basados en tres pruebas fundamentales: u La composición del jurado: de las doce personas que lo formaban, once eran ciudadanos norteamericanos blancos y sólo uno de origen mexicano. u La relación abogado�cliente: David Haynes, el abogado oficial que le pusieron a Saldaño, no hablaba español y sólo tuvo con él dos audiencias antes de la condena. u La pericia psicológica: la realizó un psiquiatra filipino, que argumentó que Saldaño era peligroso para la sociedad norteamericana e irrecuperable, sobre todo por su condición de latino. Esas tres pruebas fueron consideradas por la CIDH para abrir lo que ellos llaman un �caso� contra el Estado norteamericano. Vega opinó que el de Estados Unidos �es un sistema judicial excelente y garantista, pero no lo es para todos, y ése es el motivo de nuestra demanda, porque todos estos vicios revelan que el trato que recibió Saldaño es porque era latino y pobre�. Antes, la CIDH había desestimado la demanda contra el Estado argentino por entender que la defensa de los derechos del extranjero era una facultad del país y no una obligación. Durante el proceso a Saldaño, el gobierno argentina se mantuvo al margen a pesar de los ruegos de su madre, Lidia Guerrero, que vive en Córdoba. Lo único que obtuvo es que en la Cancillería le permitieran hacer llamadas telefónicas a Estados Unidos. De hecho, toda la estrategia desplegada para salvarle la vida a Saldaño se realizó desde Córdoba y el Estado nacional prácticamente no intervino sino hasta hace unos meses, a través del consulado en Houston, y para ocuparse de la situación del condenado en la cárcel y nombrarle nuevo abogado. Vega puso énfasis en que �con esto no se está defendiendo la inocencia de Saldaño. El nuestro no es un discurso religioso, ni político ni humanitario, es legal: los Estados Unidos violaron los artículos 8 y 25 dela Convención porque el juicio no responde a los estándares internacionales en materia de juicio justo. Ni en Haití se realizan juicios tan injustos�, señaló. Según Vega, de la resolución también surge otra lectura: �Uno ve que esta pujante legalidad supranacional de derechos humanos funciona desde el centro a la periferia, y en este caso, la hemos hecho funcionar al revés�. Si bien la grata noticia que llegó de Washington insufló esperanzas a la familia de Saldaño y a sus abogados, el panorama judicial y político no es alentador: actualmente hay 3820 condenados a muerte en Estados Unidos y Texas en el estado más propenso a cumplir esa condena; además, el hecho de que el gobernador George Bush (h) esté en plena campaña política hacia la presidencia con la seguridad en su estado como bandera de campaña, arruina las ilusiones del cordobés de salvarse de la muerte, que ya lleva escrita en sus espaldas.
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