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Por Martín Granovsky  En
lugar poner en hora el reloj del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas,
que se quedó clavado en la dictadura, el ministro de Defensa designó al
general mejor relacionado con los dinosaurios al frente del organismo. Se
trata del general Alfredo Rolando, retirado a fines del año pasado cuando
Ricardo Brinzoni asumió la jefatura del Estado Mayor del Ejército.
Rolando mantiene una excelente relación con Mario Cándido Díaz, aquel
célebre jefe del Estado Mayor Conjunto que chocó públicamente con
Martín Balza cuando reivindicó la guerra sucia tras la autocrítica del
Ejército.La movida se produce en medio del escándalo que provocó la decisión del Consejo Supremo del jueves pasado de reclamar para sí la causa del robo de chicos que ahora está en manos del juez Adolfo Bagnasco. Simón Lázara, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la calificó de �alzamiento� y pidió la remoción de los miembros del Consejo. Martín Abregú, del Centro de Estudios Legales y Sociales, reclamó que el Gobierno actúe �enérgicamente�. La designación de Rolando no tiene que ver con la remoción ni con la energía. Al contrario. Solo la falta de datos elementales puede cambiar la interpretación de la realidad. Página/12 reconstruyó la secuencia de hechos conectados con la Semana Santa de papel del último jueves:  El Consejo estaba
presidido por un dinosaurio, el general retirado Héctor Bianchi. El año
pasado Balza pidió a Domínguez la remoción de Bianchi después de que
éste le pidió una rectificación cuando el entonces jefe del Ejército
consideró �horrorosa y perversa� una frase del Consejo de marzo del
�87: �Existió una guerra revolucionaria en la que el gobernante
libera su energía política, la sujeta a su imperio y la libera del
condicionamiento jurídico, y en ocasiones del ético�. Domínguez no
relevó a Bianchi, y tampoco su sucesor, Ricardo López Murphy, aunque el
Poder Ejecutivo tiene facultades para hacerlo. Aunque la noticia no
trascendió públicamente, este diario pudo corroborar que Bianchi
presentó la renuncia por iniciativa propia a fines de enero. El candidato del
Gobierno a reemplazarlo fue, de inmediato, Rolando. Defensa también
resolvió que, si había otra vacante, la ocuparía el general retirado
Sánchez Negrete. Mientras el
Ministerio discutía los reemplazos, el Consejo seguía adelante con el
análisis del pedido de Florencio Varela, defensor de Santiago Omar
Riveros y Antonio Domingo Bussi, de que fuera ese organismo y no la
Justicia civil el que tomara la causa de los chicos robados, un modo
elegante de garantizarse el cajoneo de la pesquisa. Hace 20 días, el
fiscal del Consejo dictaminó en favor de Varela. El Gobierno no lo
impidió, aunque pudo haberlo hecho: el ministro de Defensa puede darle
instrucciones al fiscal de actuar en un sentido o en otro. Defensa sabía que
el Consejo desafiaría a la Justicia civil. Tampoco lo evitó. Pudo
haberlo hecho con una jugada simple y legítima: descabezar a tiempo al
Consejo Supremo echando a sus integrantes.En otras palabras, ni la resolución del Consejo Supremo tomó por sorpresa a López Murphy, ni el reemplazo de Bianchi es una respuesta ágil a los nostálgicos de la dictadura. Más aún: el futuro presidente no es, ni siquiera tarde, la gran esperanza democrática. El general de división retirado Rolando es el mismo a quien Balza definía el año pasado ante sus colaboradores de mayor confianza como �un Videla del �75�. Página/12 publicó los motivos que permitían la comparación con el jefe que comandaba el Ejército en los meses previos al golpe de Estado de 1976. �Rolando es cuidadoso, prolijo. Y peligrosísimo en el futuro por sus relaciones �solía decir Balza. La relación más importante de Rolando, que pasó a retiro porque era más antiguo que Brinzoni,  era
Díaz, un infante como él. Cuando los capitanes Juan Carlos Rolón y
Antonio Pernías confesaron en el Senado que en la ESMA se torturaba,
Díaz los criticó no por la tortura sino por hablar. Bien visto por la
segunda línea del Ministerio de Defensa durante la gestión de Jorge
Domínguez, Rolando fue ayudante de campo de Nicolaides en el Estado
Mayor. De los viejos generales, el próximo presidente del Consejo Supremo
recibe las simpatías de los retirados Alfredo Arrillaga y Francisco
Gassino. Afiliado radical, Arrillaga es el que comandó la recuperación
del cuartel de La Tablada después de que el Movimiento Todos por la
Patria intentó coparlo en enero de 1989. Fue el responsable de la orden
de usar bombas de fósforo cuando el entonces jefe de policía, Juan Angel
Pirker, dijo que bastaba con gases lacrimógenos. Gassino era en ese
momento el jefe del Estado Mayor. Antes, como oficial de Inteligencia,
conoció o participó de la Conferencia de Ejércitos Americanos de Mar
del Plata de 1987, célebre por su documento explicando que �la
estrategia antisubversiva se compone de ataques e injurias a las Fuerzas
Armadas mediante acciones de denuncia, impugnación de ascensos, juicios y
movilizaciones�.El Comando de Institutos Militares, último destino de Rolando antes del retiro, era el lugar que recibía mejor a Gassino, Arrillaga, Díaz o el propio Ramón Genaro Díaz Bessone en los actos y las fiestas. La decisión que tomó el jueves el Consejo Supremo no es una simple atención a los camaradas de Bianchi como Riveros. Por debajo late una fortísima corriente de reivindicación de la justicia militar, que apunta a recuperar el terreno perdido a comienzos de la democracia. En 1984, el gobierno de Raúl Alfonsín estableció que cualquier sentencia del Consejo Supremo debía ser apelada obligatoriamente ante la Justicia civil, la única Justicia verdadera en democracia. Página/12 publicó en octubre del �99 un plan para eliminar la apelación obligatoria. La sola publicación frenó en ese momento la maniobra, al dejar al desnudo un subterfugio legal que oficiales en actividad atribuyeron a la creatividad del general auditor Carlos Cerdá. En la formulación actual, es el fiscal militar quien tiene que apelar cualquier fallo del Consejo Supremo, que entonces pasa al fuero civil. La formulación propuesta por el entonces ministro Domínguez, en la línea Cerdá, decía así: �El fiscal general y los fiscales de los consejos de guerra, dentro de su órbita, podrán interponer los recursos que resulten procedentes, previstos en el artículo 428, respecto de las sentencias dictadas por los tribunales ante los cuales actúan�. Y seguía: �El fiscal general del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y el fiscal de la Cámara nacional de Casación Penal, según corresponda, podrán desistir del recurso, con dictamen fundado�. Cuando se debatió la reforma del Código de Justicia Militar, en 1984, el diputado de los derechos humanos Augusto Conte inventó un neologismo, pero no tanto, para aludir a los jueces militares. Dijo que eran �contranaturales�. Explicó que formaban una instancia administrativa del Poder Ejecutivo, y que la justicia militar no es un poder independiente, como el Judicial, sino un instrumento del jefe del Estado Mayor, que a su vez es un empleado del Presidente. El proyecto de Domínguez intentaba una restauración contra natura. También la resolución del Consejo Supremo que López Murphy no frenó a tiempo, y la designación de Rolando que, de paso, llevará una alegría más a los dinosaurios de la dictadura.
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