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En marzo volvieron los despidos y paros, con el Estado a la cabeza

El análisis de una consultora revela un repunte de despidos y conflictos laborales.El 60% tuvo de escenario al sector público.


Por David Cufré
t.gif (862 bytes) Los despidos, suspensiones y la conflictividad laboral registraron en marzo un importante aumento en comparación con febrero. La consultora Tendencias Económicas, que elabora mensualmente dicho indicador, detectó que durante marzo se produjeron 4758 despidos en todo el país, más del doble de los 2029 ocurridos el mes anterior. La mayor parte del incremento se explica por las bajas anotadas en el sector público. El 60 por ciento de los que quedaron en la calle revestían en organismos estatales o eran contratados del Plan Trabajar. En consonancia con ese registro, 21 de los 26 paros producidos durante el mes fueron dispuestos por trabajadores del sector público, tanto nacional como provincial. En cuanto a las suspensiones, fueron 3335, contra las 1031 de febrero.

�La medición sirve para establecer una tendencia de lo que está ocurriendo con el empleo y la conflictividad laboral. No son valores absolutos, pero claramente indican cuál es el rumbo del mercado de trabajo�, señaló a Página/12 José Luis Blanco, director de Tendencias Económicas. De acuerdo con su análisis, �resulta evidente que las protestas se han multiplicado por el efecto que el ajuste fiscal está teniendo sobre el empleo público, tanto en la Nación como en las provincias�.

En marzo se declararon en huelga los docentes de Mendoza, Catamarca, Jujuy, Santa Fe, Neuquén, trabajadores de universidades de todo el país y de los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini. También lo hicieron médicos y empleados administrativos de los hospitales bonaerenses Posadas y Ensenada. En la Ciudad de Buenos Aires fueron al paro trabajadores de ATC y Radio Ciudad, actores de teatros municipales y todo el personal del Teatro Colón. Otros conflictos de envergadura ocurrieron en las administraciones públicas centrales de Neuquén, Catamarca, Salta y Córdoba.

�El ajuste se está sintiendo muy fuerte en el interior del país, aunque también hay problemas en Buenos Aires y la Capital Federal. Es difícil que la situación se revierta en el corto plazo, y más bien todo parece indicar que habrá más despidos y conflictos laborales en lo que resta del año, porque la reducción de gastos fue muy fuerte�, comentó a este diario Héctor Valle, titular de la consultora FIDE. En cuanto a la evolución del empleo en el sector privado, el especialista Ernesto Kritz dijo que �los datos oficiales revelan que estamos en una meseta�. �La última encuesta del Ministerio de Trabajo reveló que la ocupación se mantuvo estable en Buenos Aires y anotó una ligera recuperación en Córdoba. Por lo tanto, todavía no se produjo una franca expansión de la demanda de mano de obra, sino que apenas se vieron leves signos de mejoría�, afirmó.

Aunque también hubo despidos y un aumento de las suspensiones entre los trabajadores del sector privado, la conflictividad laboral fue allí mucho menor a la del sector público. En marzo, sólo hicieron paros los empleados de las líneas de colectivos 32 y 691, los trabajadores del Casino de Paraná y los de Central Puerto. También se manifestaron los empresarios de compañías de colectivos nucleados en Fatap y los metalúrgicos agrupados en Adimra.
Durante el primer trimestre del año, el ranking de expulsores de mano de obra lo encabeza el Estado �sumados el nacional, los provinciales y municipales� con 14.295 bajas. Después le siguen los rubros que, no casualmente, han mostrado mayores inconvenientes en su desempeño en los últimos meses. El sector automotor dejó en la calle a 2667 operarios, mientras que la construcción despidió a 1400 personas y las empresas de transporte a 1359. Luego se ubican los servicios en general (583), alimentos (386) y textiles (240).

 

TRABAJO DA UN TOQUE �PROGRESISTA� PARA LA REFORMA
Apurar al empleador en negro

Por Maximiliano Montenegro
En el Ministerio de Trabajo estudian una serie de proyectos de corte �progresista� que, a manera de frutilla, serían incluidos en el cóctel de la reforma laboral para endulzar la amarga relación entre los senadores de la oposición y el Gobierno. De prosperar, el que más revuelo levantará es el que dispone la anulación del despido si el empleador tuviera al trabajador en negro o si no hubiera girado a la AFIP en tiempo y forma los aportes previsionales correspondientes. Así, el empleado anoticiado de su despido debería seguir cobrando el sueldo hasta tanto el empresario acreditara, en un �certificado de trabajo�, el pago de los aportes previsionales evadidos. En el ministerio que conduce Alberto Flamarique buscan de esa manera dar incentivos al trabajador para que denuncie el negreo de la relación laboral. Dicen que en Chile ya existe una medida similar.
El empantanamiento de la reforma laboral en el Senado dio lugar a que en el Ministerio de Trabajo empezaran a analizar iniciativas que, sin tocar los principios fundamentales del proyecto, podrían aflojar la tensa negociación con los senadores del PJ y agilizar su tratamiento. Una sugiere fraccionar el período de prueba de acuerdo a calificación y niveles salariales. Por ejemplo, para los que ganaran menos de 600 pesos por mes, en puestos de baja calificación, el período de prueba sería de tres meses mientras que se extendería a seis para los de remuneraciones superiores.
Pero la propuesta más audaz es la que apuesta a combatir el empleo negro con la complicidad del trabajador. En el equipo de Flamarique consideran que quien trabaja en negro es, casi como un desocupado, un paria en la sociedad. No puede acceder a un crédito, no cuenta con cobertura social alguna y, en el futuro, tampoco cobrará jubilación. Desde una perspectiva política �razonan� la lucha contra el trabajo en negro es una bandera que podrían levantar conjuntamente tanto el Gobierno como los sindicatos, interesados en revertir el desfinanciamiento de las obras sociales y entidades gremiales.
La fórmula que estudian en Trabajo se basa en los siguientes puntos:
Obligar a los empresarios a entregar un certificado de trabajo cuando despidan a un empleado. En ese documento deberán constar los aportes previsionales que le realizó el empleador mientras duró la relación laboral.
El trabajador tendrá derecho a reclamar en sede administrativa, ante la Superintendencia de Inspecciones del Trabajo del ministerio, el cumplimiento de este requisito. El organismo oficial se encargaría de intimar mediante carta documento al empleador en cuestión.
Hasta que el empresario no haga entrega efectiva del certificado laboral con la acreditación de los aportes, el despido quedaría anulado y el trabajador debería seguir cobrando su salario.
De este modo, para quienes trabajan en negro habría un incentivo para notificar tal situación, más allá de las acciones legales que pudiera iniciar ante la Justicia laboral. �En Chile existe un sistema similar. Lo que se busca es romper la complicidad del negreo, dándole un beneficio concreto al trabajador en caso de denunciarlo�, explican en Trabajo.

 

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