Por David Cufré
Los
despidos, suspensiones y la conflictividad laboral registraron en marzo un
importante aumento en comparación con febrero. La consultora Tendencias
Económicas, que elabora mensualmente dicho indicador, detectó que
durante marzo se produjeron 4758 despidos en todo el país, más del doble
de los 2029 ocurridos el mes anterior. La mayor parte del incremento se
explica por las bajas anotadas en el sector público. El 60 por ciento de
los que quedaron en la calle revestían en organismos estatales o eran
contratados del Plan Trabajar. En consonancia con ese registro, 21 de los
26 paros producidos durante el mes fueron dispuestos por trabajadores del
sector público, tanto nacional como provincial. En cuanto a las
suspensiones, fueron 3335, contra las 1031 de febrero.
�La medición sirve para
establecer una tendencia de lo que está ocurriendo con el empleo y la
conflictividad laboral. No son valores absolutos, pero claramente indican
cuál es el rumbo del mercado de trabajo�, señaló a Página/12 José
Luis Blanco, director de Tendencias Económicas. De acuerdo con su
análisis, �resulta evidente que las protestas se han multiplicado por
el efecto que el ajuste fiscal está teniendo sobre el empleo público,
tanto en la Nación como en las provincias�.
En marzo se declararon en huelga los docentes de Mendoza, Catamarca,
Jujuy, Santa Fe, Neuquén, trabajadores de universidades de todo el país
y de los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini. También lo
hicieron médicos y empleados administrativos de los hospitales
bonaerenses Posadas y Ensenada. En la Ciudad de Buenos Aires fueron al
paro trabajadores de ATC y Radio Ciudad, actores de teatros municipales y
todo el personal del Teatro Colón. Otros conflictos de envergadura
ocurrieron en las administraciones públicas centrales de Neuquén,
Catamarca, Salta y Córdoba.
�El ajuste se está sintiendo muy fuerte en el interior del país,
aunque también hay problemas en
Buenos Aires y la Capital Federal. Es difícil que la situación se
revierta en el corto plazo, y más bien todo parece indicar que habrá
más despidos y conflictos laborales en lo que resta del año, porque la
reducción de gastos fue muy fuerte�, comentó a este diario Héctor
Valle, titular de la consultora FIDE. En cuanto a la evolución del empleo
en el sector privado, el especialista Ernesto Kritz dijo que �los datos
oficiales revelan que estamos en una meseta�. �La última encuesta del
Ministerio de Trabajo reveló que la ocupación se mantuvo estable en
Buenos Aires y anotó una ligera recuperación en Córdoba. Por lo tanto,
todavía no se produjo una franca expansión de la demanda de mano de
obra, sino que apenas se vieron leves signos de mejoría�, afirmó.
Aunque también hubo despidos y un aumento de las suspensiones entre los
trabajadores del sector privado, la conflictividad laboral fue allí mucho
menor a la del sector público. En marzo, sólo hicieron paros los
empleados de las líneas de colectivos 32 y 691, los trabajadores del
Casino de Paraná y los de Central Puerto. También se manifestaron los
empresarios de compañías de colectivos nucleados en Fatap y los
metalúrgicos agrupados en Adimra.
Durante el primer trimestre del año, el ranking de expulsores de mano de
obra lo encabeza el Estado �sumados el nacional, los provinciales y
municipales� con 14.295 bajas. Después le siguen los rubros que, no
casualmente, han mostrado mayores inconvenientes en su desempeño en los
últimos meses. El sector automotor dejó en la calle a 2667 operarios,
mientras que la construcción despidió a 1400 personas y las empresas de
transporte a 1359. Luego se ubican los servicios en general (583),
alimentos (386) y textiles (240).
TRABAJO DA UN TOQUE �PROGRESISTA�
PARA LA REFORMA
Apurar al empleador en negro
Por Maximiliano
Montenegro
En el Ministerio de Trabajo estudian una
serie de proyectos de corte �progresista� que, a manera de
frutilla, serían incluidos en el cóctel de la reforma laboral para
endulzar la amarga relación entre los senadores de la oposición y el
Gobierno. De prosperar, el que más revuelo levantará es el que
dispone la anulación del despido si el empleador tuviera al
trabajador en negro o si no hubiera girado a la AFIP en tiempo y forma
los aportes previsionales correspondientes. Así, el empleado
anoticiado de su despido debería seguir cobrando el sueldo hasta
tanto el empresario acreditara, en un �certificado de trabajo�, el
pago de los aportes previsionales evadidos. En el ministerio que
conduce Alberto Flamarique buscan de esa manera dar incentivos al
trabajador para que denuncie el negreo de la relación laboral. Dicen
que en Chile ya existe una medida similar.
El empantanamiento de la reforma laboral en el Senado dio lugar a que
en el Ministerio de Trabajo empezaran a analizar iniciativas que, sin
tocar los principios fundamentales del proyecto, podrían aflojar la
tensa negociación con los senadores del PJ y agilizar su tratamiento.
Una sugiere fraccionar el período de prueba de acuerdo a
calificación y niveles salariales. Por ejemplo, para los que ganaran
menos de 600 pesos por mes, en puestos de baja calificación, el
período de prueba sería de tres meses mientras que se extendería a
seis para los de remuneraciones superiores.
Pero la propuesta más audaz es la que apuesta a combatir el empleo
negro con la complicidad del trabajador. En el equipo de Flamarique
consideran que quien trabaja en negro es, casi como un desocupado, un
paria en la sociedad. No puede acceder a un crédito, no cuenta con
cobertura social alguna y, en el futuro, tampoco cobrará jubilación.
Desde una perspectiva política �razonan� la lucha contra el
trabajo en negro es una bandera que podrían levantar conjuntamente
tanto el Gobierno como los sindicatos, interesados en revertir el
desfinanciamiento de las obras sociales y entidades gremiales.
La fórmula que estudian en Trabajo se basa en los siguientes puntos:
Obligar a los empresarios a entregar
un certificado de trabajo cuando despidan a un empleado. En ese
documento deberán constar los aportes previsionales que le realizó
el empleador mientras duró la relación laboral.
El trabajador tendrá derecho a
reclamar en sede administrativa, ante la Superintendencia de
Inspecciones del Trabajo del ministerio, el cumplimiento de este
requisito. El organismo oficial se encargaría de intimar mediante
carta documento al empleador en cuestión.
Hasta que el empresario no haga
entrega efectiva del certificado laboral con la acreditación de los
aportes, el despido quedaría anulado y el trabajador debería seguir
cobrando su salario.
De este modo, para quienes trabajan en
negro habría un incentivo para notificar tal situación, más allá
de las acciones legales que pudiera iniciar ante la Justicia laboral.
�En Chile existe un sistema similar. Lo que se busca es romper la
complicidad del negreo, dándole un beneficio concreto al trabajador
en caso de denunciarlo�, explican en Trabajo. |
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