Por Martín Granovsky
 Graciela Fernández Meijide se plegó ayer a Ricardo Gil Lavedra, que era la voz más tajante del gabinete sobre quién debe juzgar el robo de chicos. Dijo que �corresponde a la Justicia civil, la que nos incumbe a todos, porque fueron delitos comunes�. El lunes el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, había dicho que en su opinión debe actuar la �Justicia penal federal�, pero él mismo relativizó el valor institucional de sus palabras cuando no quiso condenar la resolución del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. �Es opinable�, dijo en un reportaje concedido a Página/12.
La afirmación de Fernández Meijide marcó una novedad política. La ministra de Desarrollo Social parecía haberse impuesto a sí misma la norma de opinar solo sobre temas de su área. Hasta ayer, únicamente Gil Lavedra y López Murhpy participaban desde el Gobierno en una cuestión que puede terminar complicando en el exterior a Fernando de la Rúa.
La semana que viene la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas repasará el panorama de las garantías individuales en todo el mundo. Como se informa aparte, el encargado del sector en la Cancillería, Leandro Despouy, impulsará la creación de una Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas. Pero al mismo tiempo las organizaciones no gubernamentales tienen la posibilidad de hablar, y alguna de ellas podría presentar el caso del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas como un hecho grave. Aquí, el vicepresidente de la APDH Simón Lázara calificó el desafío de los dinosaurios a la pesquisa de Adolfo Bagnasco como un �alzamiento institucional�, el abogado Alberto Pedroncini criticó lo que definió como �avasallamiento de la investidura del juez� y el director del CELS, Martín Abregú, pidió al Gobierno más energía.
El fantasma que recorre las oficinas del Gobierno es el de Julio Sanguinetti, el ex presidente uruguayo que rechazó colaborar con el poeta Juan Gelman en la búsqueda de su nieta y no quiso recibir nunca a los familiares de los desaparecidos. A pesar de una versión publicada el domingo en un diario de Buenos Aires, Página/12 no tiene ningún elemento para afirmar que Gelman fue ayudado por el Gobierno en el capítulo uruguayo de su investigación. Gelman, además, tampoco pidió ayuda a la administración de De la Rúa. El temor oficial se relaciona, más bien, con la imagen, y apunta a que los foros internacionales de derechos humanos puedan asociar la negativa de Sanguinetti con la reaparición del Consejo Supremo en la Argentina.
El gabinete había programado tratar el tema. Quizás incluso analizaría las citaciones a militares en actividad por parte de la Justicia civil. Sin embargo, cuatro ministros que pidieron reserva de su nombre dijeron a este diario que el análisis ni existió.
�De la Rúa se fue enseguida, y después Chacho interrumpió la reunión por un problema de agenda �dijo uno de los funcionarios.
Antes de entrar, Graciela fue cauta al opinar sobre la integración del actual Consejo Supremo (�No lo conozco�, dijo) pero concluyente al recordar el pasado. La ministra historió que, al principio de la democracia, el Consejo Supremo miró para otro lado.
�Una discusión similar se dio a comienzos de la democracia cuando se investigaban las violaciones durante la dictadura y en su momento aquel Consejo decidió que no había motivo para enjuiciar a nadie �dijo.
Después de la reunión de gabinete mantuvo un aparte con Gil Lavedra y López Murphy. Allí el ministro de Justicia y Derechos Humanos insistió en que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, �que tiene jerarquía constitucional, excluye a la jurisdicción militar expresamente�.
�¿La Convención puede invocarse aunque el Código Penal no incluya la figura de la desaparición forzada? �preguntó ayer Página/12 a un especialista del Gobierno. �Sí. En este caso la Convención es operativa, o sea que un juez puede utilizarla directamente.
En su diálogo con este diario, en cambio, el ministro de Defensa repitió que su opinión tiende a que la Justicia civil siga juzgando el robo de bebés, pero no quiso abundar en argumentos jurídicos que permitieran pensar en una política del Estado argentino.
Tampoco criticó al Consejo Supremo �solo dijo que no concordaba con la resolución�, ni presumió deshonestidad, ni una actitud antidemocrática, y menos todavía quiso relacionar las dos bajas en el Consejo Supremo con el pronunciamiento del jueves pasado o anunciar que removería a todos los miembros del máximo tribunal militar. El general de brigada retirado Roberto Sánchez Negrete reemplazó como vocal al general Néstor Cassina, y el general de división retirado Alfredo Rolando sustituyó como presidente a Enrique Bianchi.
Entre los diputados, entretanto, cada uno revelaba un humor distinto.
 El ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena prefirió minimizar la patética reaparición del Consejo Supremo. �Seguramente la jurisprudencia va a ratificar la competencia de los jueces que en este momento entienden en la causa. No le doy a esto más importancia que un incidente sin ninguna trascendencia judicial�, dijo.
Y otros diputados de la Alianza, en especial del Frepaso, pidieron la remoción del Consejo o una actitud más firme de López Murphy (ver aparte).
| Claves
Fernández Meijide dijo que los tribunales militares no deben investigar el robo de bebés en la dictadura y así terció por primera vez en los últimos tiempos en un tema que está fuera de su área de competencia, la de Desarrollo Social.
Hasta ahora López Murphy dijo que a él le gustaría que la Justicia civil siguiese investigando los delitos de supresión de identidad y sustracción de menores, pero no criticó al Consejo Supremo ni dio argumentos jurídicos.
Además de Graciela, el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra insistió en que rige con rango constitucional la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que excluye la jurisdicción militar.
En Ginebra, la Cancillería buscará que la Argentina promueva una convención mundial sobre desaparición forzada.
De paso, el Gobierno quiere evitar que la decisión del Consejo Supremo lo deje internacionalmente con una imagen similar a la del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, indiferente a los reclamos de Gelman.
Diputados de la Alianza pidieron la remoción del Consejo Supremo. |
| Desaparición forzada
La Argentina impulsará hoy en el Palacio de la ONU en Ginebra la creación de una �Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas� durante el 56 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo internacional, informó ayer la Cancillería. A raíz de las numerosas desapariciones que se registraron en América Latina, la comisión de DD.HH de la ONU creó en 1980 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias para que investigue el tema.
El texto del Ministerio de Relaciones Exteriores cita el trabajo de la CONADEP, el juicio a las juntas militares y la investigación que llevó a cabo el Ministerio Público como clave para permitir la reunión de datos para esclarecer varios casos de violaciones a los derechos humanos. También estima la Cancillería que otros países, como Francia y Suiza, que promovieron el debate sobre este tema en el seno de la ONU, podrían acompañar la iniciativa. Además, diversas organizaciones no gubarnamentales �como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos� manifestaron su interés en la creación de un instrumento vinculante de alcance universal para prevenir y castigar las desapariciones forzadas. �Esta invitación pone de relieve la voluntad política del Gobierno del presidente De la Rúa de cumplir los compromisos internacionales asumidos y someterse a los mecanismos de supervisión consagrados en los principales tratados de derechos humanos�, informó la Cancillería en un párrafo que podría ser invocado cuando se discuta, por ejemplo, la competencia del juez Baltasar Garzón para extraditar criminales argentinos. |
| �Había que relevarlos�
Diputados de la Alianza rechazaron la pretensión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de hacerse cargo de las causas por robo de bebés durante la dictadura y le reclamaron al ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, que modifique la actitud que mantuvo en el tema hasta ahora.
Uno de los partidos del Frepaso, el Socialista Democrático, a través de su secretario general, el diputado Alfredo Bravo, consideró �inquietante� que el Ministerio de Defensa �no se haya pronunciado tajantemente para frenar esta burda maniobra de ciertos nostálgicos del Proceso�. Entre sus argumentos, el PSD detalló que el Consejo Supremo es un organismo de carácter administrativo que depende del Poder Ejecutivo �sin facultades judiciales�.
Por tanto, sigue la argumentación, correspondía �el relevo liso y llano� de todos los integrantes del Consejo porque, con su pedido, intentaron sumarse a la estrategia dilatoria de los defensores de los militares procesados en las causas de apropiación de hijos de desaparecidos que investiga el juez federal Adolfo Bagnasco.
Aunque algunas fuentes de la Rosada sostenían que los miembros del Consejo serían reemplazados progresivamente, los rumores no alcanzaron para disipar el malestar creado en sectores del radicalismo y del Frepaso. En un escueto proyecto de declaración que presentaron ayer en la Cámara de Diputados, los legisladores frepasistas Alejandro Peyrou y Marcela Bordenave y el radical Roberto de Bariazarra le reclamaron a López Murphy que �actúe con mayor energía en sus dependencias, a fin de hacer cumplir la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en virtud del rango constitucional de la misma�.
�El ministro de Defensa debe hacer cumplir a rajatabla la Constitución Nacional en un área tan sensible para los argentinos como lo es la de derechos humanos�, explicó Peyrou. El diputado explicó que su proyecto de declaración se basaba en que la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas excluyó expresamente la actuación de tribunales militares en causas vinculadas a la violación de derechos humanos y que esa convención fue incorporada a la Constitución a partir de la reforma de 1994. |
LA MINISTRA PRESENTO A KARLIC LOS PROYECTOS SOCIALES
El plan rinde examen con la Iglesia
Por Washington Uranga
La ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, se reunió ayer con el presidente del Episcopado, Estanislao Karlic, y con el secretario general del organismo, Guillermo Rodríguez Melgarejo, para exponerles los proyectos del área social del Gobierno que están destinados a atender a 455 mil familias de todo el país que se encuentran en situación de extrema pobreza. El encuentro se realizó en la sede la Conferencia Episcopal Argentina y la ministra estuvo acompañada por uno de sus asesores, el dirigente sindical Carlos Custer.
Al culminar la entrevista, Fernández Meijide se mostró satisfecha por el diálogo y las fuentes eclesiásticas también confirmaron el clima cordial que tuvo el intercambio. De parte de la ministra se puso énfasis en buscar la colaboración de la Iglesia en la iniciativa, subrayando que por el momento el plan de asistencia se encuentra en una fase piloto y que, por lo tanto, existe disposición a recibir todas las sugerencias y contribuciones que los obispos quieran realizar.
Tanto el arzobispo Karlic como el obispo Rodríguez Melgarejo se mostraron satisfechos y confiados en que la iniciativa presentada se traduzca en �hechos concretos� a favor de la gente, solicitando que no se generaran expectativas que luego no se puedan satisfacer. Valorando el aporte que se hace con los planes asistenciales, los obispos pidieron también que sin dejar de actuar sobre la coyuntura se instrumenten desde el Gobierno políticas a mediano y largo plazo destinadas a revertir la pobreza y las desigualdades sociales.
La ronda de reuniones de Fernández Meijide con representantes de la Iglesia continuará el jueves con un encuentro con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, y, posteriormente, con una entrevista que sostendrá con el obispo de Zárate-Campana y ex presidente de Caritas, Rafael Rey.
De la Rúa hizo mucha espuma contra el lavado
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El Presidente aprovechó la Conferencia sobre Control de las Drogas para presionar
por la ley contra el lavado de dinero.
Fernando de la Rúa flanqueado por el comandante de Gendarmería Hugo Miranda y Donnie Marshall de la DEA.
�La acción de las fuerzas de seguridad debe culminar en un juicio justo dentro de las normas legales.� |
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�Estoy ansioso por promulgar la ley contra el lavado de dinero�, sostuvo ayer Fernando de la Rúa, en la apertura de la 18ª Conferencia Internacional sobre el Control de las Drogas que se desarrolla en el Hotel Panamericano. Durante su discurso, el Presidente remarcó �la importancia de la prevención y la investigación de las fuerzas de seguridad�, pero subrayó que es �decisivo� el accionar posterior de los tribunales. Además, De la Rúa adelantó que el Ministerio de Justicia analiza cambios en la legislación para agilizar los procesos.
De la Rúa inició su exposición señalando que espera que la nueva ley sea sancionada lo antes posible. �Se tendrán acciones más efectivas contra el lavado, una maniobra que los narcotraficantes precisan para dar curso a la libre acumulación de dinero, que es su objetivo principal�, sostuvo el Presidente.
La ley girada por el Ejecutivo tiene media sanción del Senado y aún espera la aprobación de Diputados. Prevé penas de dos a diez años de prisión y multa de �dos a diez veces el monto de la operación� a toda persona que �convierta, transfiera, administre, venda o aplique dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiere participado�. Además, la iniciativa establece la �inhabilitación absoluta especial� para los funcionarios públicos que comentan este delito que, según algunas estimaciones, mueve alrededor de 750 millones de pesos por año en la Argentina.
El tema viene de lejos. Apenas asumió el gobierno de la Alianza, el número uno de la embajada norteamericana en la Argentina, Manuel Rocha, solicitó formalmente a la nueva administración una nueva ley que reprima específicamente el lavado de dinero. Además, el proyecto fue requerido por el Grupo de Administración Financiera Internacional (GAFI), una entidad encargada de sancionar a los países que no posean legislación contra este delito.
Por eso, De la Rúa subrayó que su gobierno está �en plena tarea� y destacó que �en la última reunión del Consejo de Seguridad se establecieron las bases de cooperación entre la Nación y las provincias�. En este sentido, el Presidente remarcó el trabajo de las fuerzas de seguridad, aunque subrayó que es �decisivo� el accionar posterior de la Justicia. �Es necesario que la acción de las fuerzas de seguridad tenga el resultado de un juicio justo dentro de las normas legales, pero con todo el rigor de la ley, para que por subterfugios procesales no se frustre la acción que se realiza�.
De la Rúa dijo además que el combate del lavado de dinero debe ser una iniciativa global. �Debemos colaborar con todos los países amigos, para que entre todos inflijamos derrotas decisivas al narcotráfico que está amenazando la libertad y la vida de nuestro pueblo�, explicó el Presidente.
Además de De la Rúa, participaron del encuentro el administrador de la DEA, Donnie Marshall, el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, el de Interior, Federico Storani, y el titular de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, Lorenzo Cortese.
Detalles, puntos oscuros, errores tecnicos
La evasión quedó fuera del proyecto
Por Claudio Scaletta
La controvertida ley contra el lavado de dinero impulsada por Estados Unidos y recientemente devuelta a la Cámara de Diputados con las modificaciones introducidas por el Senado, omitió un pequeño detalle: la Unidad de Información Financiera (UIF) no tendrá entre sus objetivos de análisis, prevención y detección a la fuente que en Argentina origina al grueso del delito, la evasión impositiva. Por otra parte, en el texto se desliza lo que a juicio de muchos especialistas es un error técnico, pues no se establece la jurisdicción federal, lo que podría derivar en que cualquier juez nacional se ocupe por ejemplo del Cartel de Juárez.
Según la opinión unánime de los actores vinculados a los temas de lavado de dinero, tanto gubernamentales como del sector privado, alrededor del 80 por ciento de los fondos que se lavan en Argentina provienen de la evasión impositiva. Sin embargo, luego de larguísimas discusiones acerca del ámbito, competencia y dependencia de la Unidad de Información Financiera -el organismo que creará la nueva ley y cuya función será �el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos�, según el texto aprobado por el Senado� el organismo no tendrá la posibilidad de enfrentar los delitos de evasión que competen al fuero penal económico.
La anterior legislación sobre lavado de dinero, que data de 1989, limitaba su accionar al lavado proveniente del narcotráfico. La nueva norma extiende la competencia al dinero proveniente también de otros delitos, entre ellos: el contrabando de armas, las actividades provenientes de asociaciones ilícitas calificadas, la prostitución de menores y la pornografía infantil. Sin embargo, aunque también comprende el fraude contra la administración pública, en Argentina el delito de evasión está legislado por el régimen penal tributario, sancionado en 1997, y nada tiene que ver con los incisos y títulos del código penal taxativamente citados en la nueva ley (174 inciso 5 y capítulos VI, VII y IX del título XI del Libro Segundo).
El otro punto débil de la norma, probablemente debido a un desliz técnico, es el referido a la competencia jurisdiccional de los delitos tipificados, pues no está definido el fuero federal para el juzgamiento de los eventuales delitos. Esta omisión significa que cualquier juez nacional estaría en condiciones de ocuparse de delitos interjurisdiccionales. Un juez podría abordar causas que involucren a grandes organizaciones internacionales.
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