Por Irina Hauser
 Los dos ciudadanos paraguayos que están presos en Argentina, acusados de haber acribillado al vicepresidente Luis María Argaña, deberán ser extraditados a su país de origen, según resolvió ayer el juez de Morón Daniel Criscuolo. Luis Alberto Rojas y Fidencio Vega Barrios no son tan afortunados como el golpista Lino Oviedo �señalado como el ideólogo del crimen�, cuyo paradero cierto es un enigma desde que se fugó de Tierra del Fuego, donde gozaba del asilo político dispensado por la gestión de Carlos Menem. Los defensores de ambos detenidos incriminan al gobierno actual de Paraguay: �El ministro del Interior, Walter Bower, ofreció un millón de dólares y sólo dos años de cárcel para cada uno, para que se hagan cargo del asesinato y así cerrar el caso. Claro que no se harán cargo de nada porque son inocentes�, dijo el abogado Osvaldo Peña Alvarez. Al dúo que la Justicia bonaerense dispuso deportar, lo delató Pablo Vera Esteche, un hombre que tras ser detenido en octubre del año pasado se autoinculpó en el asesinato. Esteche había sido, según allegados a la causa, el primero en recibir (y aceptar) la oferta del millón de dólares y los dos años de cárcel de parte de Bower para acusarse a sí mismo y facilitar que se cierre el caso. A Rojas lo señaló como líder de la banda que disparó contra Argaña y a Vega Barrios como un integrante.
El juez Criscuolo dictó la extradición contrariando todos los argumentos agitados por los abogados de los paraguayos, quienes planteaban que se trataba de un crimen político y que la solicitud de Paraguay no cumplía con los requisitos formales. El texto del fallo aclara que previamente deberán finalizar otros procesos judiciales contra Rojas y Vega Barrios radicados en Argentina, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo defina, igual, enviarlos a sus tierra. Rojas había sido detenido en enero cuando intentaba asaltar una remisería en Morón portando un arma de guerra. Vega Barrios está acusado de resistir la autoridad y de usar un DNI trucho.
Aunque ayer a la noche la Cancillería no había sido notificada por el juzgado, según fuentes oficiales el Gobierno �le dará curso a la extradición� y nadie descarta que se intente acelerar el trámite. De hecho, las gestiones tejidas entre Asunción y Buenos Aires entre febrero y marzo parecen apuntar a eso. Y a superar el malestar que provocó el rechazo de la extradición de Oviedo resuelto por la Cancillería menemista.
�Claro, ahora todos se quieren diferenciar de Menem�, se quejó Peña Alvarez quien anunció que junto con su socio, Víctor Stinfale, apelarán la resolución ante la Corte Suprema. En el alto tribunal podrá presentarse como parte el Estado paraguayo para mejorar los fundamentos de la extradición. �Hasta que la Corte resuelva, seguro va a pasar por lo menos un año�, dijo Peña Alvarez. �Sería muy grave que los entreguen a Paraguay, hay serias sospechas de que los torturen en la cárcel�, añadió.
La versión oficial que muestra a Rojas, Vega Barrios y Vera Esteche como autores materiales y a Oviedo y al ex presidente Raúl Cubas como autores intelectuales es la que defiende la familia de Argaña, asesinado el 23 de marzo de 1999. La de estos acusados apunta a que el gobierno de Cubas habría sido objeto de un complot planeado por el actual gobierno.
EL GENERAL MINA DECLARO ANTE LA JUSTICIA CORDOBESA
¿Un espionaje sin espías?
Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba
�Luego de que termine la causa la imagen del Ejército va a estar salvada, como siempre.� La frase salió de boca de Jorge Miná, el general hoy retirado que formó parte de la administración de Martín Balza al frente de la Jefatura de Inteligencia del Ejército y el militar de más alto rango involucrado en la causa de espionaje que investiga la justicia federal de Córdoba. Ayer declaró junto a otros oficiales ante la jueza Cristina Garzón de Lascano, negó haber realizado acciones ilegales de inteligencia, se reunió con sus abogados y regresó a Buenos Aires. La ronda de indagatorias seguirá hoy y se espera en los tribunales la presencia del resto de los agentes civiles que escondían sus identidades bajo códigos y que habrían seguido de cerca los pasos del juzgado que tramita la causa Menéndez, de periodistas, políticos y estudiantes universitarios.
Jorge Miná llegó a los tribunales pasadas las nueve, de traje azul oscuro y acompañado de un abogado porteño de apellido Casin y de Eduardo Rodríguez Aramburu, el letrado cordobés que defiende a todos los militares imputados. Pasó una hora hasta que salió del despacho de Garzón de Lascano y dialogó con los periodistas que lo esperaban. �Ese es un tema que lo tiene la jueza, eso lo tiene que decir la Justicia�, respondió Miná cuando le preguntaron si había ordenado investigaciones sobre las causas de derechos humanos en Córdoba.
�¿Cómo tomó esto que pasó en Córdoba?
�Fue un hecho traumático, especialmente después de la explosión que tuvo el caso en los medios de comunicación social.
�¿Cree que queda una imagen negativa del Ejército después de esto?
�Luego de que termine la causa la imagen del Ejército va a estar salvada, como siempre. El Ejército va a quedar bien porque es una institución muy importante.
�¿El secreto y la reserva necesaria para llevar adelante tareas de inteligencia se vieron afectados al comenzar este escándalo?
�Desde el punto de vista sustancial no. Desde el punto de vista comunicacional sí.
Según trascendió, Miná negó ante la jueza haber ordenado espionaje
ilegal en torno de la Justicia y se reservó el derecho de ampliar la indagatoria, es decir, no dijo más. Tras él, declararon los coroneles José Luis Bo y Eduardo Condal, ambos de la Jefatura II de Inteligencia; el mayor Néstor Baudano, ex subjefe de Inteligencia del Tercer Cuerpo y Maldonado, el secretario privado del ex titular de ese cuerpo castrense, Juan Manuel Llavar. Todos utilizaron la misma estrategia -.también José
Guillamondegui (ex jefe de Inteligencia en Córdoba) que declaró el lunes� de negar los hechos y no contestar preguntas, hasta conocer las pruebas con que cuenta la Justicia en su contra, cuando finalicen las indagatorias. Lo curioso es que todos utilizan el discurso de negar haber realizado �acciones ilegales de inteligencia�, subrayando lo de �ilegal� y sugiriendo que a su modo de ver no fue ilegal la reunión de información que se les adjudica, aunque no la niegan. Pero el caso de espionaje no resulta un escándalo aislado; de hecho los mismos nombres se reiteran en otras causas poco claras que fueron a parar a tribunales: Baudano y Maldonado, por ejemplo, están imputados por la Justicia en razón de haber compartido en sociedad la agencia de seguridad MBM, siendo militares en actividad.
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