Por Susana Viau
 El Banco Central le revocó al Banco República la autorización para funcionar. Hace exactamente un año, tanto el República como el Banco Mendoza �ambos propiedad de Raúl Moneta� habían entrado en cesación de pagos y cerraron sus puertas. Posteriormente, una resolución insólita del BCRA rehabilitó al primero. La decisión difundida ayer no sorprendió a los frecuentadores de la city: la vuelta a la actividad del banco mayorista había sido una ficción. Tampoco sorprendió que Pedro Pou �quizás alentado por el rumor de que los camaristas federales Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani revocarán en los próximos días su procesamiento� haya jugado, una vez más, la ficha más beneficiosa para Moneta: de haber decretado la liquidación del República, el resto de los bienes del banquero hubiera quedado expuesto a una eventual extensión de la quiebra.
La comunicación �B� 6678 firmada por el gerente de Autorización de Entidades Financieras y el subgerente del área de Coordinación Técnica informa que la decisión fue adoptada el 30 de marzo de este año. Poco antes de esa fecha, este diario había concurrido a la sede del Banco República, ubicado en la calle Sarmiento 336. El panorama era desolador y el banco, una boca de lobo. Sus dependencias estaban a oscuras y el único signo vital lo constituían los dos hombres de la vigilancia privada que conversaban en un mostrador cercano a la entrada. Cuando Página/12 expresó su extrañeza por ese notorio abandono, el vigilante sólo atinó a argumentar: �Es que éste es un banco mayorista�.
En el caso del Banco Mendoza, el Central dictó una medida similar que abrió a los accionistas �Banco República y Magna Inversora, formada por un grupo de grandes empresarios de la provincia� la oportunidad de eludir la liquidación. La intención de los accionistas era autoliquidar al Banco Mendoza y convertirlo en una sociedad comercial no financiera. El paso fue abortado por la intervención del juez del fuero concursal de Mendoza Guillermo Mosso, quien dispuso un proceso de verificación que determine si los activos del Banco Mendoza residual alcanzan para pagar a los acreedores.
El Banco República �junto con el Mendoza� cayó el 8 de abril de 1999, luego de haber recibido en los dos meses anteriores importantes redescuentos por parte del Banco Central. Fueron más de 80 millones de dólares a cambio de una cartera que, se vería, pasó al Central como un presente griego: se trataba, en su mayor parte, de generosos autopréstamos y el deudor principal era República Propiedades (una sociedad de Moneta), dueña del Edificio República. El inmueble, que en 1996 había figurado falsamente entre las propiedades del banco, se encontraba gravado por una hipoteca que sobrepasaba en mucho su verdadero valor. El Central, sin embargo, hizo caso omiso a la opinión que los tasadores del Banco Nación formularon tras la pericia y valuó al edificio, con mucha buena voluntad, en 75 millones y lo tomó al precio que Moneta había declarado: 93 millones. El trámite, de acuerdo con la documentación interna del Central, fue aprobado así, a carpeta cerrada, por la línea que dejó constancia de obrar �por órdenes superiores�.
Cuando el juez federal mendocino Luis Leiva ordenó la captura del financista preferido del menemismo, éste se profugó. No obstante, en una decisión sin precedentes, Pou resolvió la rehabilitación del banco que tenía a su presidente (Benito Jaime Lucini) preso y a su vice (Moneta) huido. La bula de Pou fue aprovechada de inmediato por Moneta que, desde la clandestinidad, vendió parte de su participación en el CEI al fondo inversor Hicks, Muse, Tate & Furst en más de 140 millones, una voluminosa operación que no habría podido concretarse con el Banco República cerrado, puesto que esas acciones formaban parte de los activos de la entidad.
La aventura bancaria de Raúl Juan Pedro Moneta, socio del Citibank y de Telefónica de Argentina, llevó por el camino de la desgracia a los magistrados a quienes, voluntaria o involuntariamente, les tocó intervenire investigar su actividad en el mundo de las finanzas. Orlando Juan Vargas, juez correccional de Mendoza, va camino al juicio político solicitado por el contador Luis Balaguer por haber dado a Moneta la posibilidad de quedarse con los bancos de Mendoza y de Previsión Social. La Corte Suprema de la provincia había calificado su fallo de �arbitrario e inconstitucional�.
El juez federal Carlos Liporaci también afronta un pedido de juicio político presentado por el senador radical formoseño Alberto Ramón Maglietti. La causa: haber excarcelado a Moneta pese a que la Cámara Federal había revocado esa eximición de prisión dictada por Gustavo Literas. Precisamente, el nombre de Literas acaba de agregarse a la lista de candidatos a la destitución a pedido del legislador liberal mendocino Gustavo Gutiérrez y de la diputada radical Elisa Carrió, quienes consideran que su desempeño en la causa que involucra a Raúl Moneta configura los delitos de �prevaricato y violación de deberes de funcionario público�.
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