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Las acciones de la automotriz Renault perdieron ayer un 6 por ciento de su valor en la bolsa porteña, luego de que la empresa informara sobre la apertura de dos sumarios administrativos por parte de la Dirección General de Aduanas, reclamando una deuda fiscal por 520 millones de dólares. Según fuentes de la AFIP, �existen tres causas abiertas en juzgados federales de Córdoba (contra la terminal) por la reimportación ilegal de unidades desde Uruguay y Chile� entre los años 1990 y 1995, en relación a las cuales fueron llamados a declarar a fines de marzo tres imputados. En el organismo recaudador se estima que estaría próxima una resolución de la Justicia adversa a la empresa, lo que apuró la determinación de la Aduana del monto fiscal que reclamará. En un informe a la Bolsa, firmado por su titular, Manuel Antelo, quien hoy se entrevistará con Fernando de la Rúa, Renault Argentina califica como �disparatado� el monto determinado por la Aduana y defiende las operaciones cuestionadas como totalmente lícitas. �La operación consistió, básicamente, en exportar a Uruguay kits (conjuntos) de partes y piezas -describe la empresa�. A partir de dichos kits, y con el agregado de insumos y mano de obra uruguaya, se realizó su ensamblado. Los vehículos terminados eran importados por la sociedad a la Argentina para su verificación final y posterior distribución comercial.� En virtud del acuerdo binacional de Alcance Parcial de Complementación Económica (AAPCE, ex CAUCE) entre Argentina y Uruguay, a Renault le correspondía percibir reintegros �que en su conjunto ascienden a 8,6 millones de pesos� por la exportación de las partes y piezas, �los que nunca fueron percibidos por la sociedad, sino que ésta simplemente solicitó su cobro�, siempre según la versión de la empresa. �Es decir que la Aduana pretende cobrar una multa de más de 56 veces el importe que nunca hemos efectivamente percibido�, concluye Renault. La versión de la AFIP y la que hasta ahora acreditó la Justicia es bien distinta. Según el fiscal federal Carlos Torres, a cargo de la acusación, �la maniobra consistía en llevar estos vehículos desarmados a Uruguay, armarlos en ese país y volver a traerlos�, sin pagar arancel en virtud del acuerdo binacional. �El Estado les reintegraba los impuestos (sobre el valor exportado), que son aproximadamente el 15 por ciento del valor de cada auto.� Durante el año 1992, la maniobra habría involucrado a un total de 2646 camionetas. En relación a esta causa, en octubre de 1999 la Cámara de Apelaciones de Córdoba dictó el procesamiento de Manuel Antelo por contrabando, luego de que el juez de primera instancia, Ricardo Bustos Fierro, lo sobreseyera. El fallo provocó una airada reacción del embajador de Francia, Paul Dijoud, que protestó ante la Jefatura de Gabinete �entonces a cargo de Jorge Rodríguez� advirtiendo sobre la �inseguridad jurídica� para la inversión extranjera que dicha medida supondría. La actitud del diplomático generó una extendida reacción de repudio, tanto a nivel político como de entidades de la magistratura, que la calificaron como �una intromisión inaceptable� y �un atropello incalificable a la investidura de nuestros jueces y a la independencia del Poder Judicial�. El nuevo capítulo de esta historia se está escribiendo pocas horas antes de la visita que efectuará a la Argentina, mañana y el viernes, el canciller francés, Hubert Vedrine, quien será recibido por su par, Adalberto Rodríguez Giavarini, y el presidente de la Nación, Fernando de la Rúa. En su descargo ante la Bolsa, Renault sostuvo que �la Aduana tuvo un conocimiento detallado de la operación durante la ejecución de la misma; la documentación aduanera presentada por la sociedad para instrumentar dichas operaciones consignaba en forma expresa y veraz tanto la mercadería que se exportaba e importaba como el régimen en virtud del cual se operaba�. �Consecuentemente �agrega�, la sociedad considera que no ha existido ocultamiento, ardid o engaño.� En oportunidad del procesamiento de Antelo, el fiscal Torres �que había apelado el fallo de Bustos Fierro, actualmente enjuiciado por la Magistratura por su fallo en favor de una nueva reelección de Carlos Menem� había señalado que la maniobra era �una tremenda defraudación al Estado, porque lo que ellos (la empresa) decían que iba a Uruguay para siempre, prácticamente volvía un mes después de la primera operación y casi con los mismos camiones que lo llevaban�. El expediente también incluía denuncias sobre operaciones similares con Chile y Perú, �por eso la decisión de la Cámara ordenando que se profundizara la investigación�. Torres precisó que el Código Aduanero contempla penas de hasta diez años de prisión por contrabando, mientras que por defraudación calificada van hasta los seis años.
LA NUEVA POLITICA PARA LOS PEAJES Nicolás Gallo, escoltado por sus colaboradores directos, explicó ayer ante los legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones varios de los proyectos oficiales bajo su competencia. Entre ellos, su iniciativa �personal� de ampliar el aeroparque construyendo pistas sobre el Río de la Plata y la de continuar con el peaje a partir del 2003, pero expropiando más terrenos aledaños a las rutas concesionadas.
BRASIL NO ACEPTA SALVAGUARDIAS El gobierno de Brasil no aceptará incluir mecanismos de protección, como cupos o salvaguardias, dentro del Mercosur. Esa postura fue la que sostuvo el delegado del país vecino, José Botafogo Gonçalves, en la primera reunión del Grupo Mercado Común que se desarrolló ayer en Buenos Aires. El organismo ejecutivo del bloque regional, a nivel de ministros, sesionará hasta mañana y tendrá entre sus tareas centrales diseñar el relanzamiento del Mercosur. Sin embargo, los funcionarios brasileños fueron tajantes en su negativa a la propuesta de Uruguay y Paraguay, acompañada por Argentina, respecto a reglamentar nuevas pautas de protección sectoriales.
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