Por Eduardo Videla
 Río Negro será la primera provincia argentina en aplicar un plan de prevención del delito que involucre la participación comunitaria. El programa, impulsado por el Ministerio de Justicia de la Nación, se llevará a cabo en los principales centros urbanos de la provincia, tras el convenio que firmarán hoy en Bariloche el ministro Ricardo Gil Lavedra y el gobernador Pablo Verani. Consistirá en la aplicación de un modelo similar al instrumentado en el barrio porteño de Saavedra �una antítesis de las propuestas de mano dura del gobernador bonaerense Carlos Ruckauf� que en dos años logró reducir el índice de delitos contra la propiedad y la sensación de inseguridad en ese sector de la ciudad.
El programa que se aplicará en Río Negro se asienta en dos pilares: �La aplicación de políticas sociales como instrumento de prevención del delito, y la participación de la comunidad en el diseño de medidas contra la inseguridad y en el control del cumplimiento por parte de las autoridades�, explicó a Página/12 el subsecretario de Política Criminal, Juan Carlos López. �El punto de partida es comprender que la seguridad -agregó el funcionario� no es sólo un problema de la policía sino de la comunidad, que tiene que interactuar con ella. Aunque no supone que el vecino se deba hacer cargo de la seguridad.�
El modelo aplicado en Saavedra �un plan piloto diseñado en 1997 por la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia� consiste en la articulación de las fuerzas vivas barriales para detectar factores que pueden contribuir a eliminar condiciones de inseguridad: desde mejoras en la iluminación, limpieza de baldíos o rediseño del recorrido del transporte público, para que las paradas de colectivos no queden en zonas inseguras, hasta la mayor vigilancia policial en las zonas más vulnerables.
Los ejes del programa que impulsa el Ministerio de Justicia son los siguientes:
* Coordinar las fuerzas vivas de cada barrio �centros de gestión, cooperadoras escolares, iglesias�, que serán el sustento básico de la prevención comunitaria. Deberán tomar conciencia de la importancia del seguimiento de las políticas implementadas.
* Detección de la población en situación de riesgo, con mayor probabilidad de incorporarse al circuito del delito: menores de 14 años en adelante, que no estudian ni tienen empleo, para incorporarlos a programas sociales.
* Una mejor distribución y rotación de la vigilancia policial. Eliminar el esquema de puestos fijos de custodia �sólo en la ciudad de Buenos Aires hay dos mil efectivos afectados a esa tarea� para incorporarlos a la recorrida de las calles del barrio, a pie o en patrullero.
El plan forma parte de una batería de propuestas presentadas a fines de febrero por el ministro Gil Lavedra a todos los gobernadores, en la reunión del Consejo Federal de Seguridad. La primera provincia en interesarse por la propuesta fue Río Negro, aunque también se iniciaron gestiones para implementar políticas similares en Mendoza. Según el convenio que se suscribirá hoy, la Nación brindará �asistencia técnica y capacitación profesional� para la instrumentación del programa.
El Plan Piloto de Saavedra se aplica en 150 manzanas de ese barrio, vinculadas a la Villa Mitre, que aparecía como un factor de inseguridad en la zona. �Su diseño �explicó López� es válido para todos los centros urbanos del país y para un 70 por ciento del territorio de la ciudad: no sería aplicable en grandes conglomerados como el centro, Belgrano o Barrio Norte�. En Saavedra, el primer paso fue �detectar a las fuerzas vivas tanto dentro como fuera de la villa. Luego, se apuntó a neutralizar los factores de riesgo, un grupo de 30 chicos menores de 20 años, a los que se los incorporó al Plan Trabajar�, explicó López. Según las cifras de la Dirección de Política Criminal, a cargo de Mariano Ciafardini, el 22,3 por ciento de los vecinos de Saavedra fue víctima de delitos, mientras que en el resto de la ciudad el porcentaje es del 33,6 por ciento. La estadística incluye sólo los delitos contra la propiedad, que son los que más afectan a la sensación de inseguridad de la ciudadanía. �El plan no servirá para frenar asaltos tipo comando ni, mucho menos, los llamados delitos de �cuello blanco�. Pero apuntan a los que más impacto tienen en la sociedad: los delitos violentos contra la propiedad�, concluyó López.
CAYO EL TITULAR DE LOTERIAS Y CASINOS PROVINCIAL
Una renuncia que no fue por azar
Por Mariana Carbajal
Jaqueado por denuncias contra su gestión, ayer renunció el presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos bonaerense, Jorge Rossi, un hombre de confianza del ex gobernador Eduardo Duhalde que había sido ratificado en su cargo por Carlos Ruckauf. El alejamiento de Rossi se produjo dos días después de que diputados opositores presentaran en la Justicia una investigación legislativa que detectó �graves irregularidades� en el manejo de los juegos de azar por parte del organismo. La Alianza objetó la contratación directa de la construcción del Casino de Tigre y la explotación en sus salas de máquinas tragamonedas en condiciones muy ventajosas para la empresa Bolt S.A. y su socia Tren de la Costa. Ahora, Ruckauf buscaría privatizar todos los casinos.
�No nos damos por satisfechos con la renuncia de Rossi. Es un paso que debió darse antes. Nuestro objetivo es que la investigación de su gestión siga en la Justicia hasta las últimas consecuencias�, señaló a Página/12 el diputado Juan Pedro Tunessi, quien encabezó la Comisión Especial Investigadora que analizó los contratos firmados en los últimos años por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC). El informe final fue aprobado dos semanas atrás por la Cámara de Diputados y el lunes los diputados de la Alianza lo entregaron al fiscal platense Carlos Argüero para que investigue la presunta comisión de delitos por parte de Rossi.
Hombre muy cercano a Duhalde, Rossi cumplió ocho años al frente del IPLyC, en los que se multiplicaron los bingos y los juegos electrónicos. En sus conclusiones, los diputados observaron que la contratación directa de un puñado de empresas fue una constante durante su gestión. La presidenta del bloque radical, María del Carmen Banzas, incluso, acusó al organismo de ser �caja de financiamiento ilegal� del justicialismo. �Se demuestra un marcado favoritismo hacia ciertos aspirantes, en obvio detrimento de quienes sin contar con la bendición del Instituto quedaron permanentemente relegados�, sostiene el informe final.
La renuncia del funcionario coincide con la decisión de Ruckauf de iniciar conversaciones con la oposición para �buscar nuevas alternativas de ingresos de fondos para la realización de obras en las comunas�, una de las cuales provendría de la privatización del juego en la provincia. Sin embargo, para privatizar los casinos el gobierno deberá negociar con la Alianza una reforma de la Constitución provincial que prohíbe la concesión a manos privadas de la explotación del juego en la provincia.
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