Página/12

Podría haber sido la declaración de un militar nostálgico y perdido, sin ninguna influencia en los altos mandos de las fuerzas armadas. Pero en una entrevista publicada ayer por el semanario uruguayo Búsqueda, nada menos que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Manuel Fernández, dijo que �a la larga o a la corta vamos a tener que pelear de vuelta� contra �el enemigo interno� (que es la izquierda), ya que �ellos no han cesado en su lucha�. El militar pudo haberse ido de lengua. Pero ayer por la mañana, en una FM montevideana, continuó con su brillante exposición. Gracias a esta lucidez, el presidente uruguayo Jorge Batlle decidió relevar a Fernández de su cargo y someterlo a 15 días de arresto a rigor.
Las insólitas declaraciones de Fernández pueden provenir de un contexto que no es, para los militares, precisamente agradable. El gobierno de Jorge Batlle, quien asumió hace un mes, tiene enfrente a un Parlamento donde la principal fuerza política es el Encuentro Progresista-Frente Amplio, el cuco del ex general Fernández. De hecho, en el mismo momento en que el ex militar confirmaba lo publicado por Búsqueda, el ministro de Defensa Luis Brezzo estaba reunido con los senadores José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, del Encuentro Progresista Frente Amplio (EPFA, izquierda), dos de los principales líderes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) en los 60 y 70. Fernández Huidobro, a todo esto, salió a poner paños fríos indicando que el de Fernández era �un exabrupto aislado�, aunque el rango militar del autor del exabrupto sugiere que refleja la postura institucional de al menos un sector de las fuerzas armadas.
El segundo aspecto que altera la paz militar es el tema de los desaparecidos. El antecesor de Batlle, Julio María Sanguinetti, se encontró con la bomba que significó el caso de la nieta del poeta Juan Gelman y no resolvió nada sobre el punto. En su discurso inaugural ante el Parlamento uruguayo, el nuevo presidente Batlle afirmó que buscaría �sellar para siempre la paz entre los uruguayos� y, en otras declaraciones, se comprometió a informar a todos los familiares de desaparecidos sobre el paradero de los restos de sus seres queridos. Y luego procedió: informó a Gelman la identidad de su nieta, quien nació en cautiverio cuando su madre estaba secuestrada por la dictadura uruguaya (1973-1985).
En la mente del ex general Fernández, esta combinación de hablar de los desaparecidos mientras ex guerrilleros se transforman en respetables legisladores fue excesiva. �Está la enseñanza entregada. Están todos los gremios en manos del enemigo. Así que esto es caótico y hay muy poco para hablar�, dijo. �Ellos no han cesado en su lucha. Ellos no pudieron obtener el poder por las armas. Ven que se les acerca el momento en que lo pueden obtener por la vía del sistema republicano democrático del gobierno, al cual ellos combatieron, contra el cual ellos se alzaron�, dijo Fernández a Búsqueda. �Le voy a decir una cosa. A la mayoría de los militares nos importa un pito cómo viene la mano, porque a la larga o a la corta vamos a tener que pelear de vuelta. Ya la cosa está pasando de claro a oscuro�, sentenció. �Los conozco muy bien. Tienen por doctrina la vieja doctrina marxista leninista. La política es la continuación de la guerra por otros medios.�
�Toda fisura que haya es un elemento que al enemigo le sirve�, continuó. �Y lo llamo enemigo porque no hemos hecho las paces. Aquí no hubo cese de hostilidades y no hubo absolutamente nada�, agregó. Quizás el estupor le haya nublado la memoria. En 1984, los militares uruguayos firmaron el llamado Pacto del Club Naval, junto a representantes del Partido Colorado, de la Unión Cívica y del mismísimo Frente Amplio. Y durante el llamado �período de transición�, en el primer gobierno de Sanguinetti, se aprobaron la Ley de Amnistía para Presos Políticos (incluidos exguerrilleros) y otra, la de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, para los represores.
Desde aquel pacto quedó pendiente el tema de los desaparecidos. �Pero yo creo que una cosa es averiguar el tema de los desaparecidos y otra muy distinta es el revisionismo. Si empezamos con esos temas, ahí sí vamos a tener inconvenientes�, dijo Fernández en otra muestra de lucidez. Para el ahora ex militar, su postura es la que mantienen los militares desde la vuelta de la democracia, aunque tanto fuentes castrenses como políticas lo desmientan.
Lo que sí parece cierto es que las aguas militares no están tranquilas como si nada hubiera pasado desde que Batlle anunciara su política respecto al tema de los desaparecidos. �Todo eso es fantástico mientras se mantenga la mesura y se privilegien las soluciones posibles�, declaró el ex jefe del ejército Daniel García en la edición de Búsqueda. Mientras tanto, el diario El Observador publicó ayer que, de acuerdo con fuentes castrenses, los militares �apoyan la posibilidad de que el presidente Jorge Batlle asuma la responsabilidad por la desaparición de personas�, pero �en nombre del Estado�. Estas fuentes �sostienen que las fuerzas armadas intervinieron desde 1971 en la lucha contra el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) como consecuencia de una decisión política� y que los �excesos y errores fueron cometidos en forma individual en el marco del cumplimiento de una misión encomendada originalmente por autoridades civiles�.
Lo de Fernández pudo ser un exabrupto. Pero no se descarta que haya más. Y habrá que ver si seguirán siendo exabruptos.

Tres opiniones argentinas

Ernesto Lopez *.
Dinosaurios

El vapuleo internacional sufrido por Pinochet, el encarcelamiento de Videla, Massera y otros por el robo de bebés y la aparición de la nieta de Gelman en Montevideo han llenado de inquietud a los dinosaurios de uniforme. Desde el desasosiego, se escudan en la senectud del ex dictador chileno, movilizan al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argentino o lanzan advertencias apocalípticas: en el fondo los une un borgeano espanto. Las inusitadas declaraciones del general Manuel Fernández, reciente ex jefe del Estado Mayor Conjunto uruguayo reflejan una visión ideológica que fue común a las dictaduras conosureñas, que aún persiste y que está en pugna con la de las mayorías, en las sociedades que los padecieron. Hay en este terreno planteada, desde hace ya tiempo, una contienda que se va desarrollando en forma diferente, según los países. Argentina lleva cierta ventaja respecto de Uruguay y Chile, pero aún aquí la pelea es sorda y dura.
Un anónimo capitán uruguayo ha dicho que el ejército de hoy no tiene que pagar por las culpas del ejército de ayer. Bien leído, eso significa que allí la contienda ideológica se ha desplazado del plano sociedad vs. instituciones militares, para instalarse ya en el interior mismo de la fuerzas armadas. Lo mismo ha ocurrido en la Argentina y ocurrirá, alguna vez, en Chile. Munidas de paciencia, de templanza y de firmeza �de la clase que mostró el presidente Batlle para resolver, en lo inmediato, la cuestión� las sociedades terminarán ganando porque, ya se sabe, no hay plazo que no se cumpla ni tiento que no se corte.
* Especialista en Sociología Militar.

Rosendo Fraga*.
Subordinación

La decisión del presidente del Uruguay Jorge Batlle de relevar al jefe del Estado Mayor Conjunto general Manuel Fernández apunta a establecer claramente la subordinación militar al poder civil.
Uruguay ha tenido una transición del gobierno de facto a la democracia, que bien puede ser caracterizada como �acordada�.
Entre el modelo de Chile, de autonomía militar frente al poder civil, y el de Argentina de subordinación, las relaciones cívico-militares en el Uruguay parecen haber seguido un camino intermedio.
Desde el restablecimiento de la democracia en el país vecino, los militares mantuvieron una subordinación al poder civil, pero éste evitó que con el tema de los desaparecidos se crearan situaciones que afectaran a las fuerzas armadas.
Los dos mandatos presidenciales de Sanguinetti y el de Lacalle mantuvieron esta política. La decisión de Batlle parece tener dos fundamentos.
El primero es institucional. Las declaraciones del jefe militar implicaban asumir una postura contraria a la política del presidente, que es el comandante en jefe de las fuerzas armadas.
El segundo es político. El discurso del jefe relevado planteaba afirmaciones como que era inevitable un nuevo enfrentamiento entre la izquierda y las fuerzas armadas �a la larga o a la corta�.
Estas declaraciones parecen desconocer los profundos cambios que han tenido lugar en el mundo y en América latina durante las últimas décadas. Es que hoy predomina un consenso respecto a la democracia, que hace impensable tanto el retorno a los golpes militares como a la insurgencia armada.
Las derechas se han democratizado y las izquierdas han abandonado la utopía armada. El desconocimiento de este dato de la realidad por parte de un jefe militar importante, implicaba que las fuerzas armadas asumían una doctrina propia al margen del poder político. Jorge Batlle no es un político de izquierda. Es un liberal, que siempre ha tenido un firme compromiso con la democracia. En mi opinión, la decisión del presidente del Uruguay no anticipa un giro drástico en la política desarrollada por sus predecesores respecto a las fuerzas armadas.
Pero sí se pone en evidencia una firme convicción de mantener la plena subordinación militar hacia el poder civil y el relevo resuelto va en esta dirección.
* Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.

Jose Luis D�Andrea Mohr *
Estamos en guerra

Por este lado Díaz Bessone, el inventor del Ser Nacional, acaba de cumplir su arresto dispuesto por el general Brinzoni. Del lado uruguayo el general Manuel Fernández se apresta a �pelear de nuevo� contra el marxismo leninismo porque, afirma, �ahora lo que no lograron por las armas lo pueden lograr con las urnas�. Este oficial uruguayo bien pudo ser alumno de nuestros generales aforados y/o miembros prominentes del Social y Deportivo castrense. El tal Fernández, en realidad, es enemigo de las urnas y no tanto de las izquierdas a las que combatiera ya con el heroísmo imprescindible para secuestrar, torturar y hacer desaparecer personas. Esa �guerra� sin crónicas ni informes que según Fernández ganó, mereció condecoraciones como indultos aquí y ley de caducidad allí. Es que don Manuel padece del síndrome de ausencia de enemigo y en lugar de tratar su enfermedad con enemas de constitucionol simple se pone a vociferar para aunar voluntades aunables con intelecto tan lúcido. Esto sucede y sucederá en todos los países que, pudiendo eliminar a sus fuerzas armadas, no lo hacen y dejan a los militares viejos armar la historia de los nuevos.
La aparición en Concordia del mamarracho que ofende a la guerrilla universal, el tal Chelo, parece salida de un libreto de Fernández con asesoramiento de algún servicio militar argentino. Pero entre payasadas apareció la seriedad veloz del gobierno uruguayo para con el caso Gelman, relevar a este guerrero contra urnas y someterlo a proceso para convertirlo en soldado raso o en civil, se espera. Siempre el pequeño y grande Uruguay dando lecciones de cómo se hace lo debido. Y aquí todavía se duda en disolver el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y pasar todo a la justicia federal. Hasta el Código de Justicia Militar.
Claro que lo de estos últimos días pudo deberse a que ayer jueves, a las siete de la tarde, se alinearon Marte, Júpiter, Saturno y la Luna. Ocurre cada 57 años y justo le pegó en las neuronas a un tipo que se disfraza de guerrillero y a un disfrazado que se siente en guerra. ¿Y si los encierran juntos?
* Ex capitán del Ejército y especialista en temas militares y de derechos humanos.

Un fiscal pondrá el primer tope al Consejo Supremo

Página/12 pudo saber que Wechsler, fiscal de la Cámara de Casación, dictaminará que el Consejo Supremo no tiene razón al desafiar a la Justicia civil.

Ricardo Wechsler. Con él comienza el freno al Consejo.
Después, el fallo de la Casación, y tal vez el de la Corte.

El desafío del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a la Justicia civil está por sufrir su primera derrota: según pudo establecer Página/12, el fiscal Ricardo Wechsler se apresta a dictaminar que la investigación del robo de bebés debe seguir en manos de la Justicia común y no de un tribunal con funciones solo militares.
Wechsler podría emitir su dictamen hoy o el lunes. En el peor de los casos, entre la maniobra de los dinosaurios del Consejo y el primer rechazo en la Justicia civil habrán pasado solo once días. El jueves de la semana pasada los nueve miembros del Consejo Supremo resolvieron que tenía razón la defensa del general de la dictadura Santiago Omar Riveros cuando pidió que el juez Adolfo Bagnasco abandone su pesquisa sobre el robo de chicos y el cambio de sus identidades verdaderas.
Ayer, en un reportaje exclusivo, Bagnasco dijo que el Consejo tenía tanto valor en la categoría de tribunal de Justicia como el tribunal de disciplina de la AFA.
Un funcionario judicial indicó a este diario que Wechsler dictaminaría sintonizando con las opiniones que expresaron hasta ahora el abogado Alberto Pedroncini, el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra y el propio Bagnasco. Dos serían los puntos principales del dictamen:

Uno, que ya existe doctrina de la Corte Suprema dirimiendo en favor de la Justicia civil la investigación por el robo de chicos, en los casos de Jorge Videla y Reynaldo Benito Antonio Bignone.

Otro, que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada excluye que pueda actuar cualquier fuero especial. El tribunal de disciplina de la AFA lo es. Y el Consejo Supremo también.
Wechsler tendrá que elevar su dictamen a la sala militar de la Cámara de Casación, el tribunal penal más importante. Después, solo quedará la Corte Suprema.
La sala está integrada por Ana María Capolupo, Amelia Berraz de Vidal y Gustavo Hornos.
El Gobierno y los funcionarios mejor informados de Tribunales suponen que ninguno de los tres tomará una decisión que vaya contra la corriente democrática de juzgamiento del robo de chicos.
Si sigue la línea de Wechsler y resuelve en favor de Bagnasco, es muy probable que el abogado de Riveros, Florencio Varela, ex secretario del Menor durante el gobierno de Videla, quiera llevar el caso a la Corte Suprema.
La sala militar de la Casación puede acceder o no al recurso extraordinario de Varela. Si lo acepta, la Corte será finalmente la que dé la opinión definitiva sobre la disputa. Si no lo acepta, Varela deberá ir a la Corte por la vía que los abogados llaman �en queja�. En ese caso será la Corte la que admita o rechace la queja del defensor de Riveros. Si la acepta, después tendrá que dar su opinión, aunque sin plazos para hacerlo.
Como la cuestión está en litigio, mientras tanto Bagnasco puede avanzar con la investigación, cosa que complicará sin duda en forma categórica la situación no solo de Riveros sino la de Bussi, quien puede perder sus fueros como diputado electo en los próximos días, y quizás también la del represor de la provincia de Buenos Aires Miguel Etchecolatz.
Un mayor dinamismo de Bagnasco influirá, a su vez, en la actividad que desplieguen las cámaras federales que tratan causas de robo de chicos o investigan la suerte de los desaparecidos para satisfacer el derecho de sus familiares a saber la verdad sobre las víctimas de la dictadura. La atención está puesta en especial sobre las cámaras de Córdoba y La Plata. En el segundo caso, el juicio por derecho a la verdad avanza rápidamente, e incluso acaba de recibir el testimonio de un ex policía que rompió el pacto de silencio sobre la represión bonaerense.
Para el Gobierno, el escenario ideal es que Wechsler, quien demoró la publicidad del dictamen porque estaba de viaje en Córdoba con elprocurador Nicolás Becerra, dictamine no más allá del lunes. La premura surge de dos situaciones paralelas.
Por un lado, todos los funcionarios del Ejecutivo, incluido el ministro de Defensa Ricardo López Murphy, minimizaron el dramatismo del desafío del Consejo Supremo diciendo que con seguridad la Justicia civil le sacará la causa. Esa profecía, ahora, debiera cumplirse.
Por otro lado, la semana que viene expondrán en Ginebra los encargados oficiales de derechos humanos de los distintos países. La Cancillería, que acaba de presentar un proyecto para una Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, no quiere que la iniciativa quede opacada con preguntas sobre el resurgimiento de los dinosaurios. Anteayer, tal como había anticipado Página/12, los discursos de los representantes de los organismos de derechos humanos ya mencionaron el tema.
La decisión del presidente uruguayo de desplazar al jefe del Ejército refuerza la necesidad oficial de que, en la Argentina, no haya una involución por el estilo. La hubo con el pronunciamiento del Consejo Supremo, pero sería mucho más grave, desde el punto de vista de la imagen institucional, una involución en la Justicia.