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La calculadora de Pierri no
deja deudas sino ahorros

El titular de la Cámara baja, el radical Rafael Pascual, difundió ayer el informe final de la gestión Pierri, que dejó una deuda de 27 millones de pesos. El peronista, en cambio, dice que generó �ahorros�.
El diputado bonaerense Alberto Pierri añora sus buenos tiempos. Pascual ordenó la auditoría porque desconfió de los informes internos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, difundió ayer el informe final de la auditoría interna del cuerpo en el que se demuestra que la gestión anterior, a cargo del justicialista Alberto Pierri, dejó una deuda de 26.906.000 pesos. La mitad de la deuda corresponde a servicios públicos impagos. Pierri, por su parte, presentó un estudio de la Dirección de Contaduría de la Cámara en el que se asegura que su gestión en realidad permitió generar ahorros por 172 millones.
El pasivo cierto de la Cámara baja cuando cambiaron su composición y sus autoridades a fines del año pasado ascendía a 26.906.000 pesos, según las conclusiones definitivas de la auditoría contable a cargo del Estudio Escribano y Asociados que ordenó el aliancista Rafael Pascual. El informe de la auditoría, cuyo texto fue difundido ayer, reveló que la deuda por servicios públicos llegó a 12.643.000 pesos y que la mayor parte de esa suma correspondía a facturas impagas a la empresa Telefónica de Argentina, a la que la Cámara le debía 9.300.000 pesos.
Pascual ordenó la realización de la auditoría tras poner en duda los registros contables que encontró en la Cámara baja cuando asumió su Presidencia el 10 de diciembre del año pasado luego de una década en la que la conducción del cuerpo estuvo a cargo de Pierri.
El legislador justicialista se defendió de las críticas que le atribuyeron un manejo ineficiente del aparato administrativo de la Cámara y replicó que la millonaria deuda generada en su gestión obedeció a que la Secretaría de Hacienda no había cumplido con el giro de partidas y a un préstamo de 10.300.000 pesos efectuado en 1997 al Senado de la Nación. Esa deuda también se mencionó en el informe auditor que se conoció ayer con la advertencia de que la cancelación de dicha acreencia parecía de �difícil efectivización a corto plazo por las urgencias financieras� de la Cámara alta.
Según las conclusiones contenidas en el trabajo de la auditoría que encargó el diputado Pascual, la Cámara le debía 1.257.000 pesos al Correo Argentino, 540.000 a Edesur, 344.000 a Aguas Argentinas y 29.000 a Metrogas. �Estas cifras no incluyen los intereses reclamados, que en total ascenderán a 1.173.000 pesos. En estos momentos la Cámara de Diputados está negociando con las empresas el tratamiento de la deuda�, se agregó en el documento.
La deuda contraída por transporte terrestre y aéreo se sitúa en 4.560.000 pesos, lo cual �comprende a las principales líneas aéreas comerciales que operan en el país, más las de autotransporte público de pasajeros�. El pasivo comercial derivado de las prestaciones de distintos proveedores de bienes y servicios ascendió a 3.800.000 pesos. La Cámara le debía 608.000 pesos a la Imprenta del Congreso de la Nación, un organismo con administración autónoma, 277.000 al proveedor de diarios y 194.000 al Banco Ciudad por el servicio de ensobrado y pago de haberes.
�Es cierto que dejamos deudas �aseguró Pierri�, pero también dejamos créditos. Estas deudas fueron generadas porque durante 1999 la Secretaría de Hacienda no nos permitió disponer libremente de los ahorros acumulados durante ejercicios anteriores.�
En el despacho del diputado bonaerense, aseguraron ayer que durante los diez años en los que Pierri estuvo a cargo de la presidencia de Diputados, �el presupuesto anual era de 180 millones, cifra ostensiblemente menor a la que necesita la Cámara para funcionar normalmente, y casi 50 millones menos que los 227 con los que cuenta la actual gestión radical para gastos durante el año 2000�.

Domínguez fue procesado

Por A.M.

Jorge Domínguez, ex funcionario polifuncional de Carlos Menem, empató con la Justicia. Esta semana fue procesado por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta en la causa por el intento de venta del edificio de Berutti y Coronel Díaz y también por el alquiler irregular de otro inmueble. Pero poco tiempo atrás fue sobreseído en un proceso iniciado por malversación de fondos públicos. En 1996 Gustavo Beliz lo había acusado de utilizar tres millones de pesos de las arcas comunales en publicidad de campaña.
Cuando tuvo que dar explicaciones en Tribunales, Domínguez presentó comprobantes de empresas que habrían pagado mil pesos el cubierto en una cena para recaudar fondos. Aspiraba a legitimar con el voto popular el cargo de intendente porteño que desempeñaba desde 1994. Los investigadores judiciales no pudieron comprobar la denuncia de Beliz pero se quedaron con la firme e incomprobable sospecha de que usó parte de los 11 millones que disponía en concepto de gastos reservados para su promoción electoral.
La jueza María Gabriela Lanz lo sobreseyó en esa causa pero lo procesó nuevamente en otra de las cinco que aún tiene abiertas. El juez Mariano Bergés lo había procesado en 1996, pero la Cámara del Crimen revocó la medida y pidió el juicio político de Bergés. La causa quedó en el juzgado de Lanz. La magistrada había solicitado dos veces el desafuero de Domínguez �que gozaba de la inmunidad que le daba su cargo de ministro de Defensa� para poder indagarlo. Pero recién el 14 del mes pasado pudo interrogarlo. Ayer, su abogado Jorge Sandro aseguró que está �disgustado y disconforme� por el fallo, y se quejó por el embargo de 7 millones, que consideró un monto �desorbitante�.
En ese expediente está imputado también el ex jefe de los inspectores municipales, Eugenio Askenazi, antiguo colaborador de Domínguez. Este ex funcionario estaba inhabilitado y con una condena firme cuando fue nombrado en la Municipalidad. También es requerido en otro proceso por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero está prófugo.

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