Por Alejandra Dandan
 Nadie prometió orejas de burro pero sí un tormentoso fin de carrera. Ocurrió durante un examen tomado a aspirantes al puesto de jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial: dos de los candidatos desoyeron la recomendación del examinador. �A la voz de ahora, den vuelta las hojas y queda prohibido mirar la prueba del compañero�, había transmitido riguroso Luis María Chichizola, el fiscal a cargo de la prueba convocada por el Consejo de la Magistratura bonaerense. Ellos no pudieron con su genio. Se prestaron Códigos y, de paso, machetes. Y fueron descubiertos. Se trata de dos funcionarios judiciales de Morón, a partir de ayer popularizados bajo el alias de copiones. La Corte Suprema ya habría decidido cesantearlos.
En el aula, Chichizola enfrentó desde temprano a los aspirantes al cargo de Su Señoría. Eran unos treinta, cifra controlable como para evitar los sistemas de filmaciones usados por la Magistratura en pruebas multitudinarias. Cada uno ocupó sus pupitres en uno de los salones de la casa esperando las fotocopias del caso hipotético sobre el que trabajarían las siguientes cuatro horas.
Para las promociones de puestos, la Magistratura convoca una mesa de examen para evaluar a funcionarios de la carrera de judicial. El examen consiste en la resolución de un juicio. �Acá no se trata de la matemática donde dos más dos es cuatro, sino de casos que deben resolver con argumentación legal y el conocimiento que posean�, explicó a Página/12 Guillermo Sagués, vicepresidente del Consejo. Para la misión, los alumnos aspirantes sólo tienen permitido concurrir al examen con �la ley pelada, los Códigos, pero sin jurisprudencia ni nada�.
Así llegó al aula el secretario de un juzgado de Morón y su compañero, oficial mayor del mismo departamento judicial. Ambos serían más tarde acusados por fraude. La prueba fue el 22 de marzo. Como el resto, hacía treinta días que se venían preparando para el llamado a concurso para ocupar cuatro puestos de jueces de Instrucción en la provincia. Tamaño ascenso resultaba seductor. A la cuota de status se agregan ganancias potenciales: el sueldo de un juez de Instrucción Civil puede ser de 5.500 pesos. El secretario cobra 2000 menos.
En estas condiciones, los dos funcionarios ocuparon sus pupitres. Chichizola, desde el frente, sorteó el sobre lacrado que contenía el caso. Lo abrió y planteó el problema: una demanda por prescripción de la escritura de un lote solicitada por una empresa. �Un tema que para un juez de instrucción no tiene nada misterioso�, agrega Sagués. Aunque la percepción en el aula fue otra. Todos recibieron las fotocopias del caso, boca abajo. Cuando repartió la última, Chichizola dijo: �A la voz de ahora, dan vuelta sus hojas�. Y sentenció: �Ahora�. Sus recomendaciones habían incluido la prohibición de copiarse y/o hablar.
�Prestarlos no es un pecado�, reconoce ahora Sagués y cita a Chichizola: �El examinador comenzó a observar movimientos raros, pidió silencio, no le hicieron caso y entonces decidió parar el examen�. Despacio, caminó hasta el centro del murmullo, detectó a los culpables y les secuestró el material sospechoso: los libros. Abrió los códigos y dentro halló la prueba del delito: �Hacé esto�, había anotado uno de los copiones sobre una esquela dirigida a su compañero. Chichizola paró definitivamente el examen, incautó varias hojas de machetes como prueba y las remitió a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, al Colegio y la Asociación de Magistrados para las actuaciones disciplinarias.
El sistema de promoción por examen comenzó a regir en la provincia a partir del 24 de junio del �97 con el Consejo de la Magistratura. Hasta ahora, a través del sistema se cubrieron 670 cargos y, de acuerdo con Sagués, es la primera vez que se prueba un intento de fraude. Ayer, Alejandro Filomeno, senador por el Frepaso y examinador del Consejo,aseguró que �el mecanismo mejora las viejas designaciones a dedo pero no ha logrado resolver dificultades como la masividad�.
Un censo para la Bonaerense
La Policía Bonaerense someterá a todos sus agentes a un censo para establecer qué funciones cumplen actualmente y reasignar así a la mayor parte de ellos a la prevención del delito en las calles.
�Se hará un censo policial porque queremos saber dónde está cada uno de los policías y porque no puede ser que se invierta en su capacitación y que terminen cebando mate o escribiendo a máquina�, dijo el virtual titular de la policía, comisario mayor Eduardo Martínez.
El flamante jefe de la Bonaerense aspira a destinar durante este año a 1000 policías para combatir el delito en territorio provincial, y aseguró que en el 2003 la cantidad de agentes en la calle llegará a 6000. Además, anticipó que desafectará a la mayor cantidad de policías dedicada a custodiar presos en las comisarías para cumplir tareas en la calle.
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