Por F. M. y A. D. B.
 La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley presentado por la aliancista Alicia Castro que, en caso de que el Senado le dé sanción definitiva, garantizaría la televisación en directo por aire a todo el territorio de los partidos que dispute la Selección argentina. La sanción se produjo un par de días después de que en reunión de gabinete, el presidente Fernando de la Rúa solicitara al secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido, que instrumentara mecanismos para viabilizar la televisación. La urgencia del pedido obligó al Gobierno a analizar diferentes proyectos de ley sobre la materia, en busca de un marco legal que proteja al Estado en esta cruzada, contraria a los intereses comerciales y privados de las empresas Torneos y Competencias, Multicanal y Cablevisión.
�Este proyecto se presentó el 23 de marzo, pero los tiempos parlamentarios retrasaron todo. También hay que tener en cuenta que se trató de consensuar con el resto de la bancada, que son entre 120 y 130 diputados, y además la semana pasada no hubo sesión en el Congreso�, explicó a Página/12 la diputada Castro, quién agregó: �Se decidió hacer un proyecto para que tomara más fuerza. La legislación debe garantizar el libre acceso de todo el país a un sentimiento tan caro para los argentinos como es el fútbol y en mayor medida cuando el que compite es nuestro seleccionado�. Lo cierto es que, evitando la vía del decreto como hizo el ex presidente Menem en el �94, el proyecto Castro era el que estaba más a mano.
Lo que comenzó como una inquietud del Gobierno, días antes del debut de Argentina en las eliminatorias frente a Chile, tomó ayer un vuelo importante, que motivó agrias críticas en los sectores perjudicados (ver aparte). Si Senadores sanciona la ley, los dueños de los derechos deberán renogociar los contratos con emisoras abiertas de todo el país. Los derechos eran propiedad de la AFA, que los vendió en 15 millones de dólares a la sociedad TyT (Torneos y Competencias, y Traffic de Brasil), la que a su vez los revendió por 40 millones a los cables Cablevisión y Multicanal, y a cuatro canales de aire para transmitir en diferido.
El proyecto surge luego de la controversia que provocó la televisación por cable, a través del sistema pay per view (pagar para ver) �para Capital y GBA�, del encuentro que Argentina le ganó 4-1 a Chile, por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Corea y Japón 2002. En los días previos al encuentro, el secretario Lopérfido se reunió con representantes de las empresas de TV por cable, pero consiguió a medias su cometido: logró que ATC transmitiera los encuentros para todo el país en diferido, sin costo para el Estado y que la TV por cable del interior lo hiciera en directo, sin costo para los abonados; aunque no se modificó el sistema afectado a la Capital y al GBA.
Con anterioridad, la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, y el secretario de Deportes, Marcelo Garraffo, se habían reunido con el presidente de la AFA, Julio Grondona, quien los derivó a los actuales dueños de los derechos. Grondona fue citado por la Comisión de Comunicaciones, donde debió explayarse sobre los términos del contrato por el que la AFA cedió los derechos de televisación a TyT.
CRITICAS Y APOYO AL PROYECTO SANCIONADO AYER
Avila no, pero los diputados sí
Como era presumible, los operadores del negocio de la televisación del Seleccionado criticaron acerbamente el proyecto, mientras que los diputados defendieron la sanción, con alguna disidencia como la del titular de la Comisión de Deportes, Daniel Scioli, que estuvo ausente en el debate porque se hallaba reunido con el juez Enrique Gorostegui, que entiende en la quiebra de Racing. Así opinaron:
 �Es lamentable, es vergonzoso. Los señores diputados y senadores se tendrían que dedicar a otra cosa y no a hacer política barata. Los derechos televisivos ya fueron vendidos; en última instancia, que el Gobierno lo pague de los gastos reservados. Todo se soluciona sacando un decreto: que el fútbol tiene que ir por televisión abierta. Perfecto, pero ¿quién paga?� (Carlos Avila, presidente de TyC.)
�Esta ley busca reconocer el marco económico en el cual se desenvuelve la actividad, pero también fija algunos límites a una actividad comercial que se ha organizado en forma monopólica en el país. De esta manera se pretende que la actividad se desarrolle en un marco más justo para las partes, y en la que todos ganen.� (Arturo Etchevere, titular de la Comisión de Comunicaciones.)
�Soy partidario de que se trasmitan los partidos, pero lo adecuado hubiese sido un acuerdo entre las partes, porque romper un acuerdo económico va a traer juicios millonarios contra el Estado.� (Scioli.)
�Nadie quiso comprar los derechos, por eso el cable hizo un gran esfuerzo para que el partido con Chile llegara a todos los hogares del país, y ahora me preocupa que se sancione algo una vez que han comenzado las Eliminatorias.� (Antonio Alvarez, gerente de programación de Multicanal.)
�La forma en que la AFA comercializó los derechos de transmisión excluyó de un evento cultural a la mitad de la población, y los señores de la AFA no pueden hacer esto.� (Pablo Fontdevila, PJ, secretario de la Comisión de Comunicaciones.)
�Torneos se siente afectada contractualmente por este proyecto. No esperábamos una resolución de este tipo porque ya se había jugado un partido.� (Armando Tedesco, gerente de TyC.)
�El proyecto es una buena iniciativa; es evidente que existe una situación monopólica de la explotación del espectáculo y por lo tanto el Estado debe poner reglas de juego de mayor oportunidad para toda la sociedad.� (Juan Pablo Baylac, UCR.)
| El texto del proyecto
1º) �Las asociaciones deportivas y/o los titulares de derechos de transmisión televisiva de encuentros de fútbol en los que participe la Selección nacional argentina, organizados por la FIFA, la CSF o el COI, deberán garantizar la transmisión en directo de dichos encuentros a todo el territorio nacional�.
2º) �Lo establecido en el art. 1º se considerará cumplido con la transmisión a través de una emisora de TV abierta por localidad�.
3º) �El Estado nacional no reconocerá conductas, acciones o derechos emergentes de relación contractual alguna, que tiendan a limitar o restringir la competencia entre los medios televisivos, o que constituyan abuso de posición dominante y/o monopólica de ese mercado, afectando no sólo intereses económicos de terceros, sino también el bien general de la comunidad relativo a su legítimo derecho de esparcimiento�.
4º) �Los licenciatarios y los autorizados a prestar servicios contemplados en la ley 22.285 que no cumplan con las disposiciones de la presente serán sancionados con las penalidades previstas en dicha ley�.
5º) �La Secretaría de Cultura y Comunicación dependiente de la Presidencia de la Nación adoptará las medidas conducentes a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto por la presente�.
6º) �Derógase toda norma que se oponga a la presente�. |
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