Por Horacio Verbitsky
 �Hay que separar la paja del trigo�, dijo el ministro del Interior, Federico Storani, mientras el Capitán Piluso asentía. Tal método hermenéutico puede aplicarse al debate bíblico que ellos sostuvieron, difundido el miércoles 5 dentro del horario de protección al menor por el canal cultural Crónica Televisión. Comencemos por la paja. En la semana anterior al episodio, Storani recibió en audiencia a representantes empresarios de Crónica, que le reclamaron el pago de una presunta deuda de la agencia oficial Télam, previa al cambio de gobierno en diciembre pasado, aunque sus anteriores autoridades afirman que dejaron todas las cuentas saldadas. Télam no depende de Interior sino de la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia y el tema no parecía ser político sino comercial. Storani respondió que no estaba al tanto y que estudiaría la cuestión. Recordó el diálogo cuando la pantalla de Crónica encuadró un rostro enmascarado que instaba a matar o morir. �Me están apretando�, interpretó.
Lo que sigue es una reconstrucción de lo sucedido entre ambos momentos:
 Los móviles de Crónica y Radio Diez llegaron a Concordia a las tres de la mañana, para cubrir un nuevo corte de la ruta, más numeroso y combativo que los anteriores, prometido por el Capitán Piluso y su a latere Coquito. Al reunirse en la madrugada con sus contactos locales, los porteños supieron que no habría tal corte.
José Lima llegó a vincularse como adolescente a la JP de la década del 70; Carlos Sánchez, en cambio, proviene de la derecha peronista. Ambos habían sido echados de la ruta cortada la semana anterior. Luego convocaron a una movilización sobre un hipermercado, a la que no acudió nadie más que ellos.
La degradada actividad política de las últimas décadas se basa en la explotación asistencialista de las privaciones sociales. Carlos Reutemann reveló que el presidente Fernando de la Rúa les dijo a los gobernadores que �si les aprobamos la reforma laboral van a llegar los planes sociales�. El gobierno nacional entiende que son los gobernadores justicialistas quienes condicionan la aprobación de las leyes al envío de la ayuda, sin controles sobre su distribución. De arriba abajo el poder se expresa hoy en cajas o bolsones de comida.
A la minúscula escala de los pícaros de Concordia este sórdido mecanismo, basado en la explotación de la necesidad extrema, resulta más evidente. Ante cada corte de ruta y elección, interna o general, amenazaban a los candidatos y al gobierno provincial con movilizaciones y pintadas agraviantes. Así llegaron a administrar entre 80 y 100 planes de empleo temporario, de 189 pesos mensuales cada uno. Los distribuían entre los beneficiarios, a quienes les retenían 100 de los 189 pesos: entre 8000 y 10000 pesos mensuales.
Al fracasar el corte de la ruta y la movilización sobre el hipermercado, tanto los lúmpenes cuanto el pool noticioso, que el domingo 2 de abril había promovido un show patriotero y militarista, necesitaban algún sucedáneo efectivo.
No es aún claro quién tomó la iniciativa del disfraz. Pero ambos medios trataron a Piluso como si fuera el jefe de un ejército irregular en operaciones. Ni chequearon las afirmaciones alarmistas de los renacuajos ni cuidaron las formas de la neutralidad informativa. Crónica transmitió la conferencia de prensa de Storani desde la casa de Lima, quien comentaba cada afirmación ministerial con gestos despectivos. Diez dijo transmitir desde una �selva�, cuando se trataba de un baldío a pocas cuadras del centro de Concordia, y convirtió a un par de chuchumecos en �70 guerrilleros armados�.
Los propósitos tremendistas de la radio que dirige Daniel Hadad son ostensibles en la portada de su revista La primera, donde se alerta sobre�la invasión silenciosa� de inmigrantes, culpabilizados del desempleo y de la inseguridad con datos falsos (ver página ). Al concluir una de las transmisiones desde Concordia, el columnista Eduardo Feinman formuló una dramática advertencia sobre lo que estaba ocurriendo �al jefe de la SIDE y compañía, y al presidente de la República�. Como se sabe, Hadad y Feinman provienen de familias patricias, arraigadas desde hace siglos en el país y naturalmente molestas por la llegada a esta bendita tierra criolla de advenedizos foráneos, de tez oscura y apellidos extraños. Durante la última entrevista antes de ser detenido, Lima hizo una mención seguramente apasionante para los desocupados de Concordia. �Quiero que Storani me explique lo de la Tablada�, dijo, como quien repite un libreto que acaba de aprender y que el destinatario entenderá. Hadad debutó en televisión en el Canal 2 (que hasta fines de 1988 condujo el actual propietario de Crónica, Héctor Ricardo García) con un programa que integraba el dispositivo golpista encabezado por Aldo Rico. Una de las acusaciones con que los carapintada y el menemismo acorralaron al declinante alfonsinismo fue una nunca probada conexión con el grupo armado Movimiento Todos por la Patria.
En la columna �La pavada política� del 29 de marzo, bajo el título �Que Dios se lo pague�, el diario Crónica publicó este texto: �Once millones de dólares en publicidad debe la agencia oficial a los medios periodísticos. Un canal de TV le cortó la cuenta. Ofrecen cancelar en cuotas a largo plazo y las cifras son para reírse. La vergüenza ajena la perdieron hace tiempo�. Una semana después se lanzó la Operación Concordia. Ante una consulta de este diario, Héctor Ricardo García hizo saber que Télam adeudaba a Crónica Televisión 140.000 pesos y que ante la falta de respuesta e incluso de interlocutor, se habían iniciado acciones legales para su cobro. No recordaba en qué juzgado.
Ahora, al trigo
La fiebre represiva que comenzó a levantarse en la provincia de Buenos Aires también sube en el termómetro del gobierno nacional. El 8 de febrero, el Consejo de Seguridad Interior aprobó un plan de acción de 14 puntos cuya redacción fue encomendada al Secretario de Seguridad Enrique Mathov. El 11 dice: �Fomentar la firma de acuerdos para la evaluación del accionar de los jueces de distinta jurisdicción en referencia a delitos como el narcotráfico, piratas del asfalto, cortes de ruta y el contrabando, así como otras figuras penales�.
La evaluación de la actividad de los jueces no es una atribución del Ejecutivo Nacional ni de los provinciales y no es razonable colocar los cortes de ruta, originados en el malestar por las difíciles condiciones económicas, en un pie de igualdad con el delito organizado, salvo que se procure criminalizar la protesta social, como hizo durante la década pasada el gobierno menemista. Es lo mismo que intenta ahora en Córdoba el gobernador José De la Sota contra los dirigentes del Sindicato de Luz y Fuerza que, ya procesados por las movilizaciones en contra de la privatización de la empresa de energía provincial, enfrentan además la amenaza del desafuero gremial; o el de Entre Ríos, Sergio Montiel, quien promovió el procesamiento del Secretario General de ATE Edgardo Masarotti, en represalia por la marcha de los despedidos a la Casa de Gobierno; pero también el gobierno nacional, como se vio en el caso del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa). En una asamblea a la que las autoridades acudieron luego de pedir y recibir garantías de ATE, el subdirector del Senasa y primo del ministro de Economía José Luis Machinea, escuchó los reclamos del personal. �Nosotros los votamos a ustedes, votamos nuestro despido�, le dijeron. Luego de una difícil negociación el conflicto concluyó con reincorporaciones. Pero de inmediato los trabajadores fueron denunciados por usurpación del edificio. La judicialización de la acciónsindical de sectores organizados y con propuestas, como esos gremios integrantes de la CTA, es una torpeza que abre espacio a personajes como el Capitán Piluso y sus serviciales amigos.
En niveles del gobierno más dados a la reflexión política que a los reflejos represivos, los cortes de ruta son un motivo no menor de inquietud. Escamado por el desastre de Corrientes, varias veces el Ejecutivo Nacional intervino para conciliar posiciones entre manifestantes, intendencias y gobernaciones e impedir choques sangrientos. Según la lectura oficial, la responsabilidad recaería en el esquema de poder instaurado en la década menemista. Bandos peronistas opuestos fomentarían los embrollos, para nacionalizarlos por medio de los respectivos dóciles jueces federales cuando su complejidad y la actuación de activistas los desborda. Eso habría ocurrido en Corrientes y también en Salta, luego del despido de 162 empleados municipales de Tartagal, que cortaron la ruta. Cuando el juez federal y ex apoderado del partido justicialista solicitó la intervención de la Gendarmería, el gobierno nacional envió pasajes para que los dirigentes de la protesta viajaran a Buenos Aires a discutir el conflicto, donde se alcanzó un acuerdo. Más difícil es atribuir a cuestiones internas del justicialismo los cortes de rutas en Chaco y Entre Ríos, gobernadas por radicales. La última vez que desocupados de la represa de Salto Grande tomaron la ruta 14 en Concordia, el gobernador Sergio Montiel, un militar retirado que actuó en la denominada �Revolución Libertadora� de 1955, se negó a todo diálogo sobre la paralización de obras públicas y la simultánea supresión de planes de asistencia, nacionales y provinciales. Cuando ya había 20 kilómetros de camiones detenidos el juez federal pidió que la Gendarmería librara el paso. De acuerdo con la instrucción general de no reprimir, el jefe local de Gendamería informó al juez que sólo poseían armas largas, inadecuadas para tratar con protestas cívicas. Mientras, el gobierno nacional se comunicó con el juez y le pidió que recibiera a una comisión de los manifestantes, lo que impidió que se llegara a un enfrentamiento.
El pase a retiro del comandante Ricardo Alberto Chiappe, jefe de las tropas que abrieron fuego sobre civiles desarmados en Corrientes, y la conducta aplicada en los conflictos posteriores sugieren una actitud prudente del gobierno. Pero es ostensible que no bastará con eso para sortear los desafíos próximos, que pueden tener un pico el 1º de mayo, cuando los cortes de rutas podrían multiplicarse en todo el país generando un cuadro caótico. También, que la lógica represiva implícita en el punto 11 del Consejo de Seguridad Interior terminará por imponerse en tanto la política no pueda dar a los mínimos reclamos sociales otra respuesta que el ajuste. El corte de rutas o calles es el reflejo inmediato de quienes quieren hacerse oír, como las vecinas de Bernal que el viernes reclamaban al municipio nada más que una bomba para desagotar las casas inundadas. Los reclamos de Rückauf por la presunta reducción del número de planes de empleo transitorio, que el ministerio de Trabajo niega, anticipa que los gobernadores justicialistas tratarán de que esas aguas turbias bajen sobre la Casa Rosada.
Porcentajes y personas
La centralidad del empleo como primer problema nacional no parece destinada a desaparecer ni en el corto ni en el mediano plazo, con las medidas económicas que tienden a contraer la demanda agregada. El informe de coyuntura del mes de abril del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) ayuda a entender el porqué de los preparativos represivos que también fueron visibles en la primera reunión de la Central Nacional de Inteligencia, de la que participaron incluso los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Para 2000, el IDEP calcula hipótesis mínima y máxima de crecimiento macroeconómico y el impacto que cada una tendría sobre la evolución de la tasa de desempleo. Sus resultados redimensionan la discusión interna del equipo económico sobre los efectos de la reducción de planes Trabajar. Con un crecimiento del 1,6 por ciento, el desempleo se elevaría del 13,8 por ciento de 1999 al 14,2 en 2000; con 3,72 por ciento, disminuiría a 13,6 por ciento. En una tercera hipótesis, más optimista que las propias previsiones oficiales, con un crecimiento del 5 por ciento, apenas se reduciría al 13 por ciento. No es más alentadora la perspectiva para el resto de la década. Si la hipótesis más optimista se mantuviera en forma sostenida y la economía creciera un 5 por ciento anual acumulativo, sin tropezones como el tequila o la actual recesión extraordinaria de un año y medio de duración, el desempleo no se reduciría más que en la tercera parte de un uno por ciento cada año, y sería del 12 por ciento al concluir el mandato presidencial de De la Rúa en 2003, como se observa en el cuadro que sigue:
Todas estas proyecciones suponen una elasticidad empleo/producto de 0,44 (es decir que por cada punto de crecimiento del Producto Interno Bruto crezca el empleo en 0,44 por ciento) y un incremento anual del número de quienes entran al mercado laboral, la Población Económicamente Activa (PEA), del 1,8 por ciento. Si el coeficiente de elasticidad no superara el promedio de la década del 90 (0,37 empleos nuevos por cada punto de incremento del Producto, lo cual es más probable), aun con una tasa de crecimiento del 5 por ciento acumulativo anual, el desempleo no bajaría del 13 por ciento en toda la década. Esto implicaría una minúscula disminución porcentual (de 13,8 por ciento en 1999 a 13 por ciento en 2008), pero un aumento de 258.687 personas en números absolutos, de1.833.000 a 2.091.687. Y como bien saben Crónica Televisión y el Consejo de Seguridad Interior, las rutas no las cortan los porcentajes sino las personas.
Los economistas del IDEP insisten en que el suyo es un cálculo muy optimista, ya que un crecimiento ininterrumpido del 5 por ciento anual durante nada menos que una década es una situación excepcional que la Argentina conoció por última vez en el período 1965-1975. Aun así los niveles de desempleo resultantes duplican los de la década del 80 y triplican los de la década del 70, lo cual también mide la degradación previsible del proceso democrático, concluye el informe.
Sumergidos
Los últimos datos oficiales indican que 14 millones de habitantes, es decir el 37 por ciento de la población viven sumergidos por debajo de la Línea de Pobreza. Un estudio que difundirá esta semana la Consultora Equis sostiene que ese deterioro no obedece sólo a la desocupación abierta sino también, y en proporción creciente a partir de 1996, a la caída de ingresos de quienes sí tienen empleo, en particular los trabajadores y empleados en relación de dependencia. En 1994, con una desocupación abierta del 13,1 por ciento, estaba por debajo de la línea de pobreza el 19 por ciento de la población del Gran Buenos Aires. Un lustro después la desocupación había crecido al 14,4 por ciento de desempleo, pero la población sumergida ya alcanzaba al 26,7 por ciento de la población del Gran Buenos Aires. El mapa salarial del país indica que en octubre de 1999 el 15,8 por ciento de los asalariados (es decir 1.393.525 personas) percibían ingresos mensuales de hasta 200 pesos y el 35,2 por ciento (o3.104.562 personas) ganaban hasta 400 pesos mensuales. Entre ambos segmentos superan la mitad del total de 8.819.781 de asalariados. Esa población asalariada pero en condiciones de extremo rigor creció un 11 por ciento de 1998 a 1999. De ese universo de 4,5 millones de personas, 2,4 millones trabajan en negro.
El crecimiento de esta población de alta carencia, explica el sociólogo Artemio López, se debe en parte a la incorporación de nuevos trabajadores a empleos precarios de baja remuneración, como aquellos sobre los cuales ejerce su usura el Capitán Piluso. Pero también al �estrechamiento de la franja salarial de $ 401 a $ 600 mensuales que expulsó en el período 1998 y 1999 a 300.000 trabajadores que se deslizaron hacia abajo en la escala salarial, incorporándose al tramo salarial inmediatamente inferior de $ 201 a $ 400 mensuales, en tanto otros 150.000 trabajadores cayeron al segmento de $ 200 o menos por mes de trabajo�. Su conclusión es que estos datos cuestionan los discursos y prácticas institucionales que suponen que la pobreza es un fenómeno de �las orillas de la sociedad, objeto eterno de políticas sociales de asistencia�. Por el contrario, la pobreza en la Argentina �antes que un dilema de política social resulta un problema de política económica y expresa más que los efectos de la marginación social y productiva, una modalidad de integración desigual y empobrecida al mercado de trabajo�. No es seguro que el gobernador Rückauf haya percibido el simbolismo implícito en el escenario que eligió para polemizar con el presidente De la Rúa acerca de los programas de empleo temporario, que cada jurisdicción acusa a la otra de cercenar. La política represiva que aplica en la provincia de Buenos Aires y que Domingo Cavallo propone en la Ciudad Autónoma, es el complemento necesario de ese modelo impuesto durante la década en que ambos compartieron el gobierno nacional, que obliga a la mitad de los asalariados a trabajar por menos de 400 pesos mensuales. En Estados Unidos, donde ambos acudieron en busca de inspiración y cuya población penal ya llega a los dos millones de personas, ha comenzado a debatirse si el empleo de los presos, en condiciones laborales y por salarios que no aceptarían hombres y mujeres libres, no equivale a una forma de esclavitud que mantiene bajos los salarios también afuera. Las condiciones argentinas son distintas, ya que Estados Unidos está cerca del pleno empleo mientras la Argentina toca cumbres de desocupación, pero la tendencia al drástico disciplinamiento de la fuerza laboral, al mismo tiempo que se reducen todos los programas sociales, es la misma. Este tránsito del Estado Providencia al Estado Penitencia, como lo caracteriza el sociólogo Lo
c Wacquant, francés pero especializado en los ghettos de Estados Unidos, será el tema del próximo domingo.
| El cabrito de los techos
La semana pasada el presidente Fernando de la Rúa asistió a la inauguración de la nueva sede del diario cordobés La voz del Interior. Tres días antes La voz había publicado una curiosa receta de cocina. ��Acá se come mucho el cabrito de los techos�, reconoce con cierta vergüenza Gabriela. En realidad se refiere a que es muy común que en las villas se coma gato. Y también caballo, iguana, cuises de las ramas y cualquier otro bicho que camina�, comienza el artículo. Otro entrevistado aconseja a las señoras cómo preparar el cabrito de los techos: �Yo estuve en varias reuniones donde se comió gato. Es como un conejo, pero más duro, y cuando no hay otra cosa, la gente come lo que venga. Hay que matar el gato a palos porque si se lo degüella pierde sangre y queda muy seco. Luego se le saca el pellejo todo entero y se lo carnea. Se empapa bien en vinagre parasacarle la acidez de la carne y se lo deja toda la noche a la intemperie. Después se puede hacer a la parrilla o en guiso.� La receta no fue publicada en la sección cocina, sino en política, como parte de una interesante investigación sobre las villas miseria de la provincia. La mitad de sus habitantes en condiciones de trabajar no tienen empleo y casi la mitad de los que lo consiguen no trabajan más de 35 horas semanales. |
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