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El
informe que hoy publica Página/12, revelador de las sorprendentes
cajas negras que manejan los legisladores provinciales en un país
donde un tercio de la población vive en la pobreza, era guardado con
la mayor precaución en los despachos del Gobierno nacional. "No
puedo dárselo. Imagínese la reacción que puede provocar contra los
políticos, contra la democracia, si esto sale a la luz. Es muy
peligroso", dramatizó ante este diario más de un funcionario
radical, excusándose de brindar la información.
Sin embargo, el
verdadero motivo del desinterés por difundir el informe es menos
heroico. Debe buscarse en la coyuntura política, que plantea una
delicada negociación entre gobernadores y funcionarios de Fernando de
la Rúa para llevar el ajuste a las administraciones del interior, tal
como reclama el Fondo Monetario Internacional. En el Ministerio de
Economía calculan que podrían ahorrarse unos 235 millones de pesos
al año si los legisladores provinciales podaran gastos en asesores,
fondos reservados y otras fuentes de financiamiento de la política
local.
Ahora bien, la mitad de esos fondos debería provenir del
recorte de gastos en los Parlamentos de dos provincias: Buenos Aires y
Santa Fe. Los técnicos de José Luis Machinea consideran que en ambos
casos, si se aplicara con transparencia, la tijera podría rebanar el
40 por ciento del Presupuesto.
Pero claro, no es lo mismo pedirle un ajuste semejante a la clase política
de las dos provincias más poderosas del país que a Formosa.
Más aún, dicen que
Federico Storani está especialmente preocupado por la situación en
su propio territorio político: la Legislatura de Buenos Aires, hoy
con mayoría de la Alianza.
También
es cierto que la guadaña del FMI no podrá manejarse con la miopía
que caracteriza a sus usuarios sin detonar estallidos sociales en las
provincias más pobres. En algunas regiones del interior el
clientelismo político es la base de subsistencia de muchas
comunidades. Por ejemplo, en el municipio de Colorado, Formosa,
sobreviven 200 familias, dependientes del empleo público, con un
presupuesto de 58 mil pesos mensuales. Es lo que cobra en concepto de
gastos varios un legislador de esa provincia. |
