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Por Adriana Meyer  El
fiscal que investigó durante casi cinco años la mafia del oro deberá
dar explicaciones ante su superior, el procurador general Nicolás
Becerra, a pedido del administrador federal de Ingresos Públicos, Carlos
Silvani. El jefe de los agentes recaudadores se quejó por las �reflexiones
y comentarios� de Miguel Angel Osorio que �no se ajustan a lo
acontecido, afirman lo inexistente y callan lo verdaderamente ocurrido,
con lo que confunde a la opinión pública en orden a la actividad
desarrollada por la DGI�. El expediente interno 1353 iniciado por el
reclamo de Silvani podría terminar en una nueva sanción contra Osorio.
El fiscal cree que Becerra se desentendió de la pesquisa sobre la
intimidación que sufrió en enero y denunció que es objeto de
seguimientos. En este diálogo con Página/12 explicó por qué se está
peleando con la AFIP y mencionó por primera vez a los personajes que
estuvieron detrás de la maniobra del oro.�¿Por qué usted insiste en que éste es un caso de lavado de dinero? ¿Puede describir la maniobra? �En Estados Unidos entienden que hubo una triangulación de oro que está por arriba del 
negocio ilícito. El Banco Baires ocupa un lugar central en la maniobra
que investigamos acá y eso también lo señalan los norteamericanos toda
vez que sus autoridades, Antonio Lanusse y Aníbal Menéndez, fueron
imputadas allá. No es una maniobra de lavado en sí sino compatible con
el lavado de dinero, porque lamentablemente aquí sólo existe el lavado
si proviene del blanqueo de capitales del narcotráfico. Eso no está
descartado en nuestra investigación, pero hasta el momento no hay
pruebas. ¿La maniobra? El oro salió de Suiza, llegó a la Argentina
favorecido por una cantidad de resoluciones y funcionarios, entre ellos
los de la DGI. Con esa cobertura ingresó el oro al país, se trabajó
poco o nada y se lo reenvió a Handy and Harman y al MTB Bank en Nueva
York. Hay otra maniobra con medallas de cobre y bronce que permitió
legalizar un flujo de fondos de aproximadamente 100 millones de dólares.
Además, la banda obtuvo la misma cifra en concepto de reintegros
aduaneros.�¿Cuál es el estado de la causa? �Quiero diferenciar los logros de la fiscalía, con el compromiso de trabajo y ético de sus integrantes, del ritmo y la visión que le imprimió a esta causa el juzgado de Jorge Ballestero. Porque lo que ahora aparece como novedoso en la investigación de Estados Unidos está escrito aquí desde hace un año. En relación con los funcionarios de la DGI que están imputados, hice un nuevo pedido de indagatoria. Pero el juez dictó muchísimos sobreseimientos. La Cámara Federal modificó esa situación y hoy están con falta de mérito. Pero, además, la Cámara entendió que la DGI debió haber exigido el pago del IVA. Ahora, la DGI informó que mi interpretación y la de los camaristas es equivocada, es decir que el IVA no debe exigirse. Quiero señalar que el abogado que participó en la causa defendiendo a algunos funcionarios de la DGI, el ex juez de la dictadura Norberto Giletta, intentó presentarme como tergiversando los hechos en una carta de lectores enviada a un matutino. Y en esa carta subraya la falta de mérito como si significara que los agentes de la DGI no tienen nada que ver con la maniobra, lo cual es una tomadura de pelo y una falta de respeto a la sociedad. La falta de mérito indica un grado de compromiso que no fue suficientemente refutado por el imputado. �¿Cuál es el eje de la polémica con la DGI? �Ellos dicen que no haber cobrado el IVA a las empresas involucradas en la causa es correcto. Y que no lo van a cobrar. Yo interpreto que deben cobrarlo y la Cámara Federal también. Los camaristas de la Sala II lo escribieron en su resolución y así se lo hice saber al señor Silvani. �Pero la ley del IVA fue reformada y la venta de oro en lingotes quedó exenta del pago de tributos, sin importar el destino del mismo. Lostécnicos de la DGI sostienen que así lo sustenta el espíritu que tuvieron los legisladores que reformaron la ley 23.349. �No soy espiritista para entrar en el espíritu de los legisladores. En su momento, (Carlos) Tacchi lo entendió así y otros funcionarios de la DGI también. Lo concreto es que, aun cuando tengan razón en ese punto, están los 19 millones que devolvieron a Casa Piana. Entiendo que los funcionarios de la DGI que están imputados participaron como integrantes de la banda, de la asociación ilícita, no sólo incumplieron con sus deberes. Y lo subrayo porque es por ese delito y por 16 defraudaciones que tienen esa falta de mérito, que es mucho más que una mera sospecha. Entre ellos está el actual director de la DGI, Marcelo Ramos. �Sin embargo, fue la Regional 1, que estaba a cargo de Ramos, la que recuperó 17 millones, el único dinero que pudo volver al erario. �Debo decir que la Regional 1 es la única que transfirió créditos fiscales sobre proveedores inexistentes, es decir que los devolvió indebidamente y por eso es la única que los recuperó. (Sube el tono y muestra partes del expediente.) A tal punto pagó indebidamente que el 94 por ciento de todo lo que pagó durante tres años esa regional lo cobró Piana. Entonces, si no se pudo dar cuenta de que el 94 por ciento estaba mal pagado, realmente estamos muy mal cuidados los contribuyentes. �¿Por qué el procurador Becerra le pide explicaciones? �Por una presentación que hizo el abogado Giletta, donde indica que yo recorté la información que di al periódico donde él envió su carta de lectores. La realidad es que esta gente está muy comprometida, estamos profundizando la investigación para volver a pedir la indagatoria de todos ellos para que hagan su descargo en relación con las nuevas pruebas. �¿Podría recibir una sanción? �Ya fui sancionado cuando anticipé que la gente del Baires eran personajes centrales en esta historia, lo cual se confirma con la investigación norteamericana que los imputó. Pero tomo el riesgo porque estoy comprometido con el estado de derecho. �Usted le dijo a este diario que �hay intereses económicos muy grandes que no permiten una adecuada investigación, dada la capacidad que tienen de corromper�. ¿A quién responden y a quién apuntaron a corromper? �No puedo responder esa pregunta. Pero hablamos de volúmenes de dinero muy grandes que ponen en movimiento grandes intereses. Yo fui intimidado y el procurador no ha levantado el teléfono para hablar con la fiscal que investiga el hecho. Son ausencias. No deja de molestarme tener que dar explicaciones porque hable a la prensa. Me llama la atención que el procurador se ocupe de la inquietud del abogado de los funcionarios investigados. No recuerdo que en otras causas se hayan tomado estas medidas. En síntesis, siento un hostigamiento que está en la carta de ese abogado, en la irrupción de desconocidos a mi casa, en el seguimiento que me siguen haciendo... Pero esto no es una queja sino una observación. �El fiscal Pablo Lanusse también fue hostigado. Las agresiones que sufrió fueron adjudicadas a Alfredo Yabrán. El procesado Vázquez era abogado de Emir Yoma. ¿Cuáles son los rostros de la mafia del oro? �Refinería Riojana fue adjudicada a Yoma, pero hasta ahora esto no se pudo probar. Esa empresa estaba destinada a ser la coronación de todo el negocio del oro porque iba a producir oro en barra, iba a ser una suerte de Casa de la Moneda. Pero preferiría no hablar de Yabrán ni de Yoma, aunque es cierto que hay por lo menos tres grupos diferenciados representados por Seligmann, Vázquez y Piana. El ex jefe de la DEA en la Argentina había señalado que este caso podía tener vinculaciones con el escándalo IBM-Banco Nación, con la venta ilegal de armas y con las coimas de las privatizaciones. El Banco Baires movió una cifra cercana a los mil millones de dólares, hasta que fue comprado por el BCP de La Plata. �El ex ministro Domingo Cavallo firmó las resoluciones que habilitaron el pago de reintegros y eximían de arancel a los lingotes de oro importado. ¿Esta es la punta del ovillo? �Sí, hay una causa contra Cavallo, Gustavo Parino y Angel Maza por estas resoluciones. En 1994, el oro representó el 67 por ciento del total de las exportaciones. Cualquier observador puede preguntarse cómo está compuesto ese porcentaje que podría ser el milagro argentino. Y resulta que el 67 por ciento está compuesto de exportación de elefantes. Pero elefantes no tenemos, podría decir el observador. Y oro tampoco. Este negocio ha tenido varios paraguas muy grandes, por intereses políticos o económicos. Los organismos de control tienen que haber participado. No se puede montar un acuerdo transnacional de este nivel y dejarlo librado a que algún funcionario actúe correctamente y les trunque el negocio. �El juez quiere elevar la causa a juicio oral. ¿Cuál es su posición? �Creo que no se debe elevar una causa con casi 60 imputados por sólo cinco o seis de ellos. Además de los funcionarios de la DGI, los imputados son Jorge Campbell y Marcelo Avogadro, los proveedores, los empleados de Handy and Harman, los del Banco Baires y los del Banco Quilmes. No estamos en condiciones de ir a juicio oral porque la mayoría de los imputados no fue indagado por el juzgado. Es como si se hubiera hecho el juicio del motín de la cárcel de Sierra Chica con dos de los doce apóstoles, y más tarde por otros dos, y luego otros tres... ¿Cómo se puede entender lo que pasó allí si no están todos juntos?
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