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DENUNCIAN ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE RICARDO BUSSI
Yo quiero ser como mi papá

El padre, Antonio, fue gobernador. Su hijo, Ricardo, no pudo sucederlo por apenas un puñado de votos

El juez Maturana investiga el patrimonio del hijo del represor. Ricardo tiene varios inmuebles y 220.000 dólares en el extranjero, lo que parece excesivo en relación con los ingresos que declaró.


Por Felipe Yapur
Desde San Miguel de Tucumán

t.gif (862 bytes) "¡Hijo i'tigre!", gritó uno de los adulones de turno en la tarde del 6 de junio de 1999 cuando Ricardo Bussi, vástago del genocida y entonces gobernador de Tucumán, Antonio Bussi, creía que los resultados de las encuestas a boca de urna eran suficiente para triunfar en las elecciones a gobernador. El obsecuente no tenía siquiera noción de lo veraz que era su frase. Mientras el entonces frustrado triunfador festejaba, el juez federal Ricardo Maturana daba inicio a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el propio Ricardo.

  La denuncia se basa en que los ingresos del actual legislador nacional -�quien desde 1983 hasta 1997 fue empleado de la Cámara alta para luego convertirse en diputado-� nunca fueron tan importantes como para que asegure que posee 220.000 dólares en el extranjero, otros 50.000 en el país, el 25 por ciento de un inmueble en Capital Federal y una casa en el exclusivo Yerba Buena Country Club de Tucumán. Sin duda, padre e hijo son tal para cual ya que los investigan por idéntico delito.

  El que denunció la bonanza económica que vive Bussi hijo es nada más y nada menos que un viejo conocido, pero también acérrimo enemigo del militar, el ex diputado nacional Exequiel Avila Gallo. Este político, de extracción conservadora y que carga con la responsabilidad de haberle abierto la puerta para que Bussi padre ingrese a la política en 1987, sostiene en su presentación judicial que existen sobrados elementos para interpretar que el hijo del dictador "se enriqueció de manera non sancta", ya que, hasta que fue electo diputado, era empleado del Congreso.

  Las cifras e inmuebles a los que hace referencia Avila Gallo fueron  declarados por el propio Bussi junior cuando Página/12 publicó, el 15 de setiembre de 1998, que éste poseía en una cuenta suiza los dineros que su padre había negado tener en ese país. En esa oportunidad, el hoy acusado dijo que los 150.000 dólares de la cuenta de su padre habían sido destinados para la compra de dos lotes y la construcción de su casa en el country de Yerba Buena. Extraño argumento si se quiere ya que hasta 1997 Bussi hijo sólo cobraba como empleado de la Cámara, tenía un cargo ad honorem en la Casa de Gobierno tucumana y, a pesar de ser abogado, reconocía que "no tenía tiempo para dedicarse a la profesión".

  Según Bussi junior, entre sus pertenencias está el 25 por ciento del departamento ubicado en Paraná 727 de Capital Federal. En los papeles figura que el predio fue adquirido en 1988 por los cuatro hijos del genocida. En realidad el que puso el dinero no fue otro que el ex dictador, quien les hizo firmar a sus hijos una constitución de usufructo vitalicio a favor suyo. Hoy, el departamento es el estudio jurídico que Junior comparte con su cuñado, Héctor D'Amico y con el sobrino del suicidado Alfredo Yabrán, Omar Alí Yabrán.

  De acuerdo con el escrito presentado por Avila Gallo, hasta 1997 el único ingreso declarado por Ricardito, como lo llaman propios y extraños, eran los 1500 pesos de la Cámara alta. Sin embargo, en febrero de 1997 -�antes de mandar a construir su casa y de asumir como diputado-� alquiló una propiedad en el country de Yerba Buena. Pagó 3000 pesos por mes más una expensa de 1000 durante un año y medio. "¿Cómo es posible que gaste 4000 con un ingreso de 1500?", se pregunta Avila Gallo.

  Mientras pagaba este altísimo alquiler para Tucumán, Bussi hijo compró dos lotes en dicho country y mandó a construir una casona de dos plantas. Según sus propias palabras lo hizo con un crédito de 105.000 pesos que le otorgó el Banco Río. "El crédito apenas cubre el 80 por ciento del valor de la propiedad. Mi padre me prestó los 150.000 que tenía en Suiza para construir la casa�, dijo Ricardito cuando este diario desenmascaró la estrategia de esconder los dineros suizos del genocida en una cuenta de su hijo. Para justificar ese monto dijo en ese entonces que había vendido una propiedad ubicada en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, durante el juicio político realizado a Antonio Bussi cuando era gobernador, se demostró que esa propiedad estaba a nombre de Bussi hijo, pero el dinero pertenecía a su madre.

  Entonces, cabe preguntarse cómo es posible que Ricardo Bussi tenga 220.000 dólares en el extranjero, 50.000 en la Argentina, propiedades en Tucumán y Buenos Aires, con un ingreso histórico de 1500 pesos durante su experiencia como empleado y con 6137 pesos que recibe desde que asumió la banca de diputado. La otra pregunta que es preciso realizarse y que Avila no la hace es si "Ricardito" es un simple testaferro de su padre. Tal vez la investigación judicial devele el secreto. 

Sorprendente velocidad

En el juzgado de Ricardo Maturana se trata a la causa por enriquecimiento ilícito de Ricardo Bussi con mucha discreción. Varios de los empleados se sorprendieron cuando se enteraron de que la investigación judicial había trascendido. Pero lo que también sorprendió, y sobre todo al magistrado, fue la rapidez con que le contestaron el oficio enviado por este juzgado para conocer cuál era el ingreso de Bussi hijo como legislador. Maturana lo envió el 30 de junio del '99 y el 30 de agosto Alberto Pierri, en ese momento titular de la Cámara baja, le devolvió la información. Fue extremadamente veloz sobre todo si se tiene en cuenta que Pierri demoró dos años en abrir la declaración jurada de Bussi padre en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito. En cuanto a esta causa, fuentes judiciales tucumanas aseguraron a este diario que el juez Maturana está esperando "tranquilamente" el resultado del ingreso o no a diputados de Antonio Bussi. En caso de que no se incorpore al cuerpo, así al menos todo lo indica, el magistrado podrá citarlo a declarar por esta causa y por la desaparición de menores sin necesidad de que el ex dictador ampare en fueros parlamentarios.

 

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