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Por Cledis Candelaresi  Los
directivos del privatizado Banco Hipotecario librarán hoy otro round con
la comisión oficial encargada de solucionar el problema de 90 mil
créditos otorgados por la entidad antes de la Convertibilidad, cuyos
montos quedaron desvirtuados por la hiperinflación y diversas fórmulas
de recálculo. Hasta ahora existe un principio de acuerdo para aumentar
los subsidios (y consiguiente perdón de las deudas) en casos
excepcionales y para aplicar una quita sobre las deudas, variantes
aceptadas por los accionistas privados. Pero aún no hay criterios comunes
acerca de quiénes se beneficiarían con esas prerrogativas ni quién
hará el mayor esfuerzo económico para destrabar la situación: si el
Estado o la entidad gerenciada por privados.La primera propuesta de la comisión que integran legisladores de diversos partidos junto a funcionarios de Economía fue hacer un recálculo de todo el paquete de créditos en discusión. El Hipotecario admite que, en muchos casos, la deuda excede ampliamente el valor de las viviendas a pagar, pero replica que ya se hizo un recálculo en 1998, que para el banco significó desinflar su activo en 800 millones de pesos. Ahora, por lo tanto, sólo podrían considerarse casos puntuales. La entidad �en la que el Estado tiene el 49 por ciento de acciones, pero no participa del gerenciamiento� prefiere el camino de una quita sobre las deudas pendientes, que podría redondear el 10 por ciento. Los negociadores públicos se avinieron a esta alternativa, pero ahora pugnan por subir ese porcentaje al 30 por ciento. También hay voluntad común de limitar los plazos de las deudas a 30 años, para evitar que algunos propietarios se endeuden de por vida con una cuota semejante a la de un alquiler. En lo que no aún no hay coincidencia es a partir de cuándo comenzaría computarse ese plazo tope: si desde ahora o desde el momento en que, efectivamente, el préstamo comenzó a repagarse. Si en los próximos días hubiera fumata en torno a quita y plazo, habrá que acordar la tasa de interés a aplicar sobre el saldo de las deudas corregidas: lo único claro es que no superará el 9 por ciento de la tasa que el banco aplica a los préstamos que otorga actualmente. Previo a esto el Banco asegura que hay que precisar quiénes serán los beneficiarios, priorizando a los que probaron voluntad de pago y siendo inflexible con quienes no hubiesen demostrado tener esa buena voluntad: de los 90 mil casos en cuestión, 20 mil son morosos. Después habrá que acordar de dónde saldrán los recursos para costear ese beneficio a los deudores, uno de los puntos de discusión más álgidos. El Hipotecario sostiene que como muchos de los problemas de falta de pago están originados en la crisis socioeconómica, es natural competencia del Estado aportar a esta solución. Con este criterio, los costos de una posible quita no serían sólo cargados al balance del banco, sino que, en parte, deberían ser cubiertos con fondos públicos frescos. Por directiva de Fernando de la Rúa, quien prohibió comprometer un solo peso del Presupuesto nacional para la solución, los negociadores estatales desecharon esta alternativa. Los legisladores aliancistas �más intransigentes que los técnicos de Economía que integran la comisión� replican que, en gran medida, el problema se originó en un defectuoso recálculo de los préstamos, realizado después de la privatización. O en la política de subir las tasas de interés en base a las necesidades del banco y no en función de la política social que debería inspirarlo. Pero aun en estos casos, los accionistas privados tomaron las decisiones al amparo de leyes y bajo la vigilancia de los directores estatales que, aunque en minoría, forman parte de la conducción.
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