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Como parte de la búsqueda de
una solución "de fondo", Bullrich acaba de ordenar que las
nuevas autoridades de Caseros, encabezadas por el prefecto Juan Alberto
Cid, "profundicen la investigación sobre las razones por las cuales
fueron removidos de sus puestos, en esa unidad, 42 miembros del Servicio
Penitenciario sospechados de cometer irregularidades" que podrían
contribuir a la comisión de distintos delitos o arbitrariedades.
En diálogo con este diario, la
viuda del interno Maximiliano Gastón Noguera Brizuela, quien el 4 de
enero pasado apareció ahorcado en su celda de Caseros (ver aparte),
aseguró que en el Pabellón 17 "B" de esa unidad, un preso al
que se lo conoce como "Chabuca", era quien "tramitaba las
visitas especiales (íntimas) y se movía como dueño del lugar".
El tal "Chabuca" es
uno de los sospechosos de haber participado en el asesinato de Noguera
Brizuela, quien estaba en condiciones de aportar datos sobre la existencia
de un sistema clandestino mediante el cual algunos guardiacárceles daban
permisos de salida a los presos para que participaran en robos. Además de
volver a la prisión, debían repartir el botín con los penitenciarios
involucrados.
La investigación judicial
sobre las salidas ilegales comenzó en julio de 1998, luego de que el juez
Alberto Baños comprobara que dos personas que debían estar presas,
Alejandro Hebert Núñez y Reinaldo Fabián Maini, podían haber
participado --junto con Noguera Brizuela, que en ese momento estaba prófugo--
en el robo al restaurante Dolly, en Palermo Chico.
Patricia Bullrich le dijo a Página/12
que en 1998, cuando comenzó esa investigación del juez Baños, "en
Caseros había muchas irregularidades de las cuales se puede inferir que
había una organización bastante armada", entre el personal
penitenciario de entonces, que cometía "hechos de corrupción graves
como la compra y venta de determinados pabellones (en los que la vida en
prisión era menos dura) o la venta en prisión de cosas ilegales, entre
ellas droga".
Cuando el actual director del
penal de Caseros, Juan Cid, asumió el cargo a fines del año pasado,
"pidió como condición que dejaran sus funciones en la unidad 42
miembros del personal penitenciario que podían tener vinculación con
esos hechos de corrupción". Sin embargo, en el sumario
administrativo elevado con posterioridad a la secretaria Bullrich "la
información documentada no es satisfactoria, para nada, y estaría
demostrando que no hubo una investigación seria" sobre la vinculación
de los 42 penitenciarios con los casos de corrupción.
"Pasaron dos años de los
hechos, pero hay que retomar la investigación interna y hacerla a fondo,
para ver si se pueden aportar datos a la Justicia. Queremos saber qué pasó
con las 42 personas separadas de sus cargos, saber si fueron realmente
sancionadas y por qué, o si simplemente se los trasladó a otra
unidad", explicó Bullrich. "Lo que creo --precisó-- es que si
alguien vende droga o cobra por conseguir un pabellón, bien podía formar
parte de una organización que se dedicaba a permitir que los presos
salieran a robar".
--¿Qué opina sobre las
denuncias acerca de la existencia de presos que se convierten en
dictadores dentro de los pabellones?
--Esto es absolutamente así.
Nosotros lo comprobamos durante las visitas que hicimos en los penales de
Caseros y Devoto. Es un problema que hay que erradicar porque hay presos
que se convierten en líderes y generan un sistema de poder dentro del
pabellón. Cuando viene la comida dicen quién come más y quién come
menos y quién le lava la ropa al jefe. Se forma una estructura de clase,
donde uno domina y muchos son dominados. El 95 por ciento de los internos
está en contra, pero el problema sigue.
--Los familiares de algunos
presos dicen que esa estructura de poder es favorecida por el Servicio
Penitenciario. ¿Usted qué opina? --No lo sé, lo único que puedo afirmar es que estamos trabajando para que estas cosas se terminen.
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