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Por
Pablo Rodríguez
 La
conspiración internacional parece no tener fin para el general Augusto
Pinochet. Aun cuando ya volvió a Chile y su destino está en manos de la
Justicia y la política locales, ayer se confirmó una noticia bomba. Nada
menos que Estados Unidos, el mismo país que hace casi 30 años lo ayudó
en su golpe militar y en sus primeros años de dictadura, está
considerando la posibilidad de pedir su extradición por el asesinato del
ex canciller socialista Orlando Letelier, cometido por la DINA en
Washington en 1976. Así lo admitió el embajador norteamericano en
Santiago, John O'Leary, en una entrevista publicada por el diario chileno
La Tercera. Es más: el juez Joaquín Billard, que dirige en Chile la
investigación que pidió Estados Unidos, interrogó ayer durante tres
horas al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, con el que conversaron
"absolutamente de todo", según el abogado del ex militar,
Humberto Neumann. Y esto podría incriminar aún más a Pinochet.
Mientras tanto, en Chile las cosas siguen moviéndose como antes de la
saga londinense del general. La derecha y las Fuerzas Armadas, que
reclamaban la soberanía para juzgar a Pinochet, están muy inquietas por
cómo se desarrollará el proceso de desafuero al senador vitalicio y
comandante en jefe benemérito del Ejército. En declaraciones a Radio
Cooperativa de Santiago, el ministro de Defensa, Mario Fernández,
reconoció que las Fuerzas Armadas le expresaron "su inquietud"
por la posibilidad de que los alegatos en el juicio de desafuero contra
Pinochet pudieran ser trasmitidos por televisión. La Corte Suprema
chilena parece que se hizo cargo de dicha inquietud. Si hasta el viernes
estaba todo listo para que los alegatos fueran televisados, el máximo
tribunal de Justicia decidió revocar la autorización que había dado la
Corte de Apelaciones de Santiago. Los alegatos del proceso comenzarán en
una semana.
Fernández también se refirió a uno de los temas más sensibles,
conectado con la situación de Pinochet: las reformas constitucionales.
Este tema fue planteado durante la campaña electoral que terminó con el
triunfo del actual presidente Ricardo Lagos. Lagos mismo lo planteó y la
derecha, heredera de Pinochet, recogió el guante y se mostró dispuesta a
estas reformas, que apuntan a limpiar a la Constitución de lo que en
Chile se llama "los enclaves autoritarios" heredados del
régimen militar. Entre una de esas reformas figura el fin de la
inamovilidad de los jefes de las Fuerzas Armadas. Y aunque el presidente
Lagos lo impulse, su ministro de Defensa lo ve complicado. "Tengo mis
dudas en relación con la oportunidad para plantear determinadas materias
de la reformas constitucionales", declaró Fernández, quien se
manifestó a favor de un planteamiento global de la Constitución y no de
una política de parches a través de reformas parciales.
Desde la misma derecha, que dijo estar a favor de estas reformas, ya
salió en las últimas semanas el chantaje: la Unión Demócrata
Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) habían condicionado su
respaldo a las reformas constitucionales a que se terminen las causas
contra Pinochet. Sin embargo, tanto el ministro del Interior, José Miguel
Insulza, como el secretario general de la Presidencia, Alvaro García,
elogiaron los acuerdos adoptados durante el fin de semana por Renovación
Nacional, quien resolvió impulsar las reformas sin condiciones. Esta
semana, los bloques legislativos de la derecha y la oficialista
Concertación por la Democracia se reunirán para acordar aspectos de este
tema, y allí se verá hasta dónde está dispuesta a llegar la derecha.
Por las dudas, Insulza lanzó ayer la advertencia: "El país no puede
seguir viviendo en función del general Pinochet. Espero que la derecha lo
entienda".
Por fuera del complicado laberinto político local, lo más peligroso para
el ex dictador sigue viniendo desde fuera. El asesinato de Letelier y su
secretaria Ronnie Moffit son "el peor caso de terrorismo
internacional ocurrido en Washington DC", declaró el embajador
O'Leary a La Tercera, para respaldar la presencia de investigadores
norteamericanos en Chile. Preguntado acerca del derecho de Estados Unidos
para juzgar al ex dictador chileno, O'Leary fue claro. "Estados
Unidos aprecia la posición legal asumida por el gobierno chileno en
Inglaterra", dijo, pero "los asesinatos de Letelier y Moffit
ocurrieron en Washington DC".
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