Por Eduardo Tagliaferro
 El futuro del general Martín Balza podría ser la cárcel si el juez federal Jorge Urso hace lugar al pedido de procesamiento con prisión preventiva que presentó ayer el fiscal federal Carlos Stornelli, en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia. La fiscalía considera a Balza �organizador� de la asociación ilícita que realizó la maniobra ilegal. Maniobra que, según la acusación presentada ayer, tuvo la participación protagónica del ex interventor de Fabricaciones Militares, el riojano Luis Sarlenga, a quien se lo sindica como integrante de dicha organización con el grado de jefe. Stornelli también reclamó el procesamiento del general Ernesto Bossi por el cargo de encubrimiento.
La figura de �organizador� de la asociación ilícita utilizada por el fiscal Stornelli en su acusación tiene sus fundamentos en los argumentos utilizados en su momento por la Sala I de la Cámara Federal porteña, cuando dictó el procesamiento de Mario Caserta en el Yomagate, y puede resumirse en el hecho de que en su condición de responsable y custodio de los bienes del Ejército sin su participación la maniobra no hubiera sido posible.
Además de considerarlo elemento imprescindible en la venta ilegal de armas, Stornelli acusó a Balza por los delitos de falsificación de documento público y falsedad ideológica. Estos cargos están relacionados con la firma del convenio entre el Ejército y Fabricaciones Militares. La fiscalía siempre sospechó que dicho convenio tenía como principal objetivo encubrir el faltante de material bélico enviado a Croacia y a Ecuador.
Otro de los acusados por Stornelli, el general Raúl Gómez Sabbaini, señaló en su momento ante el juez federal que el fallecido general Juan Carlos Andreoli había argumentado punto por punto lo beneficioso de la firma de este convenio. Según Gómez Sabbaini, Balza estuvo presente cuando Andreoli hizo tales afirmaciones. En su declaración ante el juez Urso, el ex jefe del Ejército desmintió tal versión.
Andreoli fue director de los arsenales del Ejército y luego de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero fue nombrado Interventor de Fabricaciones Militares. Falleció en 1996, cuando un helicóptero que trasladaba una delegación de militares peruanos y argentinos se estrelló en el Campo de Polo de Palermo. Luego de la muerte de Andreoli, muchos de los inculpados lo señalaron como uno de los principales responsables en la venta ilegal de armas, como lo demuestran las declaraciones judiciales de los generales Gómez Sabbaini y Antolín Mosquera, quienes orientaron sus dardos hacia él. Andreoli falleció días antes de concurrir a los tribunales federales donde iba a declarar frente a Urso.
�Doctor, usted puso al zorro a cuidar las gallinas�, le dijeron algunos militares al ex ministro de Defensa Oscar Camilión, cuando éste nombró a Andreoli en Fabricaciones Militares.
Junto a los pedidos de procesamiento de Balza, Sarlenga y Gómez Sabbaini, el fiscal reclamó también la prisión preventiva del general Ernesto Bossi por el delito de encubrimiento. Bossi, ex subjefe del Ejército �que en su momento había reclamado la facultad de las fuerzas armadas para intervenir en la lucha contra el narcotráfico� pretende ocupar un lugar destacado en la Comisión Nacional de Inteligencia y para ello cuenta con el respaldo del dirigente radical Enrique Nosiglia.
La acusación presentada ayer por Stornelli reclamó también el procesamiento del ex director de la fábrica militar de Río Tercero Jorge Cornejo Torino y del mayor Diego Gatto, ambos procesados en otras causas conexas por la venta ilegal de armas. En este caso, el fiscal los acusa de participar de la asociación ilícita y de malversación de los efectos del Estado. El fiscal también reclamó el procesamiento de los coroneles Egberto González de la Vega y Jorge Carlos Franke, ambos pertenecían al directorio de Fabricaciones Militares y se les imputa formar parte de la asociación ilícita, falsedad ideológica y malversar los efectos del Estado. La acusación realizada ayer por Stornelli acelera los tiempos del juez federal, que luego de haber escuchado la indagatoria de Balza y de los ex ministros Erman González y Guido Di Tella debe resolver la situación procesal de los ex miembros del gabinete de Carlos Menem. Salvo el ex presidente y Domingo Cavallo, los principales firmantes de los decretos que autorizaron la venta ilegal de armas tuvieron que testimoniar en los tribunales federales de Comodoro Py.
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