Por Luis Bruschtein
 Los padres y dos de los hermanos de Rigoberta Menchú fueron asesinados durante las dictaduras que gobernaron su país durante la mayor parte de los 40 años en que la violencia política azotó a Guatemala y que dejó un saldo de decenas de miles de campesinos muertos, desaparecidos y migraciones masivas de refugiados a los países vecinos. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1992 por su lucha en favor de la población indígena y campesina de su país y en la actualidad es protagonista importante del delicado proceso de paz que se abrió en 1996. Es autodidacta y tiene una inteligencia al mismo tiempo aguda y muy lúcida para explicar la situación política de su país. Acaba de iniciar un juicio por genocidio contra los militares de su país ante la Audiencia Nacional de España, similar al que lleva adelante el juez Baltasar Garzón con relación a la dictadura militar argentina. De visita en Buenos Aires, señaló a Página/12 su preocupación porque �el proceso de paz está estancado con el nuevo gobierno�. �El desarme no fue igual para los ex insurgentes que para el ejército �agregó� cuyos antiguos mandos siguen teniendo una gran influencia.�
�Pienso que después de un conflicto armado queda siempre el síndrome del miedo, el ambiente de terror, y muchas de las organizaciones y la sociedad tienen que volver a empezar, como volver a armar sus relaciones. Debemos impulsar las reformas del código municipal, las reformas electorales, las reformas educativas y una serie de reformas que se tienen que hacer. El sistema municipal es muy importante, y más del 33% de las alcaidías son administradas por gobiernos pluriculturales y multiétnicos. Pero hay que vencer el miedo para volver a construir la confianza y poder convivir. Hay 40 años de conflicto armado y participaron muchas personas ya sea del lado de la guerrilla o del lado del ejército, o de los paramilitares. Guatemala fue uno de los países donde más militarizada fue la población, la sociedad civil. Entonces tenemos que empezar por desmilitarizar. La desconfianza está muy arraigada. Los cabecillas que se generaron por los grupos paramilitares son una realidad y muchos de ellos se han mantenido en el poder. Sobre todo a partir de las elecciones del año pasado.
�¿Pero eso no estaba pactado en las negociaciones?
�Sí, se tenía que hacer un desmantelamiento de estos grupos. Lo que se hizo fue nada más borrar el nombre de las llamadas patrullas de defensa civil, pero no se consiguió desarmar a estos grupos a los que el ejército les dio armas y entrenamiento. Lo que hizo la ONU no fue tanto una propuesta de desmilitarización abarcativa para la población y de reeducación. Se pensó que bastaba con que no dependieran más del ejército, pero los grupos siguieron existiendo. Según la ONU, todavía hay más de un millón de armas distribuidas en la población que no están controladas.
�¿Y el sector de la guerrilla?
�La guerrilla se desarticuló totalmente, entregaron las armas, iniciaron un proceso político importante. La guerrilla tomó en serio el diálogo. El que no lo hace es el ejército. Expulsó a muchos de sus miembros, pero eran tropa, soldados rasos pero hay unos 35 generales en �disposición�, que siguen teniendo influencia. Y han ascendido a muchos oficiales que fueron ejecutores directos de lo que pasó, que ahora son coroneles o mayores.
�¿Cómo se resolvió el tema de los derechos humanos en el proceso de paz?
�Logramos que se firmara un �Acuerdo global sobre derechos humanos� que no sólo incluye una comisión de la verdad, que allá se conoce como Comisión de Esclarecimiento Histórico, sino que también plantea una transformación del sistema en general, reformular el sistema de justicia, la creación de una nueva doctrina del ejército que respete el proceso democrático, que plantea un proceso de resarcimiento, el retorno de refugiados, la identificación de los desplazados internos, la reubicación de la población afectada. Una de las metas era crear la Comisión Paz y Concordia y que el estado impulse como política nacional las exhumaciones, que sea una política del Estado y no de las víctimas, que haya una comisión para trabajar los temas de los monumentos, las calles que lleven los nombres de las víctimas, que identifiquen los refugiados, los huérfanos.
�Pero en este momento usted señala que el proceso de paz se detuvo...
�Todo este trabajo quedó corto cuando el gobierno anterior perdió las elecciones. No es que fuera tan popular. Se sabe que los gobernantes de América latina luego se vuelven intolerantes, elitistas, protagonistas y resulta que no favorecen la participación ciudadana. Pasó eso, el gobierno no incluyó más actores y acaparó el proceso de paz. Fue excluyente y diluyó el poder de la sociedad civil que había contribuido a conseguir la paz. Así, el gobierno se apropió de los acuerdos junto con un grupo muy reducido que antes integró la insurgencia, pero excluyeron a mucha gente, por eso se perdió la consulta que iba a dar validez constitucional a todos los acuerdos de paz. La incorporación de los acuerdos a la Constitución fue sometida a referéndum, pero no fue muy promovido. Había que plantear la incorporación de los 11 acuerdos de paz a la Constitución, sobre todo la democratización y la reforma del ejército. Se planteaba además la reforma educativa, la reforma judicial, la consolidación de los poderes del estado. Eran once reformas que había que hacer, pero los congresistas, que son mañosos, incluyeron 52 cambios más, lo cual confundió a la gente y al final se perdió el referéndum.
�¿A raíz de ese estancamiento de los procesos de paz usted presentó la denuncia por genocidio ante la Justicia de España?
�Antes de la denuncia hubo dos informes, el de la Iglesia Católica, que costó la vida de monseñor Juan Gerardi, que fue asesinado 48 horas después de entregarlo. Y también el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Ambos tipificaron los delitos de lesa humanidad que se cometieron. Fue un enorme trabajo, pero no basta con tipificar esos delitos si no se los castiga. En Guatemala se debió juzgar el genocidio, sin embargo Guatemala firmó la convención sobre delitos de lesa humanidad pero no creó los instrumentos jurídicos penales para su juzgamiento. Cuando se dio el caso de Pinochet nos preparamos para presentarnos ante la Audiencia Nacional de España porque ese país adecuó su legislación interna. Si otros países lo hicieran, no necesitaríamos ir a España. En la denuncia original hay ocho acusados, seis militares y dos civiles. La mayoría vive en Guatemala y tiene cargos públicos por lo que tendría que haber un proceso de desafuero antes de su juzgamiento. Somos 14 querellantes en la Audiencia Nacional, siete son familiares de personas que fueron ejecutadas y siete son asociaciones.
�¿El proceso de paz dejaba afuera los temas relacionados con la Justicia?
�El proceso incluye una ley que se llamó de �reconciliación�, que no perdona los delitos de lesa humanidad. Logramos que sólo quedaran afuera los delitos puramente vinculados al enfrentamiento armado. Incluso la ley de reconciliación indica que los delitos de lesa humanidad deben ser juzgados en cualquier parte del mundo y no deben prescribir. El gobierno y los militares aceptaron que se mencionara la no prescripción porque Guatemala no ratificó la convención internacional sobre el tema.
�¿Si el proceso de paz fracasa, podría regresar el conflicto armado?
�No, yo creo que Guatemala ya dejó los conflictos armados fuera de su agenda. No va a haber conflicto armado de nuevo. Creo que los procesos de democratización irán adelante. Hemos enfrentado al Ejército con mucha fuerza, sabemos que son poderosos y fuertes todavía, que influyen en los procesos legales, en los poderes, están detrás del trono de muchas decisiones, pero no creo que se vuelva atrás. Más bien, yo diría que lo que hay es un estancamiento. Pero estos acuerdos no tienen solamente vigencia coyuntural, son compromisos de Estado. No veo marcha atrás. Es posible que en los próximos años nazcan herramientas de representaciónpolítica del pueblo maya para participar en las elecciones. Ahora que la muerte puede ir quedando atrás, igual que las amenazas, los secuestros y las desapariciones, se da una participación importante.
�¿La experiencia que se está viviendo en Guatemala puede servir a otros pueblos indígenas del continente?
�Nuestra experiencia puede servir mucho, hemos avanzado en las reformas educativas, tanto en la educación estatal como en la privada, se fortalece el sistema multilingüe y la profesionalización de los técnicos educadores mayas, hay una enorme cantidad de escuelas bilingües. Es la primera vez que tenemos una escritura oficial del idioma. Están entrando en la computadora los símbolos mayas. También se está hablando de un modelo de desarrollo participativo a través de los consejos de desarrollo, que la derecha ha parado, pero es una discusión de muchas instituciones que están participando. Nosotros creemos que los problemas no están en las relaciones interétnicas sino en los poderes: las trasnacionales, el ejército, los que poseen la riqueza del país, en la usurpación de las tierras. La pacificación tiene que pasar por los problemas que originaron el conflicto armado, que no son de origen étnico sino de la distribución equitativa de las riquezas de Guatemala.
|
