Por Adriana Meyer
Sorpresa y conmoción. Esto es lo que causó en el mundo político y judicial el dictamen del fiscal de Casación Pedro Narvaiz que dejó firme la resolución del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) que pretende sacar de la justicia civil la causa sobre la práctica sistemática de apropiación de menores. Los abogados Alberto Pedroncini y David Baigún, que representan a cinco querellantes en el caso, aseguraron a Página/12 que recurrirán al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Incluso en la Procuración General calificaron la situación como �grave�.
Hace diez días, el CONSUFA reclamó para sí la competencia en esta causa iniciada en 1996 por las Abuelas de Plaza de Mayo, instruida desde entonces por el juez Adolfo Bagnasco, y en la que diez represores están procesados con prisión preventiva. El fiscal general de las Fuerzas Armadas, brigadier Oscar Mazzoni, compartió los argumentos del Consejo pero tuvo que apelar la resolución porque la reforma al Código de Justicia Militar le impone la obligación de recurrir los fallos castrenses para asegurar que las sentencias puedan ser revisadas por un tribunal civil, en este caso la Cámara de Casación.
Fue así que el expediente pasó al fiscal Narvaiz, un ex juez de la dictadura, que desistió de pronunciarse sobre el recurso planteado por el fiscal militar. Entendió que �la apelación automática no es válida� porque �no está fundamentada en un agravio y carece de toda apoyatura controversial�. Un funcionario de la Casación explicó a este diario que el fiscal quería decidir sobre un conflicto que consideró inexistente, dado que el fiscal militar no apela por estar en desacuerdo con el CONSUFA sino porque está obligado. El funcionario aclaró que Narvaiz no entró en la cuestión de fondo sobre quién tiene que seguir investigando la apropiación de los hijos de los desaparecidos y que tuvo la misma actitud en todos los casos anteriores en los que analizó apelaciones automáticas del acusador castrense. Y agregó que, además, �la revisión civil sólo ocurre cuando hay una sentencia firme, cosa que acá todavía no sucedió�.
�Este fiscal cuestiona los fundamentos sobre los que se construyó la Ley de Reforma del Código de Justicia Militar porque si la denominada cláusula gatillo no es aplicable, el fuero militar puede hacer lo que quiere�, criticó Simón Lázara, vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El dirigente señaló que Narvaiz tiene la facultad de desistir �argumentando en cualquier sentido pero no atacando la lógica de la ley 23.049, que se creó como un mecanismo de revisión de la justicia militar�. Según Lázara, �esto es una operación gravísima y perversa que apunta a bloquear la causa metiéndola en un pantano jurídico lo cual provocará que se diluyan los resultados que tuvo y, en definitiva, causará una crisis de credibilidad y una sensación de impunidad�. La APDH pidió una entrevista con el procurador Becerra que aún no fue concedida.
Los protagonistas de esta polémica esperaban que el dictamen saliera del despacho del fiscal de Casación Ricardo Wechsler. En ese tribunal indicaron que originariamente le tocaba intervenir a Narvaiz, que estaba de turno cuando ingresó la resolución del CONSUFA. �Creyeron que Wechsler tenía una causa conexa pero cuando analizaron bien vieron que no tenían nada que ver y así volvió a Narvaiz�, fue la explicación oficial que recibió este diario. Sin embargo, varias fuentes consultadas insistieron en que, tal como había anticipado Página/12 la semana pasada, Wechsler ya tenía el dictamen firmado en contra del CONSUFA y que una mano negra lo corrió del caso. Ayer en el Gobierno enfatizaron que no salían de su asombro pero ratificaron que la posición oficial sigue siendo contraria a la incitativa de los dinosaurios del Consejo.
La sala IV de la Cámara de Casación �que analiza los casos militares� debería haber tenido la última palabra en esta etapa, pero de hecho se quedó sin asunto sobre el cual pronunciarse. De este modo queda firme laresolución del CONSUFA, que le pedirá a Bagnasco que se inhiba y le envíe el voluminoso expediente del caso. El juez seguramente se negará a hacerlo y el asunto volverá a Casación, esta vez para decidir la cuestión de fondo. El tribunal integrado por Amelia Berraz de Vidal, Ana María Capolupo y Gustavo Hornos puede optar por enviar la investigación a la justicia militar, dejarla en el ámbito civil o quedarse con el expediente. La causa está cerca del final de la instrucción, tras lo cual iba a ser elevada a juicio oral, pero estos trámites inevitablemente dilatarán ese paso.
El jefe de los fiscales, el procurador Nicolás Becerra, �no habla desde hace meses con Narvaiz�, aseguró a Página/12 uno de sus colaboradores. Una forma de decir que Becerra no quiso darle instrucciones precisas. Pero el funcionario enfatizó que �cuando le toque opinar, es decir antes de que la cuestión llegue a la Corte Suprema, Becerra se pronunciará en contra de la posición del CONSUFA y de Narvaiz, en consonancia con lo expresado por algunos ministros del Poder Ejecutivo�.
Retrato de Pedro Narvaiz
En diciembre de 1982, a casi siete años del golpe de Estado de marzo del �76, el juez federal Pedro Narvaiz renunció a su cargo invocando �un sentimiento de disgusto moral� y el �tremendo riesgo que encierran los golpes de Estado�. Había dictado una sentencia que declaraba inconstitucional el estado de sitio �por haber desaparecido las causas que llevaron a declararlo�. En ese momento declaró que nunca había recibido sugerencias o presiones de las Fuerzas Armadas, a excepción de un caso que fue �uno de los motivos de mi renuncia�. Y se fue a Brasil con su esposa, disfrazado de mujer. Una de las causas que tenía Narvaiz era el caso del secuestro y desaparición de Fernando Branca, el marido de la amante del ex almirante Emilio Massera. �Narvaiz tuvo demasiado miedo de Massera y pronto renunció�, dice el libro Massera, el genocida, publicado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Página/12. Sin embargo, el actual fiscal de Casación no reconoció esto en ninguno de los reportajes que dio mientras descansaba en las arenas de Río de Janeiro. �Desde 1981 hasta mi renuncia concedí el ciento por ciento de los pedidos de hábeas corpus�, se ufanó desde allí. |
La �enemistad manifiesta�
El juez federal Adolfo Bagnasco fue recusado una vez más por la entrevista concedida la semana pasada a Página/12, cuando criticó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa Ricardo López Murphy. Esta vez fue el represor Carlos �Pajarito� Suárez Mason, quien aseguró que Bagnasco demostró tener una �enemistad manifiesta� contra �el personal y las instituciones uniformados� cuando declaró que �el CONSUFA tiene el nivel judicial que puede tener el tribunal de disciplina de la AFA, y en la AFA hay hombres de Derecho, mientras que en el otro tengo entendido que no�. El represor agregó que esa frase evidencia �ignorancia y resentimiento hacia las instituciones castrenses�.
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