Por Raúl Kollmann
 En la jerga interna la llaman Task Force, que para evitar incomodidades algunos traducen como Fuerza de Combate. En verdad, va a consistir de cuatro fiscales, dos secretarios, el personal judicial necesario y el apoyo de la Policía Federal y de la SIDE. El objetivo es avanzar en la investigación del atentado de la AMIA, sobre todo en las causas colaterales que tienen relación con la explosión: la banda de carapintadas que robaba explosivos de Campo de Mayo, las mafias vinculadas con la Policía Federal y la Policía Bonaerense que doblaban autos; los negocios de los uniformados, las maniobras para desviar la pesquisa, la ruta del dinero con el que se pagó el atentado. Todos esos expedientes podrían aportar elementos para la investigación del ataque. La Task Force fue presentada ayer en la Casa Rosada, pero la realidad es que deja al desnudo dos vacíos enormes. En primer lugar, nadie puede explicar por qué todas esas investigaciones no avanzaron como debieron hasta ahora. En segundo lugar, parece un rápido esfuerzo para conseguir pruebas antes de los juicios orales que se vienen, porque todo indica que las pruebas que existen hasta el momento no son para nada sólidas.
En el Salón de los Escudos hubo una especie de asistencia perfecta: el ministro del Interior, Federico Storani; el de Justicia, Ricardo Gil Lavedra; el titular de la SIDE, Fernando De Santibañes; los procuradores de la Nación y la provincia de Buenos Aires, Nicolás Becerra y Eduardo De la Cruz; el jefe de la Federal, Rubén Santos; el titular de la Brigada Antiterrorista, Jorge Palacios, y los integrantes de la comisión bicameral de seguimiento de la investigación de los atentados. El acto fue breve y el núcleo central consistió en una explicación de que habrá cuatro fiscales que impulsarán las causas colaterales a la de la AMIA con el apoyo del Ejecutivo, el Legislativo, el aparato judicial y los organismos de seguridad. �El esclarecimiento de los atentados es una cuestión de Estado y por eso ponemos en marcha esta fuerza adicional, este auxilio extraordinario�, sintetizó Storani.
Lo cierto es que la fuerza adicional debió haberse puesto en marcha hace seis años, cuando ocurrió el atentado, y a esta altura del partido hay evidencias nítidas de que no hubo voluntad alguna de investigar:
 En 1996 se descubrió una escritura por la que el ex comisario Juan José Ribelli blanqueó dos millones quinientos mil pesos en la semana del atentado. El juez Juan José Galeano piensa que Ribelli cobró ese dinero por haber colaborado con el ataque, pero esa causa no avanzó ni un milímetro en cuatro años.
En 1994 quedó claro que en la Brigada de Vicente López de la Policía Bonaerense se inventó un testigo falso para desviar la pesquisa. En los seis años transcurridos, nadie fue detenido.
En 1994 quedó evidenciada una mafia de armado de autos truchos con el protagonismo de un empresario, Alejandro Monjo, y el encubrimiento de policías federales. La pesquisa está completamente estancada.
Ejemplos como éstos hay por decenas y el estado calamitoso abarca a casi todas las investigaciones. Los casos más recientes son dos. Hace casi un año la Cámara Federal ordenó reconstruir los momentos previos al atentado, algo que todavía no se ha hecho. Hace ocho meses el ex ministro del Interior Carlos Corach presentó un video en el que aparecía el testigo clave brasileño Wilson Dos Santos diciendo que está dispuesto a declarar. Recién ahora, y gracias a la casualidad de que fue detenido en Suiza, existe la perspectiva de que el hombre hable y cuente cómo es que sabía, quince días antes del atentado, que se iba a producir la explosión.
Al presentar la Task Force el Gobierno hace un gesto para no sufrir la acusación �lanzada contra la administración Menem� de que no hace nada en la investigación del atentado más grave de la historia argentina.
MAS REPUDIOS A LA REVISTA DE DANIEL HADAD
La �invasión� que hizo ruido
Por S.K.
El Centro de Estudios Legales y Sociales envió una carta a Fabián Doman, director de la revista de Daniel Hadad, La Primera, expresando �su preocupación� por la nota de tapa contra los inmigrantes, publicada la semana pasada. El CELS encuentra que el artículo �Invasión silenciosa�, que firma Luis Pazos, es �claramente racista� y �promueve la estigmatización y la creación de prejuicios hacia los inmigrantes de origen latinoamericano�. El Centro adelantó a Página/12 que hará una presentación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, Inadi, acusando a la revista por discriminación.
La carta, que firma el director del CELS, Martín Abregú, señala varias inexactitudes de la nota de La Primera. Por ejemplo, el Centro recuerda que el censo de 1991 determinó que el 5 por ciento de los habitantes del país son extranjeros, residentes legales o ilegales. Son 1.628.210 personas y no cuatro millones, como afirma la revista de Hadad. Más aun: pese a que la �invasión silenciosa� que supuestamente ve la publicación sería de la �América morena�, la mitad de los residentes extranjeros en la Argentina no son latinoamericanos.
�Las estadísticas sobre delitos son comprobadamente falsas�, continúa la dura carta del CELS, que cita declaraciones de la jefatura de la Policía Federal del 19 de enero de 1999. Respecto de las acusaciones de Pazos y Hadad sobre que los inmigrantes son una de las causas del desempleo, el Centro señala que sólo �el once por ciento del aumento de la oferta de mano de obra se compone de migrantes limítrofes�, por lo que �la presunta contribución de los migrantes al crecimiento en el desempleo es bastante pobre�. Para más detalle, la carta señala que las provincias donde más creció el desempleo, como La Pampa, Corrientes y Chaco, son las que menos inmigrantes recibieron.
Tocando el fondo de la cuestión, el CELS recuerda que las leyes migratorias vigentes fueron sancionadas durante la dictadura militar, �identificando al inmigrante como una amenaza�. Las trabas legales y burocráticas, y el muy alto costo de los trámites, �dificulta enormemente� la posibilidad de documentarse, lo que crea �la alta vulnerabilidad de este grupo�.
Desde la clase política, al proyecto del diputado socialista Alfredo Bravo para que la Cámara baja repudie el artículo de la revista de Hadad, se le sumó otro proyecto en la Legislatura porteña. Presentado por el legislador del Partido Socialista Popular Daniel Martini, el proyecto de repudio será tratado mañana y ya tiene acuerdo de los bloques para ser aprobado por unanimidad. Martini también presentó una denuncia ante el Inadi por discriminación.
|
