Por Eduardo Videla
 Un funcionario judicial, acompañado por el comisario del pueblo, anotó de puño y letra como alumna regular en un instituto religioso a una joven de 17 años, a quien las monjas que lo regentean se niegan a inscribir porque quedó embarazada. El funcionario cumplió el trámite ordenado por la Corte provincial pese a la resistencia de las hermanas: él mismo tuvo que buscar el libro entre los biblioratos acumulados en armarios y anaqueles. Como telón de fondo, un coro de madres, instigadas por las autoridades del colegio, rezaba a viva voz, como para exorcizar la ceremonia. No es una crónica de antaño: ocurrió ayer, en la ciudad de Formosa, un mes después de que el mismísimo Juan Pablo II pidiera perdón por los actos arbitrarios cometidos a lo largo de la historia por la Iglesia Católica. La chica, finalmente, podrá comenzar hoy a cursar el 5º año.
La inscripción se realizó por orden del Superior Tribunal de Justicia de Formosa que, ante la resistencia de las �monjas rebeldes� del Instituto Santa Isabel, autorizó el uso de la fuerza pública, si fuera necesario, para cumplir con el trámite. La negativa de las religiosas les valió una multa de cien pesos por día de incumplimiento y otra causa judicial: el máximo tribunal pidió que se las investigue por el delito de desobediencia. Por eso, el lunes, las hermanas franciscanas responsables del colegio hicieron un pedido de eximición de prisión.
�Lo peor es que rechazaron a mi hija por decir la verdad y que lo hicieron en nombre de Dios�, dice Viviana Mastropaolo, madre de la adolescente. La chica �su nombre no se publica por razones legales� supo que estaba embarazada en enero y lo comunicó a sus padres. Después de la conmoción, la familia decidió hacer frente al problema: �Sabíamos que otras chicas, en la misma situación, se habían tenido que ir del colegio. Pero pensamos que alguna vez eso tenía que cambiar�, afirma la madre.
Las cosas no cambiaron, sin embargo, al momento de la inscripción: la chica fue rechazada por la rectora. �Me imagino que esto no va a quedar así, supongo que vamos a hacer algo, porque esto es injusto�, le dijo la joven a sus padres. Y la familia la apoyó. Se inició entonces un largo camino judicial.
José Alloi �padre de la estudiante� y su esposa presentaron el 3 de marzo un recurso de amparo por discriminación, y una medida cautelar para lograr la inscripción de la joven. Una jueza en lo civil lo rechazó y cuando el caso llegó a la Cámara, tras la apelación, los tres jueces se excusaron con argumentos insólitos: �Uno dijo que su hija estudiaba en el Instituto, otra sostuvo que rezaba con las monjas y el tercero era miembro de la comisión de padres�, describe a este diario Cristina Erico, abogada de los Alloi.
Con la causa estancada �y el ciclo lectivo en marcha�, los padres jugaron su última carta el 27 de marzo, con una nota enviada al Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Se lamentaban allí por lo que, entendían, era un caso de denegación de justicia. Dos días después, los jueces Ariel Coll, Rodolfo Roquel y Carlos González decidieron avocarse al caso mediante el recurso del per saltum �algo inédito en la provincia� y ordenaron la inscripción de la chica.
El Instituto Santa Isabel, creado hace 80 años por las hermanas franciscanas, está incorporado a la enseñanza oficial. Los salarios de los docentes son abonados con subsidios del Estado y el mantenimiento del colegio se afronta con la cuota de 45 pesos que pagan los padres.
Algunos de esos padres �no más de 60� se concentraron ayer desde temprano frente al colegio y formaron una cadena humana para impedir el ingreso del notificador judicial. Oscar Blanco, jefe de Notificaciones, esperó hasta las 11 e ingresó por la puerta de atrás del Instituto. �No había ningún tipo de colaboración por parte de las autoridades ni de los empleados�, relató una fuente judicial. Sin embargo, Blanco logró cumplir con su cometido. Ansiosa, muy nerviosa, pero satisfecha, la chica empezará hoy las clases. �Aunque no sabe cómo terminará todo�, dice la madre. �Mi hija tiene una familia que la contiene y la apoya. Pero, ¿qué pasa con esas chicas que son echadas de su casa y rechazadas en el colegio? Les queda un aborto o el suicidio�, dijo la madre a Página/12. �Podía no haber dicho nada �especula�, porque no se le nota, y después rendir como libre. También pudo haber abortado el día antes de la inscripción. Pero ella eligió decir la verdad.�
También pudo elegir el camino más fácil, como ir a otro colegio. �Pero ella va al Santa Isabel desde los cinco años. Tiene lazos afectivos fuertes con sus compañeras y no la pueden privar de cursar el último año con ellas�, concluye la mujer.
| El caso del Dámaso Centeno
El escándalo generado por las monjas de Formosa tiene un antecedente en el caso del colegio Dámaso Centeno, de Caballito. En abril de 1990, los noticieros de TV y los reality shows tuvieron tela para cortar con la historia de Mariana Petriw, de 17 años, echada de esa escuela dependiente del Ejército, poco después de dar a luz a su bebé.
El caso derivó en una polémica pública y hasta el entonces presidente Carlos Menem intervino en el caso, al calificar como una �barbaridad� la expulsión de la chica. Los padres de la estudiante también recurrieron a la Justicia, pero no fue necesario esperar una resolución: el director del colegio, coronel Rodolfo Terrado, presentó su renuncia. Y el director de Institutos Militares les comunicó a los padres de la chica que se había decidido la reincorporación.
La historia terminó el 3 de mayo, cuando Mariana volvió al Dámaso Centeno del brazo de su novio, Augusto Biondi. Unos metros atrás había quedado Federico, el hijo de ambos. |
Procesamiento masivo en IOMA
El fiscal platense Carlos Arguero solicitó el procesamiento y la detención de 45 ex directores y alrededor de 300 empleados que desempeñan funciones jerárquicas en el Instituto Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (IOMA), la obra social de los empleados de la administración pública, por presunta defraudación al fisco.
Los supuestos involucrados habrían realizado oscuras maniobras para cobrar viajes que nunca hicieron. Estas ilícitas operaciones sumarían una cifra millonaria que aún no se puede precisar.
El hecho comenzó a ser investigado por el juez penal de La Plata Carlos Bruni, a raíz de una denuncia formulada por dos empleadas de la delegación de La Matanza a través de la cual acusaron a sus jefes de haber adulterado planillas de rendición de viáticos.
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