Por Felipe Yapur
 �Está suficientemente acreditado el requisito legal de la �sospecha razonable� de participación del diputado nacional electo Antonio Bussi en golpes de Estado y violaciones masivas a derechos humanos. Por lo tanto, la Comisión (de Peticiones, Poderes y Reglamento) concluye aconsejando a la Cámara de Diputados negar a Bussi su incorporación a la Cámara por manifiesta inhabilidad moral-política e inidoneidad constitucional consecuente.� Así concluye el extenso despacho de la comisión que tiene a su cargo el análisis de las impugnaciones presentadas contra el ex represor al que accedió Página/12. Sus integrantes refrendarán hoy el dictamen y sólo restará que el pleno de la Cámara baja apruebe la recomendación �se especula que será después del feriado de Semana Santa� y así se evitará el acceso del genocida a la banca y a los fueros que tanto necesita para escapar de los requerimientos de la Justicia.
El rechazo parlamentario se basa fundamentalmente en la responsabilidad del genocida en la aplicación del terrorismo de Estado durante la dictadura militar y en su contradicción con el artículo 36 de la Constitución nacional que prohíbe expresamente ocupar de por vida cargos públicos a quienes hayan participado en los golpes de Estado. En el dictamen también se alude, aunque someramente, al enriquecimiento ilícito que tuvo Bussi desde que abandonó Tucumán en 1977 y que quedó demostrado durante el juicio político que se le siguió cuando era gobernador de Tucumán en 1998.
Para justificar que la conducta del diputado impugnado �está comprometida con masivas violaciones a derechos humanos�, los legisladores se basaron en cuatro puntos fundamentales. Por un lado la causa por genocidio que el juez Baltasar Garzón está llevando adelante en España y que tiene a Bussi como uno de los principales involucrados. Este es un dato más que importante, sobre todo si se tiene en cuenta que se rumorea que la semana que viene la Cancillería rechazará el pedido de extradición de 48 militares que envió Garzón, y entre los que se encuentra Bussi.
Por otra parte, utilizan los dichos del mismísimo Bussi expresados en una de sus cartas enviadas a la comisión donde �reconoce expresamente su grado activo de participación en el terrorismo de Estado de la Argentina de 1976 y 1983�. El tercer punto son la constancias que figuran en el informe de Nunca Más y, por último, la causa que el juez Adolfo Bagnasco lleva adelante por el plan sistemático de apropiación de menores que aplicó la dictadura militar.
La referencia superficial que se realizó sobre los dineros sucios del general en la argumentación para rechazar el diploma de Bussi sorprendió a más de un legislador porque sólo se hizo una referencia en el principio del dictamen y no en el desarrollo de los fundamentos. Esto fue discutido ayer por alguno de los miembros de la comisión mientras debatían el contenido del despacho. Es así que varios de los diputados, entre los que se encuentra el tucumano Carlos Courel, piensan expresar su disconformidad durante la sesión plenaria a pesar de que firmarán el dictamen.
Una de las razones por la que no se profundizó el enriquecimiento ilícito puede estar en las posibles consecuencias que traería esa consideración para otros diputados en ejercicio y por los que pudieran ingresar. Tal vez por ello el menemista sanjuanino Guillermo De Sanctis se preocupó por reiterar a cuanto periodista se le cruzaba por los pasillos del anexo de la Cámara de Diputados que el rechazo a Bussi �es un caso de absoluta excepcionalidad�.
El genocida Bussi estuvo al tanto de todo lo que sucedió y desde Tucumán calificó la tarea de Comisión parlamentaria de �patraña� y desconoció su competencia. �A nadie escapa el ingrediente ideológico predominante. Lo que no se logró en los años duros ni en las urnas, ahora se pretende hacerlo violentando la Constitución, la ley y el reglamento interno de la Cámara�, se jactó el ex dictador.
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